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La rígida formación en fila, el ruido de las botas contra el piso, los escudos al frente y el helicóptero que controla desde arriba. Todavía no amaneció y, bajo gritos de aliento y órdenes, 500 policías avanzan en la oscuridad de la madrugada hacia el interior de Santiago Vázquez, la cárcel más grande y peligrosa de Uruguay. Horas después, con el sol a pleno, desplegarán mantas blancas en uno de los pisos de afuera para exponer el resultado de su trabajo: más de 1.500 cortes carcelarios, 300 gramos de marihuana, 40 gramos de pasa base, 60 litros de alcohol casero, 70 celulares, un uniforme completo de operador penitenciario y dos armas de fuego de fabricación casera.
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Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), calificó la operación como “histórica” porque no había “registros de una requisa de esa magnitud” en el pasado. Fue hecha en junio de 2020 en todos los módulos de la Unidad Nº 4 y movilizó a efectivos del INR, la Guardia Republicana, Bomberos, Tránsito y la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario. El puntapié de una estrategia del Ministerio del Interior de realizar requisas completas en todas las prisiones del país.
En Santiago Vázquez, popularmente conocida como Comcar, se hicieron dos operaciones similares desde entonces, una en agosto y otra en abril, y la cantidad y variedad de elementos incautados en ambas ocasiones reflejan una capacidad de producción de armas en la población penitenciaria que no puede detenerse con las requisas. Por eso las autoridades buscan otras alternativas para darle una solución al problema. Las armas más comúnmente halladas son las llamadas “cortes” carcelarios, una especie de lanzas fabricadas por los presos con la infraestructura de la prisión para defenderse o pelear entre ellos.
“Es importante la cantidad de cortes, de diferentes tamaños. Cada vez que hacemos requisas encontramos estos cortes. Los sacan principalmente rompiendo camas o mesas o bancos que son de material de cemento y dentro tienen varillas. Son elementos importantes a tener en cuenta porque después se producen lesiones o muertes porque ellos utilizan la violencia para resolver conflictos”, explicó Mendoza en rueda de prensa el año pasado, terminada una requisa en la cárcel de Maldonado.
En aquel momento Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, aseguró que la fabricación de estas armas “es una práctica que se viene llevando desde hace décadas”, a la cual el actual gobierno quiere ponerle freno o al menos dificultar. Más allá de las requisas, por ahora la otra solución en práctica es transformar todo el mobiliario a madera.
Los cortes carcelarios surgen de la rotura de camas, mesas o muebles similares hechos con cemento. Dentro tienen varillas de acero o hierro que los internos sacan y afilan. Para evitar este problema el INR, con los propios internos como mano de obra, comenzó a fabricar camas de madera y el objetivo inicial es que los módulos 4, 10 y 11 de Santiago Vázquez estén completamente equipados con accesorios de madera.
“Es un cambio que esperemos que tenga el efecto esperado de sacar una gran cantidad de cortes. Un sistema penitenciario donde no haya cortes es básicamente imposible. No se va a terminar la violencia, pero va a haber menos”, dijo a Búsqueda una fuente del ministerio. “Armas blancas siempre va a haber porque los presos se ingenian para fabricarlas, pero con esta medida eliminás una cantidad absurda de cortes. Además, si las camas de madera las hacen ellos mismos capaz les duele más romperlas”, agregó.
El uso de la madera no asegura una solución definitiva porque, por ejemplo, es inaplicable en los sistemas de agua, formados por caños de PVC y tanques de polietileno que también son vandalizados por los presos para fabricar cortes. El mes pasado en la Unidad Nº 4 las autoridades descubrieron un tanque de 5.000 litros, recién instalado ante reclamos de los prisioneros, con ocho puñaladas.
Corrupción
Con 3.916 personas privadas de libertad, Santiago Vázquez es el penal más importante de un país cuya población penitenciaria es de 13.614. A la requisa general de todos sus módulos en junio se le sumó otra meses después, en agosto, que terminó con números muy similares de incautación: 1.300 cortes, 27 gramos de cocaína, 11 gramos de marihuana, 80 litros de bebida fermentada de fabricación carcelaria —conocida como escario—, 64 celulares, una tablet, dos pistolas calibre 6.35, una pistola calibre 22 y 10 municiones. En enero hubo una requisa parcial en tres módulos y el mes pasado, luego de dos homicidios, otra general en donde se descubrieron 850 cortes, 20 gramos de marihuana, 45 litros de escabio y 58 celulares.
La estrategia de requisas del INR busca tener un control y sacar de circulación los objetos prohibidos en las prisiones. Desde marzo de 2020 se hicieron alrededor de 700 requisas, nueve de ellas completas, lo que implica la actuación de cientos de efectivos y varias direcciones policiales sobre cada uno de los módulos que conforman una cárcel y no solamente en los más poblados o peligrosos. Además de la Unidad Nº 4, este tipo de requisas incluyeron a las unidades de rehabilitación de Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Tacuarembó, Libertad y Punta de Rieles. En las dos últimas, las más grandes del sistema junto con Santiago Vázquez, los procedimientos también alcanzaron los centenares de cortes y las decenas de gramos y litros de droga y escabio, y de celulares.
Mendoza ha admitido que la corrupción es parte del problema. Actualmente, hay un operador civil penitenciario condenado por ingresar celulares ilegalmente a una prisión. “Caminando las cosas no entran”, ironizó una fuente sobre el exceso de teléfonos y drogas. Las visitas de familiares, amigos y abogados, objetos que se lanzan desde afuera y el mal accionar de enfermeros con medicamentos recetados por ASSE son otras de las razones. “Hubo un incremento de la revisión a las visitas. Continuamente son revisados, tanto las encomiendas como las visitas. Además, también trabajamos con las requisas generales, donde se trata de incautar la máxima cantidad de teléfonos. Sabemos que hay teléfonos, seguimos trabajando porque su ingreso y la tenencia es ilegal”, dijo Mendoza la semana pasada en conferencia de prensa, luego del caso de un estafador que, desde el penal de Libertad, llamó con un celular a varias comisarías haciéndose pasar por un fiscal.