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La historia de la central obrera uruguaya y sus dirigentes está plagada de errores y horrores. Si bien muchos afiliados son demócratas, sus dirigentes son todos totalitarios.
No hay uno que apoye las libertades, la democracia, o que realice una autocrítica del movimiento. Defienden a cualquier régimen mientras sea autoritario, viole los derechos de la gente y encarcele opositores. Por eso en 1973 apoyaron el Golpe de Estado, y hoy elogian a Maduro, Daniel Ortega y Vladimir Putin. Son coherentes, eso sí: siempre están contra la libertad. Y ojo con querer que saquen personería jurídica, eso los obligaría a cumplir la ley y destaparía los acomodos y manejos irregulares por cientos.
El gobierno de coalición entre colorados, blancos, independientes y Cabildo recibió un país caótico y en bancarrota. Nunca hubo tanto derroche y falta de control en los organismos del Estado como durante los gobiernos frentistas. Mujica fue un “hábil declarante”, como dicen los abogados, para defender lo indefendible: su caótica gestión. Vázquez tuvo que rendirse al poder sindical, que no permitió hacer nada que limitara sus privilegios.
Las cosas cambiaron para bien hace dos años, cuando la coalición democrática venció y asumió el gobierno, con ideas y responsabilidad. Una parte clave del plan para reordenar y hacer avanzar al Uruguay fue la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que enfrentó temas donde el país estaba —como aquella película de Jack Nicholson— “atrapado sin salida”, en manos de sindicalistas prepotentes, que nunca trabajaban realmente, además de una inseguridad nunca vista.
La LUC posee ventajas claras que destrabaron graves problemas sociales. Ayudó a las familias que quieren adoptar niños sin hogar, acelerando el proceso burocrático; solucionó el tema de quienes precisan alquilar vivienda sin tener garantía, eliminó la obligación de cobrar el sueldo a través de los bancos, permitiendo que el trabajador decida; garantizó el derecho al trabajo al mismo tiempo que el de huelga, evitando que las patotas sindicales decidan por todos a la fuerza.
Asimismo, la LUC brindó mayor seguridad a la población, jerarquizando al policía, a quien insultar o amenazar es considerado delito. Algo muy diferente a la falsa acusación de que se habilita la represión sin controles. Un argumento muy cínico viniendo del PIT, cuyos dirigentes aplauden la brutal opresión de opositores en Cuba o Venezuela, donde viejas dictaduras cometen todo tipo de abusos. La LUC establece penas más severas al narcotráfico, la violencia y establece normas que brindan más seguridad en los espectáculos deportivos. Entre muchas mejoras también brindó la libertad de elegir la empresa telefónica al usuario, porque dejó de ser prisionero de una compañía, al ser dueño de su propio número. ¿Cuánta gente desconforme con el servicio de una empresa lo soportaba para evitar todas las molestias de cambiar su número y comunicárselo a sus amigos y contactos? Y Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, confirmó que justamente el ente estatal fue el más favorecido… Exactamente lo contrario a lo previsto por Sutel.
Todo esto lo saben bien quienes buscan derogar una ley que ha favorecido a Uruguay desde su aprobación, incluso en épocas tan difíciles como las que aún vive el mundo con la pandemia. Y es justamente porque saben esta realidad que se oponen a ella, con todo tipo de mentiras y shows que dan vergüenza ajena. Como tantas veces en su historia, la central sindical —que domina al FA— piensa que “cuando peor, mejor”. Y la LUC enfrenta esa lógica maquiavélica, porque al ser un avance para la gente le quita peso al sindicalismo autoritario, que solo busca poder y beneficios a costa del Uruguay que quiere mejorar en libertad. Por esto, y mucho más, el 27 votemos No y defendamos el progreso.
