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Si bien durante marzo la recaudación que hace la Dirección General Impositiva no se vio muy afectada —y, de hecho, aumentó—, sí cayeron los ingresos por apuestas debido al cierre de los casinos. Por el lado del gasto, se pagaron menos pasividades pero hubo que destinar más recursos en salud y en transferencias para mitigar el coronavirus y sus efectos sociales, lo que en parte se financió con el nuevo “Fondo Solidario Covid-19”; de allí salieron en el mes algo más de US$ 18 millones, la mayor parte para compensar a los trabajadores de la construcción durante su licencia especial. Los datos fiscales difundidos el 30 de abril por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran esos y otros efectos en los ingresos y egresos del sector público en marzo, aunque globalmente el resultado en los 12 meses no mostró cambios sustanciales respecto al año cerrado en febrero. En efecto, el déficit anual se mantuvo en el equivalente a 5,0% del Producto Bruto Interno (PBI). La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo en El País del domingo 3 que espera a causa de la pandemia “un deterioro de un punto y medio” en el resultado, con lo que el desequilibrio a fin de este año no sería “menor de 6,5% del PBI”.
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Con estos números como escenario base, el Poder Ejecutivo, bajo la coordinación del MEF y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, empezó en estos días a preparar el proyecto de Rendición de Cuentas de 2019 que, en principio, se limitará a exponer el resultado de ese ejercicio, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. Al mismo tiempo comenzó la preparación de la iniciativa presupuestal quinquenal, que se apegará a la consigna de reducir el gasto público y tratar de usar los recursos con mayor eficiencia. Uno de los informantes comentó que se planifica presentar el texto al Parlamento en torno a la fecha tope prevista constitucionalmente (antes de setiembre).
Una novedad en la información de marzo fue la referida al “Fondo de Solidaridad Covid-19”, creado por la ley 19.874 para financiar gastos asociados con el impacto de esa enfermedad. Si bien es de carácter extrapresupuestal, las estadísticas fiscales lo computan como transacciones entre el gobierno central y el BPS; sin embargo, no figurarán allí los ingresos provenientes de desembolsos de organismos multilaterales de crédito (dado que no inciden en el resultado fiscal “sobre la línea”), sino los originados en el “Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19” aplicado a los salarios públicos mayores a $ 120.000 y el adicional del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, las utilidades de 2019 del Banco República y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, además de las donaciones en dinero que se reciban.
De las planillas divulgadas por el MEF no surgen ingresos y solamente mostraron dos conceptos de egresos: $ 142 millones por refuerzos otorgados al Ministerio de Desarrollo Social para atender pagos adicionales por la emergencia sanitaria de la Tarjeta Uruguay Social y de varios programas de apoyo alimentario; y $ 654 millones para financiar parte de la partida extraordinaria de $ 16.505,52 otorgada a cada trabajador de la construcción para compensar la detención de sus actividades en el marco de la pandemia. Eso hace un total de gastos del fondo de $ 796 millones, equivalentes a US$ 18,5 millones calculados al tipo de cambio de fin de marzo.
Arbeleche destacó como una particularidad de Uruguay respecto a otros países que “los gastos de la epidemia se encapsulan en el Fondo Coronavirus”, lo que permitirá “determinar con exactitud cuáles gastos” están asociados al combate a la enfermedad y sus efectos. Agregó que en las conversaciones que mantuvieron con las calificadoras de riesgo Moody´s, Standard & Poor´s (S&P) y FitchRatings reafirmaron el “compromiso para recomponer las cuentas públicas (…). Creo que ha sido entendido el caso uruguayo”.
Calificación
Eso insinúa la decisión de la agencia S&P, comunicada el 30 de abril, de mantener la nota en “BBB” —dentro de la escala de inversión libre de riesgo o investment grade— y su perspectiva “estable”.
El impacto global de la pandemia del Covid-19 va a “lastimar a la economía uruguaya e incrementará el ya elevado déficit fiscal”. Sin embargo, estima que los proyectos de inversión y las medidas de ajuste del gasto permitirán mejorar las perspectivas” para el país, una vez que pasen los efectos de la enfermedad.
La calificadora destaca que el proyecto de ley de urgente consideración presentado al Parlamento por el gobierno incluye la creación de una regla fiscal y de un comité para recomendar reformas al sistema de seguridad social que indican un “compromiso para abordar las debilidades estructurales en las finanzas públicas”. No obstante, para S&P la consolidación “será solo gradual, dado que el probable alto desempleo luego de la recesión económica de este año limitará la capacidad del gobierno para hacer ajustes significativos en 2021”.
Prevé que el déficit en las finanzas públicas uruguayas trepará al equivalente a 6,2% del PBI este año —en parte por las medidas adoptadas para responder a la emergencia sanitaria y social— y que caerá por debajo de 4% en los siguientes (ver cuadro).
Si bien la deuda aumentará en 2020, las fuentes de financiación adicionales serán principalmente a largo plazo y con condiciones favorables, señala. Además, Uruguay “ha acumulado abundante liquidez externa en el pasado para administrar posibles interrupciones de financiamiento”.
A su vez, FitchRating divulgó el lunes 4 un breve análisis en el que destacó las “fortalezas institucionales” del país para enfrentar esta crisis, pero señaló también la debilidad de las “municiones” disponibles.
Esa agencia proyecta que la economía uruguaya se contraiga 3,3% este año y tenga un rebote de 3,6% el próximo. En ese contexto, la deuda en relación con el PBI aumentaría a 72% —por encima de la media de los soberanos calificados como “BBB”—, lo que para Fitch haría necesario acelerar los planes del gobierno para una consolidación fiscal, incluso reconsiderando la decisión de no aumentar los impuestos.
