El Estado de derecho en Uruguay

Mi punto es que los ciudadanos no gozamos de plenas garantías frente al sistema penal estatal y que no contamos con un órgano de protección de nuestros derechos ciudadanos (con la posible excepción de la materia contencioso-administrativa). El Parlamento, que es el poder del Estado que nos representa cívicamente, incluso ha llegado a sancionar leyes que solo servían de un modo simbólico a la resolución del problema, por lo que Uruguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Barbani y otros vs. Uruguay). Los ciudadanos no nos vemos amparados por el Poder Legislativo (constantemente omiso en materia penal en el resguardo de las garantías de autores y de víctimas), el Poder Ejecutivo controla a la Policía (amo y señor de la investigación penal y la recolección de pruebas) y a los fiscales (que pueden incluso usar la “selectividad” a su antojo mediante el sobreseimiento en un sistema que ni siquiera admite el principio de oportunidad para los delitos leves) y el Poder Judicial (independiente de los otros poderes del Estado), en lugar de operar como el guardián de las garantías, coadyuva con el Poder Ejecutivo en las tareas de investigación y nos condena, estadísticamente sin importar la gravedad del delito, a penas de prisión (la mayoría de las veces violando el principio constitucional de inocencia al momento de inicio del juicio penal).

Un ejemplo relacionado con el derecho penal es la sentencia 505 de 30.10.2013 en la que exonera al Estado de su posición de garante en relación a las personas privadas de libertad que son víctimas de delitos contra la vida y la integridad física al interno de los establecimientos carcelarios. El Estado se exonera de responsabilidad cumpliendo con las rondas habituales, pero no responde si coloca en la misma celda a un preso con otro que lo ha delatado en ese caso penal, incluso si el homicida anuncia que matará a su compañero de celda. Lo que aquí se determina exonerando de responsabilidad al Estado y desprotegiendo a las víctimas es de mayor gravedad en un sistema penal enfermo de prisión preventiva como regla (para la reincidencia) y basado en la pena de cárcel, pero además, es grave e inoportuno porque existe un clamor popular de rebajar aún más la edad en la que las personas pueden ser enviadas a un sistema en el que peligran sus derechos humanos más básicos. Y todo esto se determina en base a normas nacionales, porque la opinión mayoritaria de la SCJ evidencia un preocupante desconocimiento de los tratados internacionales suscritos por Uruguay en materia de derechos humanos y responsabilidad del Estado (activa y omisiva). El mejor ejemplo de ignorancia consciente en materia de derecho internacional es la Sentencia 20 de 22.02.2013 en relación a la constitucionalidad de la Ley 18.831 (mis comentarios en http://www.asuntosdelsur.org/uruguay-sentencia-scj-inconstitucional-ley-18831/). La situación se agrava todavía más porque del análisis de las sentencias judiciales nos encontramos que los argumentos formalistas (muchas veces circulares, porque la SCJ se remite a su propia jurisprudencia, discutible, por cierto, para no ingresar “al fondo del asunto” en un sistema jurídico como el nuestro en el que el precedente judicial es un elemento de mera orientación) impiden a los “jueces” ingresar en los problemas materiales, que son los que importan a quien acude a la justicia. Para decirlo en otras palabras, en muchos casos nuestros jueces se valen de los argumentos formales para no decidir sobre lo que realmente importa a quienes tienen un derecho reconocido internacionalmente de acceso a la justicia.

El panorama es muy preocupante, ya no solo para quienes ejerciendo un cargo puedan llegar a “abusar de su función” o para los ciudadanos que contradigan (aun con razón) a un funcionario y cometan un “desacato”, sino para quienes cometan meras infracciones administrativas o contra el orden público por las que pueden ser condenados en única instancia a una pena de trabajo comunitario que de no ser cumplida, también se convertirá en cárcel. La reciente sentencia 65 de la SCJ de 17.03.2014 (otra vez con votos discordes) defiende la constitucionalidad de un sistema que puede enviar a prisión sin posibilidad de revisión de la sentencia de un único juez. Utilizando argumentos de oportunidad política dice la SCJ: “…el establecimiento de la instancia única resulta en cierta forma respuesta a la demanda de la sociedad de que estas contravenciones se atiendan con celeridad y eficacia”.

La SCJ por un lado justifica la instancia única en materia penal debido a la “poca gravedad” de la conducta, pero avala que ante el incumplimiento de la pena la persona pueda terminar privada de libertad. La falta de garantías es cada vez más evidente y el Estado de derecho uruguayo es incapaz de promulgar una ley procesal penal democrática que sea funcional a los individuos. Esto explica por qué normas de neto corte fascista como el “abuso de funciones” y el “desacato” son consideradas lícitas en el Uruguay, o por qué el Estado no es garante de los derechos humanos más elementales de las personas privadas de libertad, o por qué se admite en la materia penal ya no solo un “juez único” que investiga, procesa y condena, sino también la aberración que la pena impuesta para delitos de poca gravedad (faltas) pueda derivar en privación de libertad sin que esa decisión sea revisada por un juez superior. Y todo ello cuando todas estas cuestiones que en Uruguay son admitidas y aplicadas han sido declaradas contrarias a los derechos humanos a nivel internacional.

Este solo hecho de menosprecio a los tratados internacionales no puede ser justificado como una defensa de la “soberanía nacional” sino que tiene que ser interpretado como una constante política de Estado que pone a una “entelequia” por encima de los seres de carne y hueso.

Pablo Galain Palermo