Los capitales que adquirieron tierras en Uruguay provienen principalmente del norte de Europa, con 557.679 hectáreas en 29 transacciones; seguido por Norteamérica con 295.338 hectáreas en 17 operaciones, y Sudamérica con 229.341 hectáreas en 10 negocios, según el trabajo basado en datos de julio de 2014 de Landmatrix, monitor global de operaciones de compra y venta de tierras. El relevamiento realizado por Landmatrix indica que 72 transacciones acaparan 1.125.800 hectáreas en el ca campo uruguayo.
Transnacional y criollo
Esa creciente afluencia de capital transnacional hacia la tierra se remonta a la década de los noventa “con especial protagonismo de las empresas forestales”, que luego serán seguidas por las compañías dedicadas a la agricultura, en particular de soja, según los autores.
Consideran que “el avance del acaparamiento en esos rubros es uno de los principales factores que explica las diferentes dinámicas del mercado de tierras entre departamentos”, en la medida en que los departamentos con mayor área forestada y agriculturizada son los que tienen mayor tasa de transacciones de campos y de compra por parte de personas jurídicas. Se trata de Río Negro, Durazno, Paysandú y Soriano, citan.
Explican que esa forma de “acaparamiento transnacional” incluye “una variante particular que es resultado de la participación de Estados extranjeros en el paquete accionario de empresas privadas”, lo que denominan “acaparamiento indirecto de tierras” por parte de otros Estados, comentan. Mencionan el caso de Montes del Plata, un consorcio conformado por Stora Enso y Arauco, que posee 220.000 hectáreas y que en setiembre inauguró su planta de pulpa de celulosa en Colonia, y de UPM, que a través de la firma Forestal Oriental tiene 230.000 hectáreas y que adquirió la planta de celulosa de Botnia, inaugurada en 2007 en Río Negro.
Stora Enso tiene entre sus accionistas al Estado de Finlandia, que posee el 100% de las acciones del fondo de inversión Solidium, y el 12,3% de las acciones de Stora Enso y el 25,1% de los votos en el Directorio de esa firma, según el trabajo basado en información publicada en el sitio web de la empresa. Agrega que a esa participación se le suman los fondos de pensión y de seguros privados Kela, Varma e Ilmarinen, todos de Finlandia, que poseen el 6,3% de las acciones de la empresa.
Señala que en la misma situación se encuentra la empresa UPM, que tiene entre sus accionistas al gobierno finlandés con el 8,3% de las acciones y al fondo de pensión del Estado de Finlandia The State Pension Fund, que invierte en varios lugares para asegurar la rentabilidad de los aportes de los trabajadores de ese país, además de otros fondos de pensión privados como Ilmarinen, Kela y Varma.
El fondo Temasek del Estado de Singapur tiene el 58,5% de las acciones de la compañía Olam, que es propietaria de NZFSU y posee 28.478 hectáreas en Uruguay, según datos publicados en el sitio web de la empresa.
De los casos en que existe participación de Estados extranjeros en las empresas propietarias de campos en Uruguay, Olam es el único en que la porción estatal tiene mayoría accionaria.
Para los autores del trabajo, en esas firmas “la lógica de la inversión estatal no difiere en nada de la típica de capital: maximizar su valorización con el menor riesgo posible”.
Consideran que la posibilidad de que esos fondos de pensión estatales “logren ganancias extraordinarias en Uruguay está amplificada por el trato diferencial que recibieron las inversiones” ligadas al complejo forestal, tanto por las exoneraciones fiscales y subsidios a las plantas de bosques artificiales previstas en la ley forestal de 1987, como por el otorgamiento de zonas francas para la instalación de las plantas de celulosa de ambas empresas.
Otra de las empresas que controlan más área agropecuaria es UAG, fundada en Uruguay y que canaliza fondos de inversión y pensión de Canadá, Estados Unidos y Francia, según el informe. Entre los principales inversores de esa compañía figuran Wellington Management Company, LLP; Columbia Wanger Asset Management, LP; Sprott Resource Corp; Agrivent y el FCPR Ice Opportunity, detallan. Esta firma posee actualmente 150.000 hectáreas propias y unas 30.000 arrendadas, indicaron a Campo fuentes vinculadas a UAG.
Para los autores, “la alta concentración de la propiedad de la tierra en Uruguay responde en primer lugar a las características de la producción ganadera”, que ocupa la mayor parte de la superficie agropecuaria con algo más de 10 millones de hectáreas.
