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Algunas de las empresas con patrimonio estatal, pero que funcionan bajo el Derecho Privado, han estado envueltas en la polémica y hasta llegaron a ser investigadas por la Justicia. A mediados del año pasado, la oposición y el entonces diputado Gonzalo Mujica —que se había alejado del Frente Amplio— lograron aprobar una comisión especial para que legisle sobre este tipo de compañías.
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Recién la semana pasada, esa comisión comenzó a analizar los temas que tratará. Si bien hay discrepancias sobre los puntos a tratar, oficialismo y oposición coinciden en que se debe legislar este tipo de actividades.
Nicolás Olivera, diputado del Partido Nacional por Paysandú, planteó en la sesión del jueves 24 una “hoja de ruta” para el trabajo de la comisión. “El fin último es generar un proyecto, un marco jurídico para todo el tema de las figuras asociativas que están bajo el Derecho Privado”, comentó a Búsqueda. La oposición, a través del senador Álvaro Delgado (Partido Nacional) y los diputados Pablo Iturralde (Partido Nacional) y Conrado Rodríguez (Partido Colorado), ya presentó proyectos sobre el tema. El Frente Amplio también tiene a estudio al menos dos iniciativas para “mejorar los controles” y dar más “transparencia”, según adelantó la diputada Lilián Galán.
En la sesión, Olivera propuso que se analice el régimen de contratación. “Las sociedades anónimas se crean para huir del Derecho Administrativo”, dijo el legislador, y añadió que en Europa se inició un camino a la inversa: se vuelve al Derecho Público. Esto se debe a que falta control, dijo. Por eso, priorizan la “transparencia en la contratación sobre la agilidad”.
También planteó que se analice el ingreso de personal y en poner topes a los sueldos. Por ejemplo, recordó que por ley no puede ingresar personal a la administración pública en los 12 meses previos a las elecciones, pero eso no rige para las empresas que están en Derecho Privado. “Por tanto, por vía oblicua y con dineros públicos, se podría vulnerar esa prohibición”, dijo.
Olivera dijo que el Parlamento debe analizar si los trabajadores de estas empresas son trabajadores públicos o privados, y también qué responsabilidades tendrán los directivos de esas compañías. “Actualmente, a esas personas no se les pueden aplicar determinados tipos penales porque no están rotuladas como funcionarios públicos”, señaló.
Ese fue el caso del senador Leonardo de León, quien fue cuestionado por la Junta de Transparencia y Ética Pública por el uso que dio a la tarjeta de crédito de Alcoholes del Uruguay cuando integró su directorio. El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, archivó su caso por entender que no era funcionario público cuando utilizó esas tarjetas.
Olivera planteó que la comisión estudie qué tipos de controles tendrán: cuál será el papel del Tribunal de Cuentas, el Poder Legislativo, la capacidad de endeudamiento y las incompatibilidades de sus directores.
“Sin duda, esto va de la mano con no trancar la actividad de las sociedades anónimas, porque debemos tener en cuenta que lo principal es mantener la dinámica que hoy tiene, ya que para eso fueron creadas”, añadió.
Galán dijo que antes de entrar a discutir los temas se debía acordar primero a quiénes se invitará para realizar consultas. Se acordó que primero vayan el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
“Entendemos que sería bueno iniciar un debate, pero este no es el momento adecuado”, aclaró. Es que en esa sesión faltaron varios de los legisladores titulares de la comisión.