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    El Consejo de Ministros quedó dividido al discutir el proceso para destituir a Rousseff

    El primer paso dado en el Congreso de Brasil para habilitar un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff dividió al Consejo de Ministros uruguayo, que no llegó a un pronunciamiento de consenso, dijeron a Búsqueda varias fuentes oficiales.

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    El tema fue planteado en la reunión del lunes 18 por la titular de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Señaló que el gobierno debía “condenar” la decisión de la Cámara de Diputados de Brasil de darle trámite al impeachment por entender que se trata de un “golpe de Estado”, contó un informante. “En estas cosas hay que pronunciarse de forma clara”, dijo la jerarca, quien fue apoyada por Ernesto Murro (Trabajo) y Eduardo Bonomi (Interior). Los tres insistieron en emitir una declaración condenando la decisión de los diputados brasileños, según las fuentes.

    Pero el ministro Danilo Astori (Economía) se opuso de entrada y el canciller, Rodolfo Nin Novoa, lo acompañó. Ambos sostuvieron que no es un escenario adecuado para un pronunciamiento de ese tipo y que bastaba con la declaración que el Frente Amplio estaba preparando ese mismo día.

    Astori argumentó que, más allá de no estar de acuerdo con lo que definió la Cámara de Diputados de Brasil, todo se enmarca dentro de “la legalidad”, detallaron. “Siguieron los plazos legales. Y pronunciarse en contra de eso es no respetar el principio de no intervención de otros Estados, algo que históricamente Uruguay ha respetado”, alegó, relataron participantes de la reunión consultados.

    El ministro de Economía agregó que la situación en Brasil es “muy incierta” y que es importante mantener buenas relaciones bilaterales de cara al futuro. 

    Todos los informantes destacaron que el intercambio fue sincero y profundo. “Como debe ser”, sin “enojos”, porque así lo pidió tiempo atrás el presidente Tabaré Vázquez, apuntó uno. Según las fuentes, el mandatario escuchó atentamente la discusión pero no se pronunció sobre el tema. 

    Paralelamente, algunos legisladores del Frente Amplio plantearon la necesidad de solicitar la aplicación de la cláusula democrática para suspender a Brasil como miembro del Mercosur. Dos fuentes cercanas a Vázquez dijeron a Búsqueda que el planteo fue descartado por el jefe de Estado, quien entiende que la situación es diferente a la que vivió Paraguay años atrás. 

    Uruguay tiene hasta el próximo fin de semana la presidencia transitoria del Mercosur y también la de la Unión de Naciones del Sur.

    Ayer miércoles el gobierno uruguayo indicó en un comunicado, que sigue con “preocupación” los sucesos ocurridos en Brasil que “han afectado la estabilidad política” de ese país, “a la vez que pueden determinar una eventual suspensión en el ejercicio de la Presidencia” a Rousseff, quien fue “legítima y democráticamente elegida por el pueblo brasileño a través del ejercicio del voto”. Expresó además, su “confianza” en que este proceso político se desarrolle “en el marco de la Constitución y de los valores democráticos que la inspiran y con la correcta utilización de esas herramientas”.

    Interna frentista.

    La votación del impeachment en la Cámara Baja brasileña —que da paso a su consideración en el Senado, en una sesión programada en principio para el 12 de mayo— generó distintas reacciones en el Frente Amplio. No todos los sectores están de acuerdo en afirmar que se está frente a un “golpe de Estado”. Ese concepto fue utilizado por el Secretariado Ejecutivo de la coalición gobernante: “El instrumento de juicio político (impeachment) sin fundamento jurídico que lo sustente es, en los hechos, un golpe parlamentario”, señaló en una declaración. Agregó que el objetivo de “sacar” a la presidenta del cargo es impulsado por la “derecha”, entre ellos la Red O Globo, la Federación de Industrias de San Pablo y sectores del Poder Judicial.

    Pero por fuera de esta declaración, varios sectores del oficialismo emitieron sus propios pronunciamientos.

    El Movimiento de Participación Popular (MPP) habló de un “golpe de Estado parlamentario”, lo mismo que el Partido Comunista y Casa Grande.

    El Partido Socialista se solidarizó con Rousseff y el Partido de los Trabajadores brasileño.

    Se llegó a plantear que las bancadas de diputados y senadores del oficialismo dieran su visión, pero no hubo consenso entre todos los sectores para denunciar la situación como un “golpe de Estado”. Los integrantes del Frente Líber Seregni —la agrupación que lidera Astori— fueron quienes estuvieron en contra.

    Consultado por Búsqueda, el ex presidente y actual senador José Mujica dijo que se siente “muy preocupado” por lo que ocurre en Brasil y advirtió que, aunque “del punto de vista estrictamente legal puede parecer correcto, el problema es que pasan por arriba de una decisión que tomó la gente en su momento”.

    De todas formas, opinó que la situación hay que analizarla teniendo en cuenta que “hay corrupción en todos los partidos políticos de Brasil”. Ya hay “cerca de 100 acusados de todos los partidos y eso ha producido mucha desmoralización en la gente”, afirmó Mujica. (Más información en páginas 4 y 5).