En otro capítulo del trabajo analizan “la concentración típica de la ganadería”, en la que los empresarios tendieron “a crecer a partir de la inversión en más campos y no por la incorporación de tecnología”. Eso “se agudizó en los últimos 40 años, producto de los procesos de diferenciación social y centralización de la tierra que operaron en otros rubros agropecuarios tradicionales, como la lechería y la agricultura, y en los sectores emergentes de la década de los años setenta en adelante, como el arroz, la citricultura y la lechería, en su segunda expansión, en el marco de procesos de apertura económica y liberalización”, indican.
Y explican que “las dimensiones precisas de esa forma de acaparamiento son difíciles de cuantificar por la falta de información que permita delimitar con precisión quiénes son los terratenientes locales”.
El acaparamiento “tradicional”, definido como la tenencia de más de 2.500 hectáreas, acumula cerca de 3,8 millones de hectáreas, indican basándose en datos del censo agropecuario de 2011.
Entre algunas de las particularidades del fenómeno de acaparamiento de tierras en Uruguay, los autores del trabajo consideran que “la diferencia sustancial está en que no ha provocado una tendencia general a desplazamiento con exclusión de la pequeña producción familiar, sino un proceso de reinserción en la estructura agraria de sujetos que antes se ubicaban como productores directos”. “No es un desplazamiento forzado de los usuarios y propietarios de tierra, sino que estos en muchos casos abandonan voluntariamente el campo con la venta o el arrendamiento, lo que los convierte en socios rentistas de los capitales”, señalan.
Entre otras conclusiones, los autores afirman que “se evidenció la existencia de diversos procesos de acaparamiento de tierras o land grabbing, a partir de una definición que no se restringe a la presencia de Estados extranjeros como propietarios de tierra”.
Ese “acaparamiento se produce de dos formas: el transnacional, ligado a la mundialización de capital y en particular a su fracción especulativa, que encuentra como particularidad la participación de Estados foráneos en el paquete accionario de las empresas forestales UPM y Montes del Plata, y el tradicional o criollo, que responde a las características históricas de la estructura agraria uruguaya, caracterizada por una intensa concentración fundiaria”, analizan.
La prohibición a extranjeros y su efecto disuasivo
El 24 de setiembre, el gobierno promulgó la ley 19.283, que prohíbe la compra y tenencia de tierras por parte de empresas de Estados extranjeros y “declara de interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y en particular a la tierra”.
Tras una serie de discusiones y cambios realizados en la Cámara de Diputados respecto a la potestad del gobierno de establecer excepciones al cumplimiento de esa ley y considerando la existencia de grandes inversiones de empresas forestales que entre sus accionistas tienen fondos del Estado finlandés, el Senado aprobó el proyecto que contempla estos asuntos.
“El Poder Ejecutivo podrá autorizar que entidades propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos de los mismos mantengan una participación minoritaria y no controlante en sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones con capital accionario representado por acciones al portador, que deseen ejercer la titularidad de inmuebles rurales o realizar explotaciones agropecuarias”, indica el texto aprobado.
Consultado por Campo el integrante del Partido Socialista y ex director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Martín Buxedas, destacó “la exigencia adicional incluida en esa norma” respecto a que “el inversor sea una empresa que tenga una participación minoritaria de un Estado extranjero”. “Si esa participación fuera a crecer requerirá una autorización” del gobierno, advirtió.
Consideró que “lo más importante es el efecto disuasivo” de esta norma en cuanto al interés de un Estado foráneo de adquirir campos en el agro local.
Más allá de las normas legales aprobadas en los últimos años que tendieron a contrarrestar la concentración de la propiedad de inmuebles rurales, Buxedas dijo que el mercado de tierras en Uruguay se achicó, porque no hay ofertas, en comparación con lo que sucedió unos años atrás.
Mencionó a modo de ejemplo el período del 2002 al 2006, cuando se vendieron 3,5 millones de hectáreas a un precio promedio de U$S 500.
Y planteó algunas interrogantes con relación a este tema. ¿Por qué en Chile o en Estados Unidos no se extranjerizó la tierra? En esos países “existen limitaciones pero no son suficientes para impedir un fenómeno de ese tipo”, comentó.
A su parecer, la diferencia entre la realidad de esas naciones y lo que pasó en Uruguay es que las tierras en Chile y Estados Unidos “estaban con un alto nivel de productividad y los productores no querían vender su campo”, mientras que “en Uruguay se conjugaron varios factores” que favorecieron la oferta de inmuebles rurales, “las tierras estaban sub explotadas y había productores que necesitaban pagar sus deudas”, tras la crisis financiera de 2002.