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    Uruguay cuestiona “asimilar delincuencia con terrorismo” y rechazó convocar a mecanismo en OEA para combatir el crimen organizado

    Catorce países votaron a favor de recurrir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para tomar acciones contra el crimen transnacional, mientras que Uruguay y Brasil votaron en contra; ese mecanismo “se trata de una excepción al uso de la fuerza en el sistema interamericano”, advirtió representante en la OEA, Edison Lanza

    Uruguay planteó que no está de acuerdo con “asimilar” el concepto “delincuencia” con el de “terrorismo” y por eso rechazó convocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un acuerdo en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), para coordinar acciones de combate al crimen organizado. Pese a la oposición uruguaya, la resolución para citar ese mecanismo, pensado para proteger a los países en caso de conflicto, fue aprobada por amplia mayoría de los países que integran ese acuerdo.

    En sus considerandos, la resolución aprobada dice que “las actividades de los grupos delictivos organizados implicados en el tráfico transnacional de drogas y terrorismo, y sus repercusiones transfronterizas, constituyen una situación que pudiera poner en peligro la paz de América en los términos del artículo 6 del TIAR, y que, por lo tanto, estas actividades ameritan la consulta entre los Estados Parte del TIAR, con miras a examinar la posible imposición de medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada”. Deberán estar esas medidas en línea con “los principios de soberanía, integridad territorial, no intervención y solución pacífica de controversias”.

    El artículo 6 del acuerdo, firmado en 1947, dice que “si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Organo de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.

    Además de constituir el órgano de consulta, se decidió convocar a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores dentro de los 75 días siguientes a la adopción de la resolució para la “consulta y examen de posibles acciones diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada”. La citación al órgano de consulta “no prejuzga las medidas que eventualmente pueda adoptar” en el marco del TIAR.

    La votación final fue 14 a favor (El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Trinidad y Tobago), dos votos en contra (Brasil y Uruguay) y la abstención de Bahamas. Venezuela no votó.

    La posición uruguaya

    La delegación de Chile en la OEA presentó la moción para que se convocara al Órgano de Consulta del TIAR. En la sesión, el representante de de ese país dijo que la amenaza del crimen organizado “no reconoce fronteras” y es un problema que ningún país puede enfrentar por sí solo. Recordó que, como dice la nota presentada, se excluyen las fuerzas armadas y se refiere “solo a posibles acciones diplomáticas, jurídicas o de otro carácter no militar”. Después de la votación, varios países, entre ellos Colombia y Perú subrayaron que la resolución deja fuera de la discusión a las fuerzas armadas.

    El representante de Uruguay, Edison Lanza, dijo en la sesión que Uruguay comparte la preocupación por el avance del crimen organizado y defendió el papel de la OEA para ayudar a los países para combatir ese problema. Destacó que la organización tiene varias instancias en donde se discuten esos temas y que en la región hay otros espacios de cooperación.

    “A la OEA no le faltan marcos ni herramientas jurídicas, políticas o técnicas” de manera “efectiva”, por lo que Uruguay no entiende “necesario” ni que “corresponda” recurrir al TIAR para delincuencia organizada transnacional, dijo Lanza. El TIAR “fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas”. Ese acuerdo “tiene que ver por sobre todas las cosas con la defensa colectiva ante a la amenaza o el uso de la fuerza armada extraregional contra un Estado de la región, se trata de una excepción al uso de la fuerza en el sistema interamericano y, por lo tanto, las interpretaciones sobre su aplicación deben ser sumamente estrictas y para nada ambiguas o vagas”.

    Uruguay “entiende y no minimiza” los impactos que el crimen organizado genera en las Américas, aclaró. “Pero ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo, ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país. La delincuencia organizada y los fenómenos vinculados al terrorismo que amenazan la paz tienen regímenes jurídicos diferentes que nuestros democracias deben respetar, dado que implican garantías derivadas de los derechos humanos”, subrayó Lanza. Recordó que el TIAR no fue diseñado para “problemas de seguridad interna” y de caracter “policial”.

