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El Frente Amplio excluye de sus filas al edil procesado por estafa
El representante departamental Walter de los Santos cobra una jubilación por “imposibilidad física” y debe millones de pesos a la Intendencia de Montevideo
El Frente Amplio (FA) excluyó de sus filas al edil Walter de los Santos, que fue procesado por estafa y posee un extenso prontuario penal. La decisión de la coalición de izquierdas incluye que el representante está inhabilitado para participar de cualquier ámbito orgánico y del accionar de la bancada de esa fuerza política en la Junta Departamental de Montevideo.
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Pese a la decisión del FA, De los Santos no renunció a su lugar en la Junta. De hecho aseguró en distintos medios de prensa que es inocente.
“Por más que estoy separado de las filas del Frente Amplio, después me van a tener que pedir perdón por lo que están cometiendo. Soy una persona honesta y creo en la Justicia”, dijo el edil en una entrevista publicada hoy jueves por el semanario “El Bocón”. “Tengo el documento que prueba que le devolví la plata a la señora, yo no le robé nada, y la verdad que se portaron muy mal conmigo mis compañeros”, apuntó en referencia a una de las acusaciones que se le hacen.
De los Santos aseguró que, más allá de la situación, seguirá apoyando al intendente Daniel Martínez. “No voy a permitir que ensucien al intendente ni a mí, porque sabemos que el hombre será candidato a la Presidencia, y no sé si yo a la Intendencia”, añadió.
Antes de haber alcanzado estado público, los dirigentes del FA en Montevideo manifestaron su preocupación por la situación del edil, que tenía dos causas abiertas en la Justicia (Búsqueda Nº 1837). Ese hecho no le impidió obtener el permiso de la Corte Electoral para presentarse a las elecciones, encabezar una de las listas del FA bajo el sublema “Daniel somos todos” y conseguir los más de 10.000 votos necesarios para ser edil.
La coordinadora de bancada del FA en la Junta, Graciela Villar, dijo que no va a hacer declaraciones sobre el tema hasta que no exista un fallo de la Justicia. Otra edil de esa fuerza política, Delia Rodríguez, dijo el jueves 15 a “El Observador”: “Es una situación incómoda. Hemos intentado hablar con él, pero niega todo”.
En octubre de 2013, De los Santos había sido procesado por haberse hecho pasar por abogado y estafar a una señora de 81 años mediante “engaños” y “estratagemas”. La jueza a cargo del juzgado de 17º turno en ese entonces, María Helena Mainard, lo declaró como “actor inimputable”, según los resultados de una pericia psiquiátrica.
De los Santos apeló esa decisión y el Tribunal de segunda instancia confirmó el procesamiento, por lo que la causa continúa en el juzgado, ahora a cargo del magistrado Carlos García.
El edil tiene otra causa abierta por un presunto delito hacia una persona física en el juzgado de 10º turno, a cargo de la magistrada Dolores Sánchez. Además, posee un prontuario que incluye delitos de encubrimiento en reiteración real, lesiones, apropiación indebida, hurto, asociación para delinquir y estafa.
“Hace muchos años esos antecedentes. Fueron problemas familiares”, contestó el edil en “El Bocón”, al ser consultado por el tema. De los Santos dijo que era inversor y que poseía más de U$S 2 millones en propiedades. “No necesito ensuciarme por tres pesos”, dijo, según publicó “La Diaria” el viernes 16.
De los Santos cobra mensualmente una jubilación de $ 2.817 líquidos, que fue otorgada por “imposibilidad física total”, según un documento del Banco de Previsión Social (BPS) al que accedió Búsqueda. La “imposibilidad física total” implica que la persona es “incompatible con el desarrollo de cualquier actividad remunerada” y la norma establece que en “caso de ingreso a una actividad será suspendido el pago”.
“Yo cobraba una jubilación por un tema de un accidente de una pierna, ya eso está resuelto, no cobro nada, porque eso yo lo donaba, o sea porque tuve un accidente”, dijo De los Santos a “El Bocón”.
El edil debe a la Intendencia de Montevideo más de $ 4,7 millones en impuestos, lo que incluye Tarifa de Saneamiento y Tributos Domiciliarios. Ha solicitado al gobierno departamental una prórroga del pago en varias oportunidades, según documentos a los que accedió Búsqueda.
El artículo 264 de la Constitución establece la ciudadanía como requisito para ser edil, mientras que el artículo 80 indica las causas por las que puede ser revocada. La “ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente”, el ser “legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciería” y el “ejercicio habitual de actividad moralmente deshonrosa” son solo algunos de los motivos por los que la ciudadanía puede ser suspendida.
Dirigentes del gobierno del FA en la capital dijeron que esperarán el fallo de la Justicia para decidir qué camino seguir. Aseguraron que desconocían los antecedentes de De los Santos y descartaron los argumentos del edil del Partido de la Concertación, Marcos Laens.
El representante opositor había interpretado que Martínez no tomaba una decisión al respecto porque estaba evitando que la información “se sepa” y de esa manera impedía el costo “político inevitable” que eso suponía.
Búsqueda se comunicó con De los Santos, que pasó el teléfono a sus abogados. Ellos explicaron que no haría más declaraciones por el momento.