El Plan Consuelo

Se festeja en unos días el 35o aniversario del Plan CAIF, programa que ha permitido implementar una política pública de cuidados a los niños menores de 3 años.

Así fue que Consuelo empezó a impulsar la creación de servicios diurnos del propio Consejo del Niño, que ya tenía algunos, no muchos, atendidos por funcionarios y en locales propios. Pero, obviamente, era imposible impulsar una red totalmente estatal para crear más respuestas de este tipo.

Tomando como referencia el trabajo del Consejo del Niño con organizaciones de la sociedad civil, Consuelo aprovechó un rubro para subsidios a instituciones de infancia e impulsó la creación de un par de centros con grupos de familias que traían la inquietud de “no hay donde dejar a los niños chicos cuando los padres tienen que ir a trabajar”.

Consuelo siguió dando vueltas y vueltas tratando de encontrar la manera de multiplicar esos servicios bautizados como “guarderías comunitarias”, una novedad en un organismo que históricamente había tenido la respuesta de asilar o de internación en hogares estatales o privados (“establecimientos a tiempo completo”) como su herramienta principal.

Y allí apareció la genialidad del contador Alberto Sayagués, que entonces trabajaba en la Oficina de Servicio Civil y que todavía sigue sorprendiendo a administradores y legisladores con propuestas innovadoras y creativas. Sayagués logró, impulsado por todo el directorio, que se aprobara un breve artículo en la Ley de Rendición de Cuentas No 15.851 de 1986, que establecía que “las guarderías privadas que atiendan durante el día menores del Consejo del Niño percibirán del organismo una remuneración equivalente al 75% de las retribuciones que se abonan a los establecimientos privados que albergan menores a tiempo completo”. La norma obligaba a Economía a aumentar el crédito para cada niño que se sumaba a la cobertura, un “crédito automático” que aseguraba un alcance enorme.

Habíamos llegado a Marte. El viejo Consejo del Niño se abría a un nuevo modelo: guarderías para los más chiquitos para evitar la ruptura familiar y evitar su internación en instituciones. Poco tiempo después, en abril de 1988, un decreto del Poder Ejecutivo, el 329/988, reglamentaba el nuevo modelo de los “hogares privados de tiempo parcial”.

El dispositivo era muy claro: se requería una entidad de sociedad civil con personería jurídica (grupo de familias, vecinos, organización social, religiosa o comunitaria) que asumiera el servicio y se le pagaría por cada niño atendido en el nuevo sistema, a lo que se sumaban algunos apoyos para la instalación del centro (mobiliario, juegos, cocina), junto con charlas de capacitación que se daba a esas organizaciones casi siempre muy bisoñas. No era fácil multiplicar la cantidad de centros, por lo que el Programa de Guarderías Comunitarias del Consejo del Niño avanzaba pero muy lentamente. Recuerdo reuniones con Consuelo y Renna donde ambas decían, llenas de entusiasmo: “Con este mecanismo podemos llevar guarderías a todos los barrios para familias que no pueden pagar una guardería privada”.

En algún día de los primeros meses de 1988, la presidenta del consejo, Ana María Renna, abrió una gran puerta corrediza que separaba los despachos y nos dijo: “Vengan, vengan que tengo una gran noticia”. Y allí estaba Gabriel Vidart, que trabajaba en el Ministerio de Trabajo, para decirnos que creía poder conseguir un fondo relevante de Unicef para apoyar las guarderías del consejo con un plan más grande. También recuerdo su alegría cuando le dijimos que ya teníamos un mecanismo presupuestal que habilitaba a pagar por cada niño que fuera atendido.

Cuenta la crónica del diario El País que el jueves 16 de setiembre, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el prometedor anuncio de Vidart y del ministro Fernández Faingold se volvía realidad: ese día se firmó un convenio entre el gobierno de Uruguay y Unicef para crear Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF); allí estaban Adela Reta, ministra de Educación y Cultura, Hugo Fernández Faingold, ministro de Trabajo, Luis Barrios Tassano, ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Bonasso, del Instituto Nacional de Alimentación, entre otras autoridades, con la meta de llegar en algunos años a 145 centros y con una importante inversión en infraestructura, seguimiento y capacitación. Ese convenio fue un espaldarazo al incipiente programa de guarderías comunitarias. Nacieron “los CAIF” como los conocemos hoy. A la vez, el plan pudo sostenerse financieramente, más allá del importante aporte de Unicef en infraestructura y cooperación técnica, basado en las disruptivas normas que había logrado plasmar el Consejo —brillantez de Alberto Sayagués mediante— en la Rendición de Cuentas de 1986 y en normas posteriores.

En el Consejo del Niño, pocos meses después devenido Instituto Nacional del Menor, servicio descentralizado, fue Consuelo Behrens quien siguió impulsando y coordinando todo el esfuerzo de la institución para que “los CAIF” se siguieran multiplicando, apoyada por un equipo de comprometidos colaboradores, entre los que estaban Guillermo Dutra, hoy en el Inefop, Cecilia Suárez, actualmente, en BPS, Nelly Gubitossi y la médica Teresa Verrones, entre otros.

Consuelo no estará en los festejos conmemorativos. Pero quienes la conocimos y trabajamos con ella seguimos agradeciendo que su sensibilidad e impulso haya sido la piedra fundamental de una construcción de política pública que sigue sólida y creciendo hoy en día, con los aportes de sucesivos gobiernos, administraciones y personas volcadas al tema. El espíritu de Consuelo nos sigue iluminando e inspirando. Era una mujer que huía del “no te metas”, se metía en los problemas sociales y trabajaba para solucionarlos; inteligente, audaz, y a la vez humilde y ubicada, apasionada por darle oportunidades a la gente y en especial a los más carenciados. Nos enseñó muchísimo: entre otras cosas, que la política pública es prender antorchas y luego pasarlas de mano en mano para que crezcan e iluminen más cuando nos hayamos ido.

Juan Miguel Petit

CI 1.546.234-2