    Los países de la OEA que no son parte del TIAR no podían participar en la votación de la resolución, pero el consejo les habilitó dar su opinión.

    Brasil y México versus Estados Unidos

    El representante de Brasil dijo que su país comparte la preocupación por la “violencia, la corrupción y la infiltración de las organizaciones criminales en América Latina”. Sin embargo, discrepaba con la convocatoria al TIAR porque no es el instrumento adecuado para enfrentar el problema. “Hay que preservar la distinción entre los régimenes aplicables terrorismo, al crimen organizado y a la defensa colectiva”, dijo.“Vínculos entre organizaciones criminales y terroristas precisan ser demostrados. La expresión narcoterrismo (...) no sustituye esa demostración”.

    El TIAR tiene medidas de “gran alcance”, prosiguió el diplomático brasileño, incluyendo la interrupción de las relaciones económicas y de las comunicaciones. Así, “sin disparar un tiro” se puede comprometer actividades económicas y “afectar la vida de poblaciones enteras”. Advirtió que si bien la resolución dice que no habrá uso de fuerzas armadas, también añade que no habrá “prejuzgamiento” de medidas propuestas, por lo que no está claro cuál es el margen de actuación potencial del mecanismo.

    El delegado de México, que abandonó el TIAR décadas atrás, también intervino para expresar su rechazo a la propuesta. Pidió no hacer un vínculo “automático” entre crimen organizado y el terrorismo, dos cuestiones que pueden tener contacto, pero que “cuentan con marcos jurídicos específicos” para su tratamiento. “Rechazamos categóricamente el uso del término narcoterrorismo”, que no tiene una definición clara. Agregó que ese concepto no puede ser la excusa para tomar acciones antiterroristas, cuando es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que define qué grupos entran en la lista de organizaciones terroristas.

    Tras la votación, el delegado de Estados Unidos dijo que el TIAR “probó ser versátil” a lo largo de la historia y un instrumento que puede ser usado para diversos temas, como cuando fue citado para combatir el terrorismo internacional después de los atentados de 2001. Aseguró además que es un “mito” que ese mecanismo solo se puede citar cuando hay un ataque militar. “La resolución de hoy responde a los riesgos que enfrenta la paz” en la región y no debería ser vista como “el preludio a acciones militares en países de la región” ni una intromisión en sus “asuntos internos”.

    La administración de Donald Trump impulsa una estrategia de seguridad en la región que tiene como eje el concepto de “narcoterrorismo”, delito por el que es juzgado el uruguayo Sebastián Marset. Esa nueva política gana adeptos entre los gobiernos de la región y su consolidación es seguida de cerca por la diplomacia uruguaya. Es que Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos han planteado en foros regionales su intención de incluir este tema y conceptos como narcoterrorismo en las resoluciones de la OEA, informó Búsqueda en junio.

    Antecedentes uruguayos

    El TIAR ha sido un mecanismo polémico desde su creación apenas terminada la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de naciente Guerra Fría. Se lo considera una suerte de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la cual fue creada dos años después.

    Uruguay estuvo cerca de abandonarlo. El gobierno de Tabaré Vázquez había iniciado en setiembre de 2019 el proceso de dos años para retirar al país del Tiar. La decisión surgió después de que 16 de los 19 países que lo integran aprobaran una resolución para utilizar el mecanismo en el marco de una crisis en Venezuela y represión del entonces gobierno de Nicolás Maduro

    “Uruguay considera que esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo a la solución pacífica de las controversias y al principio de no intervención, incluyendo la posibilidad de una intervención armada”, declaró entonces el canciller Nin Novoa.

    La llegada de un nuevo gobierno en marzo de 2020, con Luis Lacalle Pou como presidente, provocó cambio de rumbo. Uruguay interrumpió el proceso de salida del TIAR y anunció que seguiría participando en esa instancia como parte de “su compromiso histórico con el sistema interamericano”.