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El Ejército está dispuesto a colaborar en la seguridad pública en “situaciones excepcionales” durante un período corto y bajo determinadas condiciones, dijeron Búsqueda altas fuentes militares.
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Los informantes indicaron que el mando de la fuerza considera que para actuar en ese tema se necesitan tres condiciones: un marco jurídico adecuado, que la participación del Ejército se realice con los medios materiales propios y que además no sea a la orden del Ministerio del Interior.
La posible participación de los militares en tareas de seguridad pública fue planteada esta semana por el senador Jorge Larrañaga como consecuencia del aumento de los delitos violentos. Su idea, sin embargo, no contó con el apoyo de otros sectores del Partido Nacional y fue rechazada por el gobierno.
Salvo en la vigilancia perimetral de las cárceles, que tiene una legislación especial, los militares no están amparados desde el punto de vista jurídico para intervenir en seguridad interna, aunque cumplen tareas de apoyo en dos puestos sanitarios (Artigas y Rocha) y son convocados de forma habitual para tareas específicas como el manejo de explosivos a cargo del grupo K-9.
Por otra parte, la Armada y la Fuerza Aérea desarrollan actividades de control con respaldo jurídico en costas y terminales, mientras el Ejercito, a cargo de la frontera, reclama desde hace tiempo una ley al respecto.
La última intervención militar de disuasión se produjo el 15 de abril de 2016 en Dolores (Soriano) cuando se ordenó al Ejército el patrullaje de la ciudad.
Ese día, vientos que llegaron a 300 kilómetros por hora y duraron apenas tres minutos produjeron importantes daños que llevaron a las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias y del Comité de Emergencia Departamental a solicitar al Poder Ejecutivo la convocatoria a los militares en previsión de saqueos.
Antes del anochecer del día del tornado, dos secciones de infantería se trasladaron desde Mercedes a Dolores (39 km) y comenzaron los patrullajes con jeeps artillados a los que luego se sumó un escuadrón de la Guardia Republicana que llegó desde Montevideo en la madrugada.
Aunque los militares permanecieron en la ciudad durante nueve meses y llegaron a cocinar hasta para 500 personas, la intervención de las dos primeras noches, realizada sin respaldo jurídico, fue la más importante y no tuvo incidentes.
En el caso de la frontera seca con Brasil, el senador Pablo Mieres propuso ampliar a una franja de 10 kilómetros la ley que otorga facultades a los militares para el cuidado del cerco perimetral de las cárceles.
Otra posibilidad que manejan las autoridades castrenses, según los informantes, es introducir esta normativa en la nueva ley orgánica militar que está siendo elaborada por un equipo de expertos del Ministerio de Defensa.
