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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Educación (MEC) apoyan la idea de derogar la ley que estableció la pena mínima de un año de prisión para los adolescentes que cometan delitos graves porque “va contra” el Código de la Niñez y Adolescencia, una norma que defiende el Ministerio del Interior porque alega que permitió bajar los índices de reincidencia.
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El Mides y el MEC apoyaron un planteo que se realizó dentro del Consejo Nacional Consultivo de los Derechos del Niño y Adolescente, un organismo honorario creado por el código, integrado por instituciones estatales y de la sociedad civil. La propuesta fue enviada al presidente Tabaré Vázquez y todavía no tuvo respuesta. Ahora los integrantes del consejo pedirán reuniones con parlamentarios para conseguir que el tema se discuta.
La ley que se plantea cambiar fue aprobada por el Parlamento el 27 de diciembre de 2012. En uno de sus artículos, la norma modifica el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), y establece la prisión mínima de un año para aquellas personas de entre 15 y 18 años que cometan delitos graves como homicidio, lesiones gravísimas, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, tráfico de drogas y extorsión.
El martes 4, la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, participó en la segunda mesa sobre seguridad organizada en el marco del Diálogo Social que promueve el gobierno. A su lado estaba el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el representante de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Álvaro Portillo. Sobre el final de su intervención Olivera se refirió a la situación de los adolescentes que cometen delitos. “Es un tema que está en debate de forma permanente. Nosotros hicimos llegar, como Consejo Nacional Consultivo —pero como integrantes del (Poder) Ejecutivo lo firmó la subsecretaria de Educación y yo—, la necesidad de plantearse el tema de la pena mínima de un año para los adolescentes infractores, y la necesidad de que eso sea revisto. Porque eso va en contra del Código de la Niñez y la Adolescencia”.
El Código plantea “con claridad que la privación de libertad es la última medida”, según Olivera. “Tenemos que trabajar mucho más las medidas alternativas no privativas de libertad acompañando a esos adolescentes. Por lo tanto, este es un tema que vale la pena poner en debate”.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, escuchaba a Olivera desde la primera fila del auditorio. Tenía pensado responderle, dijeron a Búsqueda fuentes de la secretaría de Estado, pero había otras personas en la lista de oradores y la discusión siguió por otros carriles. No obstante, aprovechó una pausa en la actividad para conversar mano a mano con la subsecretaria.
En setiembre, Unicef también planteó derogar esta norma. Es una de las leyes que endureció “el tratamiento penal adolescente en contra de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”. Unicef entiende que los Estados “deben reducir los altos índices de privación de libertad adolescente” y para eso “se debe fortalecer la institucionalidad y el desarrollo de sanciones que no impliquen la privación de libertad”.
El ministro Bonomi respondió a este planteo en una entrevista concedida al diario “El Observador” el 21 de setiembre, donde explicó que “cuando se puso la pena mínima hubo dos cosas: se terminaron las fugas y comenzó la contención del año. Si alguien plantea eso tiene que sustituirlo por algo que tenga el mismo nivel de contención”.
“La pena mínima de un año evitó la salida inmediata para reincidir”, añadió. En opinión del jerarca, la ley “ha cumplido el objetivo que buscaba”.
