“No se va a pedir ‘Clearing’ para ningún programa. (…) Se tomó la decisión porque se observó que algunos llamados para compra de vivienda —en el interior del país, sobre todo— no se presentaban porque uno o dos integrantes de la familia eran deudores. Ya en algunos programas como Mevir, desde este período (de gobierno) no se pide el ‘Clearing’”, dijo a Búsqueda el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tabaré Hackenbruch.
Señaló que en el caso de Mevir la decisión no ha tenido un impacto “significativo” y consideró que la decisión de la Dinavi será algo “positivo” para que las personas se presenten a las diferentes soluciones y planes que ofrece el sistema, si bien se “va a estar monitoreando”.
Aunque para los potenciales titulares se eliminó el requisito de no tener deudas impagas en esa base de datos de la empresa Equifax, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) —que administra las carteras de clientes del sistema público de vivienda— mantiene las exigencias generales, como la del nivel de ingresos del núcleo familiar en relación con el monto de la cuota (no puede superar el 25%).
Actualmente, la tasa de morosidad de la ANV es de 14,7%, incluyendo a todos los deudores de los planes habitacionales. Si se exceptúa a las cooperativas de vivienda, la proporción de la cartera impaga ronda el 10%, según los datos proporcionados por el MVOT.
En el caso de Mevir, la morosidad estructural dejó de crecer en el actual período de gobierno y se llevó por debajo del 30%. En eso incidió las acciones prontas de intimación de pago que se están llevando a cabo, informaron desde el ministerio.
Desde el 2020 y hasta el 2023 el MVOT lleva construidas unas 17.000 viviendas. Si además se consideran las promovidas con exoneraciones fiscales en este período —finalizadas y en obra—, la cifra global de soluciones habitacionales nuevas supera las 30.000. Con esa cifra en trazos gruesos, Hackenbruch afirmó que se pudo “abatir en torno al 50% del déficit habitacional” con el que se inició la actual administración. Aclaró que aún falta un año de ejecución antes de cerrar el mandato, en el que ministerio proyecta sobrejecutar en torno al 20% de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Explicó que ello se justifica en dejar para el próximo gobierno obras en marcha y en carpeta, de modo que no haya un “parate”.
El subsecretario evaluó como “satisfactorio” el nivel de inversión tanto público como privado y destacó la cifra “histórica” destinada en este período a la política dirigida a abatir los asentamientos.
En contrapartida, lamentó tener que “bajar la idea” de estructurar un fideicomiso —con aportes del MVOT, actores privados, AFAP y fondos de inversión del exterior— para multiplicar los recursos de modo de generar un “shock” de vivienda. Esa estrategia iba a “engrosar la deuda” pública, explicó, por lo que no prosperó.
“Siempre se puede hacer mejor las cosas, pero mantuvimos los programas, se logró mejorar la ‘ley de vivienda de interés social’, se logró el 2% de tasa de interés para (prestar a) las cooperativas, se dio solución para los deudores hipotecarios en UR, se logró un récord en vivienda promovida, hubo una inversión histórica en asentamientos… No somos conformistas, pero estamos satisfechos”, repasó el subsecretario.
Señaló que la cantidad de soluciones habitacionales alcanzadas entre 2020 y las que estaban en ejecución hasta el 2023 superaban las 70.000 si se consideran, también, otras acciones adoptadas sobre el stock, como el subsidio de alquiler para pasivos, regularizaciones, autoconstrucción, reparaciones en viviendas en pequeñas localidades del medio rural, préstamos del Banco Hipotecario para reforma y adquisición de inmuebles, comercialización de unidades por parte de la ANV, además de la vivienda promovida con exoneraciones fiscales.
Soluciones y planes
La impronta de esta administración en las políticas habitacionales fue continuar con los planes en curso y complementarlos con otros programas.
Por un lado, integró el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Nacional de Relocalizaciones y el Plan Socio Habitacional Juntos, creando la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.
Según información de esa dependencia, entre 2022 y 2023 se finalizaron 1.800 soluciones y en 2023 había unas 13.900 en ejecución. De esas últimas, el 80% correspondía al Programa de Mejoramiento de Barrios y a regularizaciones.
Hackenbruch englobó esa política bajo el programa Avanzar, que atiende la precariedad social y edilicia de una manera coordinada para tener un “mejor manejo del gasto y eficiencia”, explicó.
Señaló que la inversión en este quinquenio “es la mayor de la historia” —por unos US$ 480 millones— porque se va a intervenir en 120 asentamientos en los 19 departamentos “en diferentes etapas, en algunos con comienzo de obras, en otros finalizándolas, o bien dejando licitaciones” para iniciar acciones. Ese alcance “nunca ocurrió”, dijo el jerarca. Informó que en la actualidad se está trabajando con obras en 33 asentamientos en 15 departamentos y hay licitaciones en diferentes etapas por más de US$ 100 millones.
Los 120 asentamientos nuclean unos 15.000 hogares, de los cuales unos 5.000 tendrán soluciones habitacionales nuevas y el resto obtendrá mejoras. Sin embargo, reconoció que se llega al 20% de los asentamientos existentes en el país y que al resto “no se va a llegar en este gobierno”.
Otro programa que implementó esta secretaría de Estado fue Entre Todos, Sueños en Obra, que facilita el acceso a la vivienda con ayuda del MVOT para completar el ahorro inicial o pagar la cuota mensual a través de una contribución económica no reembolsable de hasta 30% del valor total del inmueble. Además, el precio de la vivienda que construyen promotores privados —con las exoneraciones de la ley de vivienda promovida—, pero para complejos habitacionales de menor dimensión, tienen el precio topeado, fijado por el ministerio. El sistema, explicó Hackenbruch, es complementario a la denominada “vivienda promovida” y permitió con el “control de precios” a la venta final —pero con algunas ventajas para los desarrolladores vinculadas al saneamiento central, la altura, etcétera— que sean de “interés social” y que la construcción haya “permeado al interior del país”.
Al cierre de 2023 habían ingresado bajo este programa unas 5.400 viviendas en todo el país (en unos 80 proyectos constructivos) pero iban recomendadas unas 2.300 unidades. Del total, más del 75% se ubicaba en el interior y el resto en Montevideo. Entre 2022 y 2023 se habían terminado 281 viviendas y al cierre del año pasado había unas 200 en ejecución.
El sistema de obra público-privada que creó la Ley 18.795, que hoy se conoce como “vivienda promovida” —y que al comienzo de esta administración tuvo cambios en línea con lo que reclamaban los promotores, como la eliminación de topes de precio, inclusión de exoneraciones a la construcción de monoambientes, entre otras—, llegó a niveles récords. Entre 2020 y febrero de 2024 se promovieron 638 proyectos que involucran unas 18.000 viviendas (de ese total unas 10.000 están en obra y unas 3.000 se finalizaron).
Hackenbruch también destacó las soluciones habitacionales alcanzadas por el sistema cooperativo. Entre 2020 y 2023 se finalizaron más de 7.000 viviendas distribuidas en 220 cooperativas en todo el país. Al finalizar el año pasado había en obra otras 6.000 soluciones (de unas 191 cooperativas), según datos de la ANV.
Fue en 2023 que el MVOT aprobó para las cooperativas consideradas “buenas pagadoras” una tasa de interés del 2% para los préstamos para construir viviendas y la realización de dos llamados para la obtención de dichos préstamos, sorteo mediante.
El subsecretario adelantó que para las cooperativas se dejarán los planes previstos para que haya ejecución de obras durante todo el primer año de la administración que asuma en 2025.
