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Algunas son sociedades anónimas y otras cooperativas o asociaciones civiles. Unas tienen un volumen de negocios similar al de los bancos de poco porte y están las relativamente chicas, varias enfocadas en el público de ciudades del interior. También son diferentes los riesgos de mercado que asumen estas financieras del consumo. Si bien la regulación ya considera ciertas particularidades dentro del sector, el Banco Central (BCU) entiende que debe afinarla aun más para mejorar la supervisión.
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Las empresas administradoras de crédito otorgan financiamiento a través de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades similares. También entran en esta categoría las cooperativas de consumo, asociaciones civiles y otras personas jurídicas con giro no financiero que emiten en forma habitual y profesional órdenes de compra.
Con propósitos regulatorios, el BCU las divide en grupos según su volumen de negocios. Entre las más grandes están las que superan en activos más contingencias el equivalente a 200.000 Unidades Reajustables-UR (unos US$ 5,7 millones actualmente) al cierre del ejercicio económico; en esta categoría están por ejemplo OCA, Créditos Directos, Anda (Asociación Nacional de Afiliados), Fucac (Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito), Pronto! (Bautzen S.A.), Cooperativa ACAC, Crédito Naranja (Promotora de Créditos S.A.) y República Microfinanzas. A fin de marzo estas financieras tenían préstamos concedidos por $ 30.814 millones —unos US$ 717 millones—, lo que significó una baja de 2% respecto a febrero, tras haber crecido en los meses previos.
Con menos de 100.000 UR en activos más contingencias figuran en el registro financieras como Nativa (Adialir S.A., Credifast, Créditos del Litoral, Crediyí, Pago Después (Floder S.A.), Impulsa (Zamil S.A.), varias del interior del país.
Si bien el foco de la supervisión aplicada sobre unas y otras ya presenta diferencias en la actualidad, el BCU tiene planeado introducir cambios normativos. En estos meses prevé modificar la categorización de las empresas administradoras de crédito y de la normativa aplicable a cada categoría. El propósito será “contemplar las características diferenciales del sector teniendo en cuenta el alto grado de diversidad en cuanto al volumen de activos y riesgos involucrados”, explicó en su Plan de Regulación 2020 divulgado el viernes 8.
Cambios normativos
El plan de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, comunicado en marzo a las instituciones bajo su vigilancia, prevé otros cambios regulatorios que irá introduciendo en el transcurso del año.
Uno de los proyectos creará un registro de los puntos de atención al público de las instituciones financieras supervisadas, que será difundido a través del sitio web del BCU.
El regulador también prevé disposiciones para automatizar el registro de información sobre las tercerizaciones contratadas por las instituciones supervisadas.
Otra regulación buscará fortalecer la normativa vinculada a la protección de clientes con discapacidad y facilitar la operativa de usuarios con dificultades visuales en materia de cajeros automáticos, buzoneras y otros dispositivos afines.
Para julio-setiembre el BCU planea emitir una norma para adaptarse a la Ley Integral Antiterrorismo. Además, por esos meses pondrá en consulta pública una revisión regulatoria que ajustará “el detalle de las actividades y los umbrales, distinguiendo los clientes sujetos a regulación y supervisión de aquellos que no lo están” en cuanto a la prevención del lavado de activos para cuentas que manejan fondos de terceros.
También para los bancos, el BCU prevé aprobar cambios respecto a las exigencias de “colchón de capital contracíclico”, en camino de ir hacia un acercamiento progresivo al estándar de Basilea III.
