El Ministerio de Transporte convertirá a la Dirección de Arquitectura en un órgano desconcentrado para darle más “agilidad” y “flexibilidad”

En este quinquenio el Ministerio que encabeza otra vez Víctor Rossi se propone revitalizar la sección —conocida como “la empresa constructora del Estado”— convirtiéndola en un órgano desconcentrado. Con ese cambio apuesta a lograr una mayor “flexibilidad” y “agilidad” en la contratación de personal y la firma de convenios para obras.

“Así esto no puede seguir”, afirmó.

Convertir la Dirección en un órgano desconcentrado le permitirá “flexibilizar” las políticas de recursos humanos y volver a la contratación de empleados eventuales. “Hay que permitir el ingreso de peones. Una empresa constructora tiene que tener peones”, enfatizó.

Según contó, en la actualidad los funcionarios de la Dirección, por las condiciones de los llamados tienen un nivel de formación más alto del necesario. Esas capacidades, además, se van ampliando por los conocimientos que adquieren, y entonces esos trabajadores ya no quieren desempeñarse como peones.

A su vez, el elevado promedio de edad de sus funcionarios aumenta los niveles de ausentismo, ya que con frecuencia los esfuerzos físicos derivan en lesiones.

Para resolver esa carencia, la Dirección prepara la firma de un convenio con el Patronato de Encarcelados y Liberados del Uruguay, organización que trabaja en la rehabilitación de reclusos. Uriarte indicó que una de las ventajas de ese convenio es que les permitirá abaratar costos al poder contratar trabajadores en los departamentos del interior en los que tengan obra, y no tener que llevarlos desde Montevideo.

“Con OSE ya tuvimos una experiencia muy positiva con el Patronato”, recordó.

La forma de órgano desconcentrado también les permitirá reducir demoras en la contratación de personal, ya que ellos mismos podrán hacer los llamados de acuerdo a su presupuesto y cuando lo consideren necesario.

También podrán acortar los plazos en la firma de convenios para realizar las obras. Esos acuerdos que deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo, en el nuevo escenario dependerán solo de su Directorio.

“No es casualidad que toda la parte industrial y comercial del Estado esté en órganos desconcentrados”, señaló Uriarte.

El jerarca es consciente de que la Dirección de Arquitectura tiene poca visibilidad en la población y su necesidad no se ve con claridad. En respuesta, Uriarte cree que hay tres funciones principales que justifican su existencia.

En primer lugar, permite atender “obras urgentes” de orientación social sin necesidad de llamar a licitación y con precios y condiciones flexibles. Segundo, permite que se puedan realizar obras que pueden no ser interesantes para los privados, como la conservación de edificios patrimoniales. Por último, puede cumplir el rol de “ente testigo” para evitar que los privados oferten precios muy elevados en las licitaciones.

Aunque se creará un órgano desconcentrado, la Dirección de Arquitectura seguirá existiendo con un personal mucho menor y distintos cometidos. Según dijo Uriarte, su función será establecer los “lineamientos estratégicos” que ejecutará luego el nuevo ente y funcionará como base de datos de los edificios patrimoniales del Estado, entre otras tareas.

¿Realizar?

Bajo la conducción de Enrique Pintado, el Ministerio de Transporte creó el programa Realizar, que se proponía financiar obras de acondicionamiento urbano por hasta $ 4.000.000 —aportados a medias con la Intendencia de Montevideo— en 40 municipios del país. Las obras a financiar eran propuestas y votadas por los vecinos de los municipios.

La iniciativa, que apostaba a la participación y la descentralización —y hasta ganó un premio internacional por ello—, no continuará en este período. Uriarte informó a Búsqueda que tomaron esa decisión al constatar que existieron “niveles grandes de incumplimiento” en las obras.

Cerca de la mitad de las obras no se concretaron por distintos motivos, aunque el Ministerio de Transporte entregó a las intendencias el dinero correspondiente. Según contó Uriarte, las intendencias de Salto y Canelones son las que exhibieron mayores niveles de incumplimiento.

Aunque el programa no continuará, el Ministerio exigirá a las intendencias que cumplan con las obras ya comprometidas.