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La Comisión de Promoción del Mercado de Valores, reactivada hace pocos meses, trabaja sobre una agenda amplia. Entre los aspectos que se propone mejorar está la simplificación del proceso de emisión de títulos, de lo que cada tanto se escuchan quejas. Algunos agentes lo consideran desgastante y no falta el que diga que terminó yendo a un banco a pedir prestado —con más costo y menos plazo de repago— en lugar de recurrir al financiamiento por medio de las bolsas locales.
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Cada vez que se inicia un trámite para inscribir una emisión en el mercado bursátil, comienza un período de intercambio de documentación que pocas veces se soluciona en un tiempo acotado. El solicitante recibe del Banco Central (BCU) —el regulador— una tabla con el tiempo estimado, en la que ya se advierte la demora.
“No son plazos cortos. El impacto que puede tener hacer una autorización o inscripción de un mal agente realmente es un error que no nos podemos permitir”, explicó la jefa del Departamento de Autorización del BCU, Patricia Tudisco, en un evento de CFA Society Uruguay el 30 de setiembre.
El tiempo de demora la autorización de una emisión es una críticas frecuentes desde el mercado.
“Son demasiados formalistas y eso lleva a que los tiempos que involucran sean un poco excesivos”, dijo a Búsqueda el director de Banca y Finanzas de Ferrere Abogados, Diego Rodríguez. Su principal cuestionamiento es a las exigencias para los prospectos de emisión, extensos documentos que son “un monstruo que nadie mira”, en los que es difícil encontrar “información útil” y son “imposible” de entender. Además, deben estar firmados, una exigencia que según Rodríguez existe en “pocos países”. También se solicitan los contratos de fideicomisos —para estos instrumentos— y balances. “Lo que terminás generando son documentos muy pesados”; el “gran debe” del BCU es lograr que los documentos sean “amigables”, opinó.
Rodríguez dijo que la autorización de una obligación negociable “sencilla” requiere de tres a cuatro meses. Una estructura “más compleja”, como un fideicomiso financiero, puede llevar hasta un año.
Tudisco aseguró que la normativa en la que se basan para las autorizaciones “es exigente” y “está ajustada a una cantidad de estándares” para dar garantías. El lapso que les lleva es por el “análisis” que implica, dijo, pero reconoció que hay mucho “tiempo perdido” en documentaciones “incompletas” que reciben o en algunos que no “contemplan los requerimientos mínimos”. También obedece al tiempo de respuesta de los solicitantes o los errores que estos tienen cuando se les pide una rectificación. “Hemos remitido cartas siete, ocho y hasta nueves veces para poder llevar la solicitud a lo esperado”, contó la funcionaria del BCU, e informó que el 30% de tiempo de una autorización lo insumen las “demoras en respuestas por parte de los solicitantes”.
Desarrollar “documentación tipo para facilitar trámites”, como las emisiones simplificadas, es una de las formas con las que se busca acortar los plazos, indicó.
Según dijo, en el equipo de autorizaciones del BCU trabajan 12 personas y cada una tiene 40 trámites entre manos, en promedio.
Otra visión
Hace 12 años que Conaprole emite obligaciones negociables; bajo el programa como Conahorro lo hace cada trimestre. La visión de la empresa sobre la tramitación ante el BCU es distinta a la que comentan, en general, otros emisores privados.
“Sé que hay varios emisores que se quejan de los tiempos y de comentarios del BCU. Nunca ha sido nuestro caso”, dijo a Búsqueda el gerente de Finanzas de la cooperativa, José Luis Rial. Las emisiones de Conaprole tienen el mismo formato, lo que “facilita” el trámite de cada serie. En general, la autorización la reciben entre 20 y 30 días después de la solicitud.
Sin embargo, para otro tipo de papeles la experiencia fue diferente. Con el propósito de darle fondeo a tamberos se armó un fideicomiso por hasta US$ 450 millones, que fue autorizado a fines de agosto. El fideicomiso Establecimientos Lecheros está previsto que emita este mes su primera serie —por hasta US$ 127,5 millones—, pero restan algunos papeleos, como la firma de productores en algunos contratos.
En el trámite de autorización ante el regulador “demoró un poco más” porque la estructura era compleja, aceptó Rial.
En el caso de Conaprole, comentó que las sugerencias que solicita el BCU en general “llevan tiempo” porque requieren ser tratadas en las asambleas de cooperativistas o instancias similares.
A todo esto, el jueves 7 se colocó el fideicomiso Tierras del Litoral II; fueron US$ 100 millones de títulos por la Bolsa Electrónica.
