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En el transcurso de las siete horas que duró el debate algunos participantes iban variando porque se tenían que ir y entraba un sustituto. Como en un partido de fútbol, los tres equipos —del gobierno, los empresarios y los sindicatos— hacían cambios en los entretiempos, porque ninguno quería descuidar su representación en ese foro efectuado recientemente. Con la situación de los muchachos de entre 15 y 29 años que no realizan estudios formales ni trabajan como uno de los temas centrales, el resultado de la discusión fueron algunas propuestas y varias objeciones al proyecto de ley para impulsar el empleo juvenil que elabora el Poder Ejecutivo.
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El borrador de esa iniciativa, al que accedió Búsqueda, plantea la concesión de subsidios y otros beneficios a las empresas que contraten jóvenes, y prevé mayores ventajas a las firmas que capaciten a esos empleados, que contemplen los horarios de estudio y los días de licencia con ese fin, entre otros estímulos.
Ese documento no es definitivo ya que se prevé que sea sometido a discusión con trabajadores y empresarios en el mes de mayo, según se comprometieron los asistentes al Foro Nacional Tripartito efectuado en marzo.
A su vez, el próximo lunes 30 se firmará un convenio —elaborado dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)— entre el Poder Ejecutivo y todas las empresas públicas, para permitir la contratación temporal de jóvenes de entre 16 y 20 años para que realicen su primera experiencia laboral con baja carga horaria mientras continúan sus estudios.
Según supo Búsqueda, está previsto que en junio ingresen unos 600 jóvenes a trabajar bajo esa modalidad, lanzada por el presidente de Ancap, Raúl Sendic. La remuneración de esos empleados será de entre $ 8.900 y $ 13.360 por una carga de entre 20 y 30 horas semanales.
Ni-ni.
Desde el año pasado muchos uruguayos se dieron cuenta de una escandalosa realidad: de trabajo y estudio, el 18% de los jóvenes (136.000 personas) no hace ni una cosa ni la otra. Sin embargo, dentro de ese porcentaje están incluidas las madres y padres jóvenes y todos los que cuidan a otros en su hogar, así como también los que quieren trabajar y no consiguen empleo.
Afinando las cuentas, los llamados “ni-ni” son muchos menos, unos 48.400 jóvenes que representan 1,4% de la población total y 6% de los de esas edades. Al mismo tiempo, esas cifras serían más bajas si se toma en cuenta la educación no formal que recibe parte de la población y las personas con discapacidad.
Ley.
Varios representantes de los trabajadores y empresarios e incluso del gobierno, tomaron conocimiento de que se estaba elaborando una nueva ley de empleo juvenil en el Foro Nacional Tripartito, que se efectuó el pasado 20 de marzo en Montevideo, convocado por la Organización Internacional del Trabajo. Allí se abordó la temática del “Trabajo decente para los jóvenes” por 20 representantes de los trabajadores, 20 de las empresas y otros 20 de distintas dependencias del Estado.
El borrador, elaborado por el MTSS y el Ministerio de Desarrollo Social, supone un cambio frente a anteriores leyes de empleo para los jóvenes, principalmente porque en lugar de exoneración de aportes patronales habría subsidios a las empresas.
Estas subvenciones cubrirán parte del salario de los jóvenes que estén comprendidos en tres modalidades de contratación: “trabajo protegido y promovido” (18 a 29 años), “primera experiencia laboral” (18 a 24 años) y “práctica laboral para egresados” (hasta 29 años). A su vez, se prevén mayores beneficios para las contrataciones de jóvenes con niños a cargo y a las empresas que brinden capacitación.
Las empresas dispondrán de forma gratuita de los servicios de selección y seguimiento que realizan los organismos públicos, y también podrán poner un distintivo en sus productos como empresas “empleadoras de jóvenes” en las modalidades que propone la ley.
Otras disposiciones suponen que el sector público debe contratar dentro la modalidad de “primera experiencia laboral” al 50% de los becarios y pasantes que contrate en el año. Dentro de esos jóvenes deberán contemplar a mujeres (50%), afrodescendientes (8%), discapacitados (3%) y personas trans (2%).
Sobre la promoción de los estudios de los trabajadores jóvenes, el proyecto prevé subsidios al costo de la hora de trabajo en caso de que se otorgue una reducción de la carga horaria al estudiante. También un subsidio a la licencia por estudios y la disposición de no establecer un régimen de horario rotativo que perjudique la asistencia a clases.
El último punto trata sobre el emprendedurismo juvenil, y supone facilitar el acceso al financiamiento y la asistencia técnica a los emprendedores de entre 18 y 29 años de edad.
Según plantearon los representantes de los trabajadores en el foro, los subsidios no son el camino al trabajo decente, prefieren dar más recursos a la educación para llegar a ese objetivo. Los empresarios tampoco se mostraron partidarios de ese tipo de medidas si los empleos que genera no son “genuinos” y productivos.
Convenio.
El acuerdo que se firmará el lunes 30 incluye a los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Servicio Civil, las empresas Ancap, Correos, Puertos, Antel, OSE, UTE, los bancos de Previsión Social, de Seguros, Hipotecario (BHU) y República, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
El denominado “Acuerdo de oportunidad laboral para jóvenes estudiantes” se centra en la contratación de personas de entre 16 y 20 años que estén realizando cursos en instituciones públicas o privadas, formales o no formales. Para acceder a esos puestos los jóvenes no pueden tener experiencia laboral previa o haber accedido a otras becas en el pasado.
El contrato será de entre nueve y 12 meses sin posibilidad de prórroga, y la carga horaria será de entre 20 y 30 horas semanales.
El BHU adherirá al convenio pero carece de presupuesto para poder contratar a jóvenes bajo esa modalidad, dijeron fuentes del organismo. Por su parte, el director del Hipotecario José Damonte (Partido Independiente), dijo a Búsqueda que votará en contra, porque a su juicio se trata de algo “improvisado” y que además no exige más que asistencia y no un “mínimo de rendimiento” curricular por parte de los jóvenes que son objetivo.
Esa política implica “igualar para abajo” y da la “impresión” de que se trata de una herramienta para recoger “votantes en las próximas elecciones” a favor del Frente Amplio, afirmó.
