El senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera parece dispuesto a reforzar ese temor: “El referéndum lo vamos a ganar en cada casa de familia, en el barrio, en los lugares de trabajo, hablando con la gente”, afirmó.
A su vez, el senador Jorge Gandini, uno de los adalides del oficialismo multicolor que milita desde el Partido Nacional para mantener toda la ley, explicó a Búsqueda que, si bien ya está recorriendo el país hasta las localidades más pequeñas para informar acerca del contenido de los 135 artículos impugnados y defenderlos, tiene claro que se trata de un complejo paquete de normas y que, en definitiva, la consulta de marzo será “un plebiscito a la gestión del gobierno”.
Un análisis similar hace un socio menor de la coalición multicolor, el Partido Independiente, que el miércoles 8 realizó un acto en Montevideo en el Club Vramian del Prado para tensar fuerzas de cara a la campaña en la que —según explicó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres— harán la defensa, más que del detalle de los artículos, de “los éxitos del gobierno” en temas como seguridad pública, empleo y manejo de la pandemia.
El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, también viene recorriendo Uruguay desde hace semanas. “Si vamos a la ley específicamente, creemos que es claro que está del lado del ciudadano y no hay argumentos de peso para tratar de derogarla, salvo aquellos afectados en su pequeña chacrita y que en su mezquindad quieran afectar a la gente para favorecer alguna posición personal”, dijo durante la gira denominada “Cara a cara con la gente”.?Manini Ríos pronosticó que “esto se va a transformar en un intento de golpear a un gobierno de coalición que está buscando soluciones a graves problemas de la gente que fueron dejados de lado”.
Debates, “trancazos” y “mentiras”
Hasta ahora ha habido pocos debates en los medios. “Queremos dar un debate franco, honesto y de ideas. Cada uno de los artículos que pretendemos anular tiene una razón de ser. Es mentira que lo que estamos buscando es ponerle un trancazo al gobierno e impedir gobernar. Si algo nos sobra son argumentos que explican nuestro desacuerdo con cada uno de los artículos referidos. De acá en más nuestra apuesta es por la campaña de la información. Sin temor a debatir, nuestro anhelo es que la gente sepa el día de la votación qué es lo que está votando y por qué”, declaró a Búsqueda el senador Carrera.
Claro que, según su perspectiva, “nos preocupa lo que están haciendo del otro lado, desde filas del gobierno”. Y puso como ejemplo al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien “replicó una pieza oficial que defiende uno de los artículos de la LUC que no será sometido al referéndum”.
Existe, según Carrera, “una campaña de desinformación”, ya que “lo que le falta el gobierno son argumentos sólidos”, algo que, desde el oficialismo, naturalmente, se observa exactamente al revés.
En algo en que casi todos coinciden, porque las encuestas lo desnudan, es que aún existe muy poca información entre buena parte de los que tendrán que votar. Una encuesta de Opción Consultores reveló incluso que casi seis de cada 10 personas no sabían que el voto en el referéndum es obligatorio y a comienzos del mes pasado la mayoría aún tenía dudas respecto a que el Sí era para derogar y el No, para mantener los artículos en cuestión.
Seguridad pública: la vedette
Si se incluyen los tres artículos que corresponden a la Secretaría de Inteligencia Estratégica, de los 135 impugnados, 36 corresponden al área de seguridad pública. La educación tiene 34 artículos en la lista; 16 están relacionados con Economía y empresas públicas; dos al sector agropecuario; otros dos a relaciones laborales y seguridad social; la misma cantidad a desarrollo social y salud; 34 a emergencia en vivienda y otros nueve a temas diversos, como el artículo 468, que regula los piquetes que impidan la libre circulación y el polémico capítulo de la portabilidad numérica.
De todos los temas contenidos en los artículos cuestionados, la seguridad pública es el que tiene mayores posibilidades de ganar centralidad. No solo es un asunto de alta sensibilidad, sino que resulta transversal a toda la sociedad.
El resto de los temas afectan solo de forma indirecta a la mayoría de los electores. Si bien puede parecer exagerada la categoría “chacrita” dada por el senador Manini Ríos, lo cierto es que los asuntos de la gobernanza de la educación, donde la LUC eliminó la representación docente, salvo en el Consejo Directivo Central, afectan sobre todo a quienes participan de forma directa en esa actividad.
Algo aún más extremo pasa con el modo en que se realizan las adopciones, un asunto además bastante técnico. Los artículos referidos a la emergencia en vivienda son muchos, pero tocan sobre todo a trabajadores fuera de planilla, parejas jóvenes que buscan alquilar por primera vez o a estudiantes del interior sin garantías en la capital.
