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Si bien advirtió que “no se baja” de los proyectos de ley sobre seguridad que envió al Parlamento y se parará firme para mantener “el sentido” de sus iniciativas, el Poder Ejecutivo aceptó incluir cambios en las propuestas para lograr que todos los legisladores oficialistas las apoyen.
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En particular, el gobierno tiene la convicción de que las resistencias que genera en filas del Frente Amplio el proyecto que autoriza a un juez a decretar la internación compulsiva de adictos a la pasta base harán que su aprobación se postergue un par de meses, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
En cambio, para el Poder Ejecutivo tendrán una “rápida sanción” parlamentaria, aunque con modificaciones, tres iniciativas presentadas en julio: el aumento a las penas a traficantes de pasta base y funcionarios policiales que incurran en actos de corrupción; la creación de un fondo para resarcir a las víctimas de delitos graves, y la modificación del sistema de castigos a los menores infractores.
“Manteniendo el espíritu”.
En los últimos días, representantes del Poder Ejecutivo han mantenido varias reuniones con la bancada de legisladores del Frente Amplio para explicar que “no se bajan” de sus propuestas y para conseguir que el oficialismo recurra a su mayoría parlamentaria y sancione los proyectos de ley sobre seguridad.
“Nosotros defendemos nuestras propuestas, modificaciones al texto va a haber, pero manteniendo el sentido”, explicó a Búsqueda el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
“Con lo que puede haber más flexibilidad en la espera de resolución es con respecto a la internación compulsiva, porque el centro no es la ley sino tener los lugares donde internar a las personas y eso lo vamos a conseguir luego de sancionada la Rendición de Cuentas”, dijo Bonomi, y agregó: “No puede atrasarse eternamente, pero tenés más plazos para aprobarlo”.
El ministro sostuvo que algunos argumentos planteados para oponerse a esa medida “están errados”. “Es mentira que la Policía va a detener gente por la pinta. Además, el objetivo es enfrentar el problema de la pasta base y no otras drogas, porque quien la consume queda totalmente deteriorado después de tres meses, perdió los principales atributos de la libertad”, afirmó.
Según fuentes políticas, la mayoría de los sectores frenteamplistas acordaron aprobar la medida si se cambia la redacción para proteger las “garantías individuales” de las personas. No obstante, los informantes señalaron que aun así no es seguro el apoyo de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L).
El paquete de medidas sobre seguridad también encuentra resistencias en la senadora del Espacio 609 Constanza Moreira y del Nuevo Espacio Rafael Michelini.
Ducsa.
En cuanto a la marihuana, el gobierno entiende que debe ser el Parlamento el que tome la decisión final luego de un “amplio debate”. El proyecto del Poder Ejecutivo habilita al Estado a regular la comercialización y producción de esa droga.
La propuesta enviada al Parlamento deja los detalles de la implementación de la medida en manos del Poder Ejecutivo.
El domingo 19, el periodista de la cadena internacional CNN Andrés Oppenheimer consultó sobre el tema al presidente José Mujica, quien afirmó que la idea del gobierno es que una “empresa privada” se encargue de la venta.
Al respecto, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, declaró en rueda de prensa que “lo que va a haber es un mercado regulado y controlado por el Estado que podrá, alguna persona que no sea directamente el Estado, sino un privado, con una licencia, autorización y control expreso, participar de la comercialización de la misma bajo determinadas condiciones”.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, dijo a Búsqueda que una de las ideas que maneja el gobierno es crear una empresa que funcione bajo el Derecho Privado pero que sea del Estado. A modo de ejemplo citó el caso de la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa), “que es propiedad de Ancap y tiene cientos de puntos de venta en todo el país”.
Sin embargo, Calzada aclaró que el Poder Ejecutivo todavía no tiene definido cuál va a ser el sistema porque todo depende de la ley que apruebe el Parlamento.
