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Algunos requisitos más se están incorporando para los intermediarios de valores y asesores de inversiones del mercado bursátil local: tener un código de buenas prácticas, un funcionario y un procedimiento dedicados a la atención de reclamos, y firmar contratos que “delimiten en forma clara las responsabilidades asumidas por las partes” con sus clientes.
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Eso establece una circular del Banco Central (BCU) emitida el viernes 7.
Las nuevas disposiciones apuntan a la protección de los usuarios de los servicios financieros. Se suman a otras medidas adoptadas en los últimos años por ese organismo con el fin de profesionalizar y mejorar los controles de los corredores de bolsa y otros asesores de inversión de la plaza.
El código de buenas prácticas deberá estipular “principios y valores generales que rigen las actuaciones” de los intermediarios en el mercado de valores. El documento —que por disposición transitoria entrará en vigor a mediados de agosto— deberá estar accesible a los clientes en las instituciones así como en Internet.
La circular reglamenta además la interposición de reclamos, que deberán efectuarse en forma escrita y ser contestados —también por escrito— en no más de 15 días corridos.
Los servicios deberán estar precedidos por la celebración de un contrato redactado en “lenguaje claro” que delimite responsabilidades. Las instituciones tendrán hasta febrero de 2015 para adecuarse a este requisito, según la norma.
La circular estipula que los clientes deben recibir información “clara, suficiente, veraz y oportuna acerca de las características y riesgos” de sus inversiones. Allí deberán especificarse costos de las operaciones, incluir comprobantes y prospectos de emisión, entre otros documentos.
En febrero se operaron casi U$S 2.530 millones en activos bursátiles considerando las nuevas emisiones (mercado primario) y las transacciones con títulos ya en circulación (secundario), de acuerdo con datos del BCU.
Más costos.
Los costos de los escritorios de corredores de bolsa se están viendo presionados por otros requisitos. Los controles de lavado de activos obligaron a algunas de esas empresas de asesoramiento bursátil a aumentar su personal y otros a apartar staff para que se dedique solamente a esas tareas.
Si bien los operadores consultados por Búsqueda concuerdan con la necesidad de llevar estos registros, algunos opinan que al final se les exige “lo mismo que a los bancos” sin tener en cuenta que su infraestructura es menor.
La ley Nº 17.835 establece que “todas las personas físicas o jurídicas” bajo el control del BCU “estarán obligadas a informar las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”. Esto ha sido reglamentado a través de varias circulares bancocentralistas.
Así, los escritorios deben desde tener que preguntar la procedencia de los fondos, hasta chequear la vigencia de los documentos de identidad de sus clientes, o cruzar sus nombres con listas de terroristas y de personas políticamente expuestas. También deben configurar listas de clientes divididos por riesgo y establecer límites operativos para cada uno.
“Tenemos la misma regulación que un banco y hay que considerar la diferencia de escala. Tenemos que tener un manual de prevención de lavado, con el detalle de todos los procedimientos adentro”, explicó un corredor. “Un banco es otro tipo de entidad financiera, mucho más grande, que puede asumir determinados costos. En los escritorios los costos en cuanto a lavado de dinero están siendo brutales. Hay algunos que, con suerte, están empatando”, agregó.
Tiempo atrás la directiva de la Bolsa de Valores de Montevideo realizó una reunión entre los corredores para recordarles cumplir con toda la normativa del BCU tendiente a evitar el lavado de dinero. La entidad bursátil emprende un proceso de transformación hacia sociedad anónima y sus autoridades entienden que este es un paso importante en dicho camino.
“A partir de que el BCU incorporó a la bolsa como un actor a la par de los bancos, les ha exigido igualdad de obligaciones a igualdad de tarea. Es un proceso que se inició en 2003, se fue perfeccionando y no tiene fin. Siempre van apareciendo cosas nuevas por parte de los organismos de contralor y los organismos internacionales”, explicó el corredor Eduardo Comas.
“Estoy de acuerdo con que Uruguay se adapte a las normas internacionales porque es un deber recibir dinero sano. No estoy de acuerdo en que todo recaiga en los costos de los operadores, siendo nosotros un instrumento efectivo que le damos nombre al país, jerarquizamos la confianza en el país y hacemos todo tipo de controles. Y el Estado no ha hecho más que tirarnos con costos”, agregó.
En el estudio Gastón Bengoechea, de un total de 20 trabajadores, dos están dedicados al control del lavado de dinero.
“Tenemos la misma regulación que los bancos. Tenemos que ajustarnos a la misma normativa. Y elaboramos los mismos reportes”, señaló Diego Rodríguez, de ese escritorio de bolsa. Estimó que la circular más reciente en esta materia no implicará problemas para su escritorio.
“Reconozco que algunos corredores o algunas casas de bolsa han tenido que contratar más personal para cumplirlo, pero en nuestro caso ya lo teníamos”, agregó.
En Rospide Sociedad de Bolsa se contrató a una persona para hacer controles. “Evidentemente que hubo una suba de costos, pero también hay que adaptarse a la realidad mundial. Quejarnos no sirve de nada, hay que cumplir con las normas”, afirmó el corredor Luis Rospide.