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En línea con la política oficial de “salvaguardar la soberanía del país, desestimular la concentración y extranjerización de campos y dar respuesta a la demanda de tierras” por productores y asalariados rurales, el Instituto Nacional de Colonización (INC) decidió expropiar un campo de 400 hectáreas, que es lindero a la Laguna Merín, en el departamento de Cerro Largo, y comprar otro predio de 2.890 hectáreas sobre el río Cuareim, en Artigas. En ambos casos los propietarios eran ciudadanos brasileños.
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Así lo señaló a Búsqueda el titular de ese ente estatal, Andrés Berterreche, quien informó al presidente José Mujica de esas y otras medidas recientes adoptadas por Colonización, durante una reunión que mantuvieron el lunes 17 en la Torre Ejecutiva.
El jefe de Estado declaró a Búsqueda que “no está planteado comprar terrenos en toda la franja fronteriza como una política global”. Se trata de “oportunidades (de negocios) a precios razonables por tierras buenas y regables dentro de una política selectiva” del INC, dijo.
En el mismo sentido, Berterreche afirmó que el campo en Cerro Largo es “un predio ejemplo” de acuerdo a lo que estableció el directorio del INC en su plan estratégico para el período 2010 a 2014, ya que “está en la frontera y cuenta con abundante agua”, entre otras características. A su vez, se encuentra próximo a la Laguna Merín, que fue declarada reserva mundial de agua dulce por la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
La idea de “fortalecer la adquisición de tierras en la frontera norte del país, a través de expropiaciones o compras directas” figura entre los “lineamientos tácticos” de ese plan estratégico.
Las resoluciones de expropiación de tierras y sus fundamentos deben ser comunicados por el INC al Poder Ejecutivo que, si no observa la medida dentro de los 20 días de la fecha de la comunicación, entonces la deja firme y Colonización puede continuar los procedimientos, según la ley 11.029.
Esa misma norma legal establece que la facultad de expropiar tierras para destinarlas a la colonización sólo podrá ser ejercida por el Estado.
La Constitución Nacional en su artículo 32 establece que “cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda”.
Berterreche resaltó la necesidad de dar respuesta a la demanda de tierras por parte de productores agropecuarios y trabajadores rurales. Para ello ese ente estatal lleva un registro de aspirantes a colonos, que solicitan acceder a campos para explotar en diversas actividades agropecuarias y una vez que reciben las fracciones pagan una renta por su usufructo.
La prioridad son los productores familiares de mayor fragilidad social y productiva, y se valora la organización de estos en el territorio, según el plan del INC.
Los registros de Colonización indican que en el país existen 190 colonias conformadas sobre una superficie de 509.000 hectáreas, de las cuales la mitad son arrendadas a los productores y el resto corresponde a colonos propietarios, entre otros tipos de tenencia de campos.
En Artigas.
En cuanto al campo adquirido en Artigas por Colonización, Berterreche explicó que servirá de apoyo al programa sucroalcoholero del gobierno, que lleva adelante la empresa estatal Alcoholes del Uruguay en Bella Unión, mediante la producción de azúcar y etanol, en base a caña de azúcar y sorgo dulce.
Correspondía informar al presidente Mujica de la adquisición de ese predio, ya que requerirá una inversión significativa de U$S 10 millones, dijo Berterreche. Considerando que la superficie total del campo integrado por seis padrones rurales es de 2.890 hectáreas, eso da un precio de U$S 3.460 por hectárea.
Para financiar esa compra, Colonización recurrirá a los fondos recaudados por el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (Icir), creado a fines de 2011 por la ley 18.876. Además de fijar un gravamen a los predios mayores a 2.000 hectáreas con un índice Coneat 100 (productividad media) o su equivalente, esa norma legal estableció modificaciones en el cálculo del impuesto a la renta por la enajenación de inmuebles rurales para los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas.
Dispone que los recursos obtenidos por ese concepto serán destinados al INC. Basándose en datos de la Dirección Impositiva, el titular de Colonización dijo que de enero a julio se llevan recaudados U$S 8 millones, según publicó “El Observador” el sábado 22.
La compra del inmueble rural ubicado en Artigas se realizó a partir de la opción preferencial que tiene Colonización en el mercado de tierras. La ley 11.029, que creó ese instituto, establece que antes de vender un campo con una extensión igual o superior a 500 hectáreas con un índice Coneat 100 (productividad media), todo propietario está obligado a ofrecerlo en primer término a Colonización, que tendrá la preferencia en la compra por igual valor y plazo de pago.
Operadores agrícolas dijeron a Búsqueda que una compañía conformada por fondos europeos, que cuenta con miles de hectáreas en Uruguay destinadas a la producción agropecuaria, pretendió concretar la adquisición de ese predio. Pero la decisión del INC frustró el negocio.
La frontera.
En 2009, durante la administración del presidente Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que creaba una franja fronteriza de 20 quilómetros en la que prohibía a los ciudadanos extranjeros ser propietarios de tierras, basándose en conceptos de soberanía y seguridad del país. Pero esa iniciativa no prosperó.
Este tema fue abordado en 2011 por el Estado Mayor de la Defensa, que en su función de organismo asesor en asuntos de defensa nacional envió al Poder Ejecutivo un informe al respecto (ver Búsqueda N° 1.618).
En ese documento advirtió que la enajenación de tierras a extranjeros tiene relación directa con la pérdida de soberanía y con el deterioro de las posibilidades que tiene el Estado uruguayo de controlar su territorio en un contexto internacional donde la hipótesis más firme es que los conflictos armados futuros estén vinculados a las disputas por los recursos naturales.
