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    El Ministerio de Educación intenta crear la agencia de acreditación de calidad universitaria antes de que termine el período de gobierno

    Tras más de cuatro años de negociaciones, avances y frenos, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) está decidido a crear en el 2014 una Agencia Nacional de Acreditación universitaria que permita medir la calidad de las instituciones públicas y privadas del sector, aseguró a Búsqueda Luis Garibaldi, director nacional de Educación.

    “Sigue siendo nuestra voluntad aprobar la creación de una agencia. Tenemos este objetivo ya desde el período anterior, pero hasta el momento no lo pudimos lograr”, sostuvo Garibaldi. “Nuestro propósito, el del ministro (Ricardo Ehrlich) en particular, es por lo menos terminar el período con la creación de la figura, aunque no comience a funcionar, pero que quede la figura creada para que en el 2015 se pueda instalar a partir del nuevo gobierno y el nuevo presupuesto”.

    La intención del gobierno es que la agencia sea un órgano desconcentrado de carácter privativo dentro del Ministerio, con autonomía técnica y administrativa y cuyas decisiones no puedan ser modificadas por la Secretaría de Estado. Para su diseño se usará como base el proyecto de ley de creación de la Agencia para la Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (Apacet) que fue elaborado por el MEC y enviado al Parlamento a fines de 2009 y reiterado en mayo de 2010. En la primera instancia no hubo tiempo legislativo para discutirlo, mientras que en la segunda no se llegó a un acuerdo para su aprobación debido a objeciones de representantes de las universidades privadas y legisladores de la oposición.

    El principal desacuerdo en esa oportunidad radicó en que la ley estableciera la obligación de consultar a la Universidad de la República (Udelar) para la autorización de nuevas carreras en las privadas y el funcionamiento de nuevas instituciones terciarias. Ante esto el MEC decidió que el proyecto de ley enviado al Parlamento “se transforme en una agencia exclusivamente de acreditación, quitándole los aspectos que están relacionados con la autorización” de carreras.

    Actualmente la ley Apacet se encuentra dentro de la Comisión de Educación y Cultura del Senado y es allí donde el Ministerio prevé trabajar en su modificación para crear la nueva agencia.

    “Somos el único país que no tiene un organismo especializado para esto, todos los países lo tienen menos Uruguay. Queremos que haya una agencia, una institución que se encargue de procesar todos los mecanismos de acreditación. Estamos atados a los procesos regionales. La idea es que además de ellos se puedan desarrollar a nivel nacional”, indicó Garibaldi.

    Uruguay integra el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (ARCU-SUR), formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela, que ejecuta la evaluación y acreditación de carreras universitarias. Quien administra el sistema a nivel local es una Comisión ad hoc que funciona en la órbita del MEC y no una agencia especializada. Esto provoca, explicó Garibaldi, que se depende del ARCU-SUR para realizar procesos de llamado a acreditación de carreras

    Acuerdos.

    El primer paso que dará el gobierno para cumplir su objetivo es modificar el decreto 308 de 1995, en el que se establece el mecanismo de autorización de carreras e instituciones universitarias privadas. Una propuesta de cambio fue elaborada el año pasado por el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), órgano asesor del área ministerial responsable de las instituciones terciarias privadas (Búsqueda 1.739).

    Los rectores de la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo, la Universidad ORT Uruguay y la Universidad de la Empresa se reunirán en febrero con autoridades del MEC y a partir de sus sugerencias y las de la Udelar, el Ministerio espera que en marzo se tenga pronto el texto definitivo y se apruebe la modificación.

    Superado el punto de la regulación de las privadas habrá que discutir “dos temas que son los que más inciden y preocupan”, según Garibaldi. Por un lado, establecer que aquellas carreras que hayan sido acreditadas (por plazos que se manejan entre cinco y seis años) durante ese período no deben requerir presentación de informes o autorizaciones al Ministerio. Una vez finalizado ese plazo tendrán que volver a presentarse para obtener nuevamente la acreditación. Si no lo hicieran entrarían en el sistema de control de la cartera.

    Por otro lado se debe definir la integración de la nueva agencia, que desde el MEC esperan que sea similar a la de la Comisión ad hoc que funciona dentro del ARCU-SUR: son cinco miembros titulares, dos por el Ministerio, dos por la Udelar y uno por el Consejo de Rectores de las universidades privadas. “En estos años se ha trabajado al menos con dos integraciones distintas y siempre con mucha coherencia, todo se ha hecho de forma conjunta en los ámbitos regionales, entonces me parece que con una integración parecida no habría problema”, expresó Garibaldi.

    Sin embargo, Santiago Pérez del Castillo, rector de la Universidad de Montevideo, dijo a Búsqueda que el tema no lo tienen “todavía muy conversado” con el Ministerio, ya que se han enfocado en el último año en los cambios al decreto 308. “Hablando personalmente y no bajo la posición del Consejo de Rectores, creo que la integración de la agencia nunca puede ser tan prioritaria de la Udelar en su representación, en virtud de que la Udelar está sujeta también a la agencia porque los procesos de acreditación no la excluyen. Así como los procesos de homologación de reconocimiento de títulos incluyen a las privadas y no a la pública, la acreditación incluye a las dos”, explicó el rector. “Tanto privada como pública pueden someterse a la acreditación; en cambio, el tema de la autorización de títulos o de nuevas instituciones es solo para las privadas. La integración hay que verla todavía en virtud de que no puede ser que sea juez y parte nadie”.

    Además señaló que aunque tienen “un consenso dado” con el gobierno respecto al decreto 308, no obstante, “la parte de la acreditación está separada por completo y es un tema mucho más complejo”, para el cual necesitan más tiempo. “Requiere una ley y la ley no está preparada. La cosa a mi juicio viene bien, pero yo creo que sería ideal otra cosa y no sé si la ley va a llegar a fin de año”.