Sin embargo, diversas fuentes consultadas por Búsqueda coincidieron en que el Estado uruguayo, si bien desde 2000 no se sentó a esperar, tampoco ha sido muy eficiente en el cumplimiento de esta tarea.
Las fuentes indicaron que para este poco avance conspiran diversos factores. Uno de ellos es que el tema está muy politizado. A ello se agregan la atomización y burocracia propio de cualquier Estado y los intereses corporativos.
No solo miles de uruguayos marchan cada 20 de mayo insistiendo en que el tema se mantenga en la agenda, sino que incluso el presidente del Círculo Militar reconoció ese derecho. Sin embargo, a la hora de llevar a la práctica medidas concretas las trabas abundan, aun en esta etapa en la que el mayor peso de la investigación recae en los magistrados que atienden 209 causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, 62 de ellas fuera de Montevideo.
Archívese.
Un ejemplo notorio, según los consultados, es el caso de los archivos que contienen información más o menos relevante acerca de la dictadura.
El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso Gelman vs Uruguay que entre las medidas de satisfacción y garantías de no repetición “el Estado debe adoptar en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.
Los dos años fijados por la Corte se cumplieron hace ya más de dos años, pero el gobierno de José Mujica no logró digitalizar los archivos que permitirían cruzar la información disponible.
Contar con esta información en tiempo real, si bien es difícil que aporte datos concretos acerca del destino de los desaparecidos, sí ayudaría a magistrados, familiares y otros involucrados a avanzar hacia la verdad, explicaron las fuentes.
Con la firma del decreto que creó el Grupo que integran Gelman, el ex diputado Felipe Michelini y otras personalidades honorarias, Vázquez dejó delineada su política en este delicado tema y ha despertado expectativas.
Sin embargo, más allá de los cambios que dispuso respecto a cómo se habían hecho las cosas hasta 2014, una visita a las oficinas de la galería Caubarrere, en Convención y 18 de Julio, donde funcionan el Grupo de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) de la Facultad de Humanidades en la calle Paysandú y Minas, permiten comprobar los escasos recursos humanos y materiales destinados hasta ahora.
En total trabajan 27 personas. Siete de ellas son los miembros honorarios del Grupo creado por Vázquez (algunos de edad muy avanzada), nueve son investigadores del GIAF y 11 trabajan en la Secretaría a cargo de la historiadora Isabel Wschebor.
La debilidad de esta estructura para, entre otras cosas, apoyar al Poder Judicial, se vería en parte mitigada por la coordinación con otras reparticiones del Estado.
En el caso de los archivos incautados en la casa del fallecido coronel de inteligencia militar, Elmar Castiglioni, la jueza penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, designó a tres peritos: el encargado del grupo de historiadores Álvaro Rico, Wschebor y el Archivo Judicial de expedientes Provenientes de la Justicia Militar.
Vázquez también se propone renovar el convenio con la Universidad de la República (Udelar) incluso ampliando las áreas de participación. Hasta ahora intervienen antropólogos e historiadores y está previsto que lo hagan también expertos en medicina forense, informática y derecho.
A diferencia del período anterior, en el cual el historiador Álvaro Rico y el arqueólogo José López Mazz formaban parte de la Secretaría a cuyo frente estaba la bibliotecóloga y ex tupamara Graciela Jorge, la responsabilidad política recae en el Grupo de Trabajo y la técnica en la Secretaría a cargo de Wschebor.
En paralelo, la Udelar llamará por primera vez a concurso para cubrir los cargos del GIAF, dijo a Búsqueda el vicerrector de Extensión, Hugo Rodríguez. Este grupo de investigadores que hasta 2014 fue dirigido por López Mazz se financiaba con recursos de Presidencia, pero sin que la mayoría de sus integrantes tuviera cargos docentes regulares.
La profesional más reconocida de los que integran el GIAF es Alicia Lussiardo, la única en el país que tiene formación como antropóloga forense.
Para apoyar el trabajo del grupo se contó con el apoyo del EAAF, el equipo de los más desarrollados antropólogos forenses argentinos fundado en 1984 bajo la dirección de Luis Fondebrider, que esta semana regresó a Montevideo después de muchos años para asesorar a los uruguayos y volcar su amplia experiencia en Vietnam, Chile, Montenegro, Guatemala, México, Chile y otras partes del mundo donde se buscan desaparecidos.
La creación de un equipo especializado de fiscales y la reactivación del grupo creado en el Ministerio del Interior permitiría también avanzar en las causas que existen en la justicia.
La Fiscalía General de la Nación creó la Unidad Especializada en Derechos Humanos para apoyar y asesorar a los fiscales que llevan causas vinculadas a los crímenes cometidos durante la dictadura.
Se trata de una unidad “de apoyo” que pretende “dar respuesta” a las dificultades que enfrentan esas causas, explicó el fiscal de Corte adjunto, Ariel Cancela. “Ustedes saben los problemas que han tenido esas causas”, dijo Cancela a integrantes de la organización de ex presos políticos Crysol, durante una charla el 29 de octubre. “La experiencia es que todos los operadores han ido aprendiendo como pueden en el tránsito de las causas”, afirmó.
