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La actividad inmobiliaria había tenido un buen comienzo de año hasta que llegó la pandemia: los negocios se paralizaron y “muchos” compradores cancelaron compraventas por la incertidumbre que causó el impacto del Covid-19 en la marcha de la economía. Pero, tras varios meses de “sufrimiento”, el nivel de consultas retomó cierto dinamismo, lo mismo que el de las transacciones, que hoy ya son mayores a las de un año atrás. Hacia delante, las perspectivas son “optimistas”, porque si bien en la mayor demanda incidió la llegada de argentinos que compraron y alquilaron algunas propiedades el “malón” de negocios se verá en algunos meses, dijo a Búsqueda el nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), León Peyrou.
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Algo que está dilatado en el tiempo es la recuperación del mercado de arrendamientos, que se retrajo en valores y en cantidades en relación al 2019. Peyrou —que asumió el viernes 6 al frente de la gremial— explicó que en la menor concreción de nuevos alquileres está incidiendo la situación laboral de los inquilinos, que se encuentran en “seguro de paro” o con un nivel de ingresos menor como para afrontar renovaciones de contratos o mudanzas.
Peyrou es propietario de la inmobiliaria que lleva su nombre, con más de 30 años en el mercado. En su opinión, la actividad del sector muestra ahora un “ritmo interesante”. Explicó: “La percepción es que —si sacamos los dos o tres meses de freno por la pandemia— está más dinámica que el año pasado. (…) Los edificios se venden en un plazo razonable y esto no es una burbuja, porque si bien el mercado no está superdinamizado” hay un movimiento “constante”.
Apuntó que los edificios de “superlujo” llevan “un poco más de tiempo” colocarlos, pero “hay mercado para todo y hay necesidad real de viviendas”.
A juicio de Peyrou, en el mayor dinamismo incidieron “muchísimo” los cambios a la normativa de vivienda promovida, que el gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó en abril y que implicaron —entre otros ajustes— la eliminación de los topes de precio y la inclusión de las exoneraciones tributarias a la construcción de monoambientes, una de las tipologías más requeridas. Además, el Poder Ejecutivo extendió en el tiempo y el monto el régimen para las obras de gran dimensión, los llamados megaproyectos.
El martes 10, Lacalle Pou anunció a los promotores privados de la construcción que desde la próxima semana quedarán abarcados en ese régimen promocional los proyectos que involucren inversiones desde los US$ 2 millones; hasta ahora regía para los mayores a US$ 6,4 millones.
Peyrou señaló que en Montevideo están en construcción unos 700.000 metros cuadrados, lo que genera empleo y mayor actividad. A su juicio, “todavía hay capacidad de absorción de muchísima vivienda y el mercado lo manifiesta”.
Regulación
Hace algunos meses la CIU volvió a trabajar en la redacción de un proyecto de ley que regule la actividad de intermediación inmobiliaria, que hace años tuvo encuentros y disensos en la gremial y no prosperó.
Ahora, Peyrou afirmó que hay un respaldo “como nunca” de las distintas gremiales del sector y entre los socios de la CIU. “Finalmente, aprendimos y unificamos criterios”, comentó.
Informó a su vez que el texto está siendo presentado en los ministerios de Economía, Trabajo y Turismo y a legisladores de distintos partidos, ya que aspiran a que todos entiendan la importancia de la iniciativa para poder ingresarla en el Parlamento antes de fin de año.
Explicó asimismo que el proyecto plantea en una quincena de artículos los derechos y las obligaciones de los agentes y crea un registro de los mismos. El objetivo principal es “atacar” la informalidad que produce una competencia desleal en el sector.
Y apuntó que lograr la aprobación de esta regulación —de la que carecen solo Uruguay y Costa Rica en la región— sería “lo justo”. “Hay un contrasentido, porque somos agentes de retención del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas a los alquileres que administramos y, además, somos sujetos obligados para la prevención del lavado de activos, que implica un análisis de riesgo complejo, pero que asumimos. (…) Y por otro lado, cualquiera desde un rinconcito puede hacer un negocio inmobiliario y no controla nada”, señaló.
Para Peyrou, más allá de la aprobación de una ley que ordene y regule esta actividad, tiene que haber un “aporte” de calidad de parte de los agentes. “De nada sirve una reglamentación si no tenés un profesional atrás, un operador que esté capacitado”. En esa línea, comentó que la CIU buscará aportar herramientas tecnológicas que colaboren con el socio, que ayuden a “cambiar la cabeza del enfoque del negocio”.
En Uruguay funcionan unas 2.500 inmobiliarias y aproximadamente 700 están dentro del padrón de socios de la CIU, informó Peyrou. Dijo que alrededor de 15.000 personas están vinculadas directa o indirectamente. Sin embargo, los datos de actividad del sector escasean y por eso la gremial aspira a crear un “observatorio”. Para ello, sostuvo el empresario, se buscarán consolidar algunas “alianzas” que ya tienen con colectivos de escribanos, abogados y contadores y ampliarlas incorporando a organismos públicos.
