Tras el revés que significó para el Poder Ejecutivo la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (Icir) por parte de la Suprema Corte de Justicia, el presidente José Mujica tiene decidido impulsar este año otras medidas en contra de la concentración de la propiedad de la tierra y de la extranjerización, que van más allá de la reimplementación del Impuesto al Patrimonio en el sector agropecuario.
Así se lo aseguró el mandatario a los directivos de la Comisión Nacional de Fomento Rural (Cnfr) en una reunión que mantuvieron en marzo en la Torre Ejecutiva, según dijo a Búsqueda el presidente de esa gremial, Mario Buzzalino.
La Cnfr nuclea unas 100 sociedades de fomento rural de diferentes departamentos de Uruguay y representa a 15.000 productores de todos los rubros, menos el arrocero.
Buzzalino comentó que “el presidente (Mujica) dijo que hay un equipo trabajando, más allá del impuesto sustitutivo del Icir, en el tema de la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra”.
“No dio detalles de las medidas en estudio pero dijo que la idea es tener proyectos (de ley) concretos para este año”, contó Buzzalino.
Señaló que la Cnfr le propuso al presidente que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Parlamento para topear la tenencia de la tierra en extensión de hectáreas. Mujica contestó que “tiene un equipo trabajando en eso”, indicó.
El titular de la Cnfr dijo que “las empresas que están concentrando la propiedad de la tierra son mayoritariamente extranjeras, pero también hay uruguayas”.
Las grandes compañías foráneas que adquieren campos en Uruguay “no se llevan la tierra pero sí se quedan con los nutrientes y después en campos arruinados no podés producir”, advirtió.
Buzzalino relató que con Mujica analizaron algunos resultados preliminares del Censo Agropecuario, divulgados a fines de 2012, que indican una pérdida de productores en los últimos 10 años y una concentración de la tierra en predios más grandes.
El 56% de las explotaciones agropecuarias de menos de 100 hectáreas acumulan el 5% de la superficie productiva, mientras que el 9% de los predios de 1.000 hectáreas y más concentran el 60% de las tierras, según datos del Censo, elaborado por el Ministerio de Ganadería.
Al comparar los años 2000 con 2011, el estudio muestra que hubo una disminución de 8.190 productores que poseen entre 1 y 19 hectáreas, y en el renglón de explotaciones de entre 20 y 99 hectáreas hubo una reducción de 2.924 predios.
Esa caída en la cantidad de productores abarcó mayoritariamente a los rubros hortícola, frutícola, ganadería extensiva y lechería.
Considerando esos datos, “la Cnfr transmitió a Mujica su preocupación porque una limitante para la producción agropecuaria en el futuro es el despoblamiento del campo”, dijo Buzzalino. Añadió que “entonces todas las medidas que tiendan a radicar productores en el campo son bienvenidas, y en ese sentido es fundamental el acceso a las tierras”.
Rechazo.
Otras gremiales del agro como la Asociación Rural y la Federación Rural mantienen posturas diferentes a la Cnfr respecto a estos temas. De hecho, ambas se opusieron fuertemente a la implementación del Icir y llamaron a sus afiliados a recurrir ante la Justicia la ley 18.876, que creó ese gravamen en 2011 para los campos de más de 2.000 hectáreas índice Coneat 100 (productividad media del país) o su equivalente.
Ahora, la decisión del gobierno de que el agro pague el Impuesto al Patrimonio luego de la caída del Icir, también es resistida por esas gremiales rurales.
“No queremos más impuestos. Tenemos una política tributaria de 2007 que funciona muy bien”, dijo el titular de la Asociación Rural, Rubén Echevarría, entrevistado en “Claves Económicas” de Nuevo Siglo el 19 de marzo. Fustigó además al gobierno al decir: “Que empiece por achicar el Estado. En este momento vemos que no es bueno tapar los problemas con plata”.
Para la Asociación Rural el impuesto a la concentración de la tierra “tiene un efecto inverso”, dijo. Consideró que “muchos productores uruguayos, que no hace cinco o seis años que están en el campo sino generaciones de 70 u 80 años, y muchos establecimientos de más de 2.000 hectáreas ya están en manos de dos o tres hermanos, con hijos y nietos, que tienen que darles de comer”.
“Estamos en un país caro, y si le ponemos un impuesto fijo al patrimonio quizás empiecen a perder plata, se empiece a desalentar, y quién es el que se va a favorecer: los que tienen capitales extranjeros, que generalmente son los que aportan y pueden comprarle el campo al vecino”, razonó.
Patrimonio.
El Poder Ejecutivo anunció que esta semana remitirá al Parlamento un proyecto de ley que detallará el mecanismo de aplicación del Impuesto al Patrimonio en el agro.
Ese proyecto estipula que paguen ese tributo “los productores que tengan un patrimonio anual equivalente a U$S 30 millones y más”, publicó ayer miércoles “El Observador”. Los productores afectados por ese impuesto deberán pagar un gravamen de 1,5% anual, y se establecerán franjas al igual que el Icir.
“El universo de productores que deberá pagar el Impuesto al Patrimonio y el monto a recaudar son los mismos a los estimados para el Icir”, comentó el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, el lunes 1º, en conferencia de prensa realizada al término de la reunión del Gabinete Productivo del gobierno.
El gobierno tenía previsto recaudar unos U$S 60 millones con el Icir para la realización de obras de caminería rural en conjunto con las intendencias y lo pagarían unos 1.200 productores.
Desde la reforma tributaria de 2007 en el agro, solo pagaban el Impuesto al Patrimonio las sociedades anónimas con acciones al portador, que si bien en casos excepcionales están autorizadas por el gobierno a ser titulares de inmuebles rurales, eso no las inhibe del pago de ese impuesto.
En 2012 la recaudación de Impuesto al Patrimonio fue de U$S 18 millones, lo que significó un aumento 30,5% respecto al año anterior, según estimaciones de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería.