Por eso, la Fiscalía pretende recoger información sobre todas las causas para analizarla y coordinar el trabajo. Hoy “cada fiscal tiene su causa, y no sabe qué pasa en la del otro colega”, explicó Cancela. “No ha sido posible hasta ahora manejar la información de forma transversal. Eso es lo que se propone hacer la unidad especializada”, precisó. También se capacitará a los fiscales en el contexto histórico del caso que investigan.
Al centralizar toda la información, la unidad podrá informar a los fiscales si hay elementos en otra causa que es relevante para su investigación, o sugerir que se unan dos causas, explicó Cancela. “No vamos a hacer una megacausa”, aclaró el fiscal. Pero sí se buscará “juntar” algunas que tengan coincidencias.
Además, los fiscales podrán trabajar en “estrategias comunes”, señaló Cancela. Hoy las defensas de los indagados sí tienen estrategias en común, pero no los fiscales, explicó.
Formulario y policías.
La fiscal penal Stella Llorente, que integra la unidad, explicó que enviarán a todos los fiscales que lleven este tipo de causas un formulario con preguntas. El formulario indaga en temas como dónde ocurrieron los hechos, quiénes están involucrados, las víctimas, los testigos. Es que se busca superar la información numérica sobre las causas que posee hoy la Fiscalía, y obtener datos completos sobre las investigaciones.
Esa información se recogerá para “sistematizarla” y “actualizarla”, dijo Llorente. El plan es recoger y procesar toda la información en dos años.
La Suprema Corte de Justicia, por su parte, libró el 23 de octubre pasado una circular a los jueces en la cual se informa que el “Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos” creado ad hoc en 2013 a instancias del Observatorio Luz Ibarburu en el Ministerio del Interior será incluido oficialmente cuando se apruebe la ley de Presupuesto.
Todas estas medidas, más el plan que presentará en estos días el Grupo de Trabajo dan cierto optimismo a las organizaciones involucradas en el tema.
“Hay un ejercicio funcional muy disperso y nos preocupa”, señaló a “El País” el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargonia, al tiempo que reconoció que “hay un cambio de actitud frente a la tarea”.
En el mismo sentido, Nilo Patiño, de Familiares, dijo a Búsqueda que existe una posibilidad de avanzar y que la organización aspira “a jugar un rol más activo en esta etapa”.
Excavaciones: sí pero no.
La búsqueda de los desaparecidos incluye bastante más que excavaciones. Sin embargo, cuando el equipo está en el terreno, crecen las expectativas de nuevos hallazgos. Ingresar a los cuarteles donde hasta ahora han aparecido tres cuerpos (el cuarto se halló en una chacra que estuvo antes en poder de la Fuerza Aérea) fue toda una pulseada entre el poder civil y el militar en 2005.
Una década después, si bien el ingreso a los predios militares no es un problema, las dificultades para avanzar en las investigaciones no han cesado.
Por un lado, los terrenos militares, en especial en Toledo y Gruta de Lourdes, son grandes y la información no es precisa, y por otro lado el terreno ha sido modificado.
Antes de renunciar a su cargo luego de haber sido cuestionado por Familiares de Detenidos Desaparecidos, López Mazz trabajaba sobre la hipótesis de que debajo de uno de los grandes galpones habría enterramientos clandestinos. Sin embargo, nunca se encontraron indicios suficientes que permitieran al juez adoptar la decisión de excavar.
López y Lussiardo, además, tuvieron discrepancias acerca de la existencia o no de la llamada operación Zahahoria, que habría supuesto la remoción de los restos de desaparecidos antes del final de la dictadura. Mientras el profesor de arqueología daba por un hecho que existió, Lussiardo se colocó en una posición más conservadora debido a que, según ella, no existe evidencia científica (restos de cal y de huesos) que permitan tal afirmación, sino apenas indicios y testimonios.
En ese contexto, el juez Pedro Salazar ordenó retomar las excavaciones en los terrenos de Gruta de Lourdes. Sin embargo poco después debieron ser interrumpidos debido a que se encontró la vaina de un viejo explosivo de entrenamiento, lo que hizo temer por la seguridad de los investigadores.
El juez Salazar, a cargo de la causa de María Claudia García de Gelman, dijo a Búsqueda que luego de que se detectara el artefacto explosivo, se suspendieron los trabajos y se realizó una audiencia para discutir si convenía continuar con las excavaciones. Salazar resolvió detenerlas hasta que se descarte la presencia de otros artefactos similares en el terreno. “Podía existir algún riesgo”, explicó.
Ahora, personal de la Brigada de Ingenieros del Ejército se encargará de inspeccionar la zona.
El pasado 27 de octubre, la Secretaría que dirige Wschebor publicó en su página oficial una noticia bajo el título: “Se retomaron hoy los trabajos en el ex Batallón Nº 13 de Infantería.”
Las excavaciones, sin embargo, no recomenzaron aún. La solución que encontró el juez Salazar para retomar los trabajos interrumpidos en agosto fue recurrir al apoyo de expertos del Ejército para despejar el terreno por tramos y una vez que esté limpio habilitar el ingreso de los técnicos civiles.
Fuentes militares confirmaron a Búsqueda que los trabajos de la Brigada de Ingenieros ordenados por Salazar aún no comenzaron y que probablemente esto ocurra en los próximos días. El artefacto está en poder del Servicio de Material y Armamento y la función de Ingenieros será ahora “detectar otros posibles fallos” en el terreno.
Información Nacional
2015-11-05T00:00:00
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