El asunto del precio de los combustibles influye en la vida de la mayoría y es un asunto sensible, al punto que el gobierno fue acusado de manejar los precios no tanto con criterio profesional sino político, en aras de lograr ratificar los artículos cuestionados.
En el caso de la seguridad pública, a pesar de la opinión de la mayoría de la cátedra, el gobierno cuenta con ventajas: quitando los efectos de la pandemia, que afectaron la circulación, es un hecho que los delitos descendieron.
Un folleto distribuido en estos días por el Movimiento Por la Patria encabezado por Gandini sostiene que si se deroga la LUC, “volverían a beneficiarse con la libertad anticipada quienes cometieron los delitos de violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, secuestro, homicidio agravado, rapiña con privación de libertad y extorsión, entre otros”.
Parte del éxito en abatir los delitos es adjudicado por el Poder Ejecutivo a la LUC, que dio mayor respaldo a la Policía y mejoró los resultados.
La oposición no se muestra dispuesta a aceptar eso de forma pacífica. “La política de gobierno en materia de seguridad es errática y sin rumbo. Se basa únicamente en reformas legislativas que poco resultado han tenido en los hechos. Es impensable que pueda haber mejoras de gestión cuando se ha disminuido el presupuesto del Ministerio del Interior, los salarios se han sumergido y los recursos comienzan a ser escasos. No existe el voluntarismo en las políticas públicas. El gobierno tuvo ciertas mejoras en los primeros meses producto de la pandemia, y eso ocurrió a nivel mundial. Ahora, los delitos están aumentando de manera escalonada mes a mes. Es lo lógico si no se invierten recursos y se cree que la respuesta solo la debe brindar la policía, no puede haber mejoras de fondo. Eso empieza a notarse y en un contexto donde la economía no termina de recuperarse, los efectos en la seguridad pública se notarán aún más”, sostuvo Carrera, que fue director general del ministerio con Eduardo Bonomi.
No todos, incluso dentro de la propia Policía, consideran exitosa la gestión encabezada por el fallecido Jorge Larrañaga y luego por Luis Alberto Heber. En la fuerza existen voces que opinan que, además de restaurar viejas prácticas consideradas por ellos como corruptas, con el cambio de gobierno hubo un “populismo”, porque en realidad casi todas las cosas incluidas en la nueva ley ya se podían hacer antes con la ley de procedimiento policial aprobada en 2008.
Para complicar más las cosas, los cambios introducidos en materia penal recibieron fuertes críticas de los especialistas en la materia. Durante un seminario que se realizó el año pasado por Zoom (ver Búsqueda N° 2.095) varios profesores se expresaron en contra de las modificaciones.
“Hay una fuerte impronta policial” en la LUC, sostuvo el profesor agregado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) Carlos Uriarte. “Hay un fuerte empoderamiento policial” y eso se expresa en cambios “radicales” como anteponer el derecho a la propiedad al de la vida en relación con la legítima defensa, opinaron otros profesores de la materia penal.
Contra el “proyecto herrerista”
Quizás porque, en efecto, los números del gobierno en seguridad pública son mejores que los que pudo mostrar el Frente Amplio, quienes dirigen la campaña por el Sí apuestan a ganar a aquellos ciudadanos batllistas o blancos, a quienes rechinan las ideas herreristas, a las que consideran más cercanas al liberalismo que a un Estado “escudo de los pobres”.
Un buen ejemplo del papel del Estado lo representa la portabilidad numérica de los teléfonos celulares. Por un lado, se trata de una notoria libertad del consumidor para decidir la empresa de la que es cliente. Sin embargo, quienes critican esa libertad para el caso uruguayo lo hacen desde la perspectiva de defender a Antel y sostienen que, a mediano plazo, las dos empresas privadas podrían constituir un oligopolio e imponer tarifas, porque, en un mercado pequeño, no hay espacio para más compañías.
En esa línea, la estrategia de los que trabajan para derogar, explicaron fuentes de la comisión, será captar los votos de batllistas y blancos independientes a los que, más allá de lo que digan sus dirigentes, no les gusta “el proyecto herrerista”, que dicen que está basado en la libertad a costa de los más pobres.
Esta vez, a diferencia de 1992 cuando el sector del expresidente Julio Sanguinetti se alineó en defensa de Antel y otras empresas públicas, la izquierda está bastante sola en el soleado campo de batalla.
