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La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos advirtió al Parlamento que si no aprueba el proyecto de ley sobre financiamiento del terrorismo, Uruguay corre riesgo de entrar en una lista internacional “como país no cooperante”, lo que tendría consecuencias graves para el país.
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La secretaría, que funciona en la órbita de la Presidencia, incluyó esa alerta en el Informe y memoria anual de la gestión del gobierno nacional 2018, que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento.
El gobierno presentó hace más de dos años un proyecto que regula el combate al terrorismo, pero todavía no logró que el Parlamento lo apruebe. Algunos legisladores del oficialismo, en particular del Movimiento de Participación Popular, tienen dudas sobre su contenido.
El titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, solicitó al Poder Legislativo en varias ocasiones que sancione la norma y, como todavía no lo consiguió, volvió a pasar el mensaje en el informe que el 1º marzo envió el gobierno al Parlamento.
La aprobación del proyecto “resulta de suma importancia para los intereses de la secretaría y del Estado uruguayo, a efectos de poder obtener una calificación satisfactoria” en la evaluación internacional que enfrenta el país y que mide el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El gobierno presentó hace más de dos años un proyecto que regula el combate al terrorismo, pero todavía no logró que el Parlamento lo apruebe. Algunos legisladores del oficialismo, en particular del Movimiento de Participación Popular, tienen dudas sobre su contenido.
En caso de que a Uruguay le vaya mal en la evaluación, “puede ser incorporado a algunas de las listas de países no cooperantes que maneja el GAFI, listas que se publican y actualizan cada cuatro meses”, advirtió la secretaría. Y agregó que la inclusión en una lista “implica que los demás países van a adoptar contramedidas para protegerse” de los riesgos del lavado de dinero. “Esto se puede traducir en restricciones a movimientos financieros o comerciales con entidades públicas o privadas del país sancionado, encarecimiento de tasas de interés, disminución de precios como consecuencia de la realización de la debida diligencia intensificada o directamente en el cierre de cuentas bancarias de entidades financieras de dicho país”, detalló.
La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado tiene a estudio el proyecto de ley integral antiterrorismo que envió el Poder Ejecutivo a fines de 2016. El proyecto del gobierno tiene 56 artículos, pero el Movimiento de Participación Popular elaboró un texto alternativo más corto, con 25, que no contempla todas las medidas que exigen los organismos internacionales y que el Poder Ejecutivo quiere aprobar (Búsqueda Nº 2.000).
En las últimas semanas, Espinosa mantuvo reuniones con legisladores oficialistas y espera que la iniciativa se mueva en el Parlamento, dijeron fuentes políticas.
Resultados
La visita de los evaluadores está prevista para los primeros días de mayo, según el informe del gobierno. Para ese momento, Uruguay “debe mostrar la implementación de un sistema de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que cumple con las recomendaciones del GAFI y que las aplica eficazmente”.
“Con la actual metodología de evaluación no basta con que los países hayan aprobado leyes y reglamentos adecuados, sino que también se requiere demostrar la efectividad del sistema implementado para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, explica el documento redactado por la secretaría a los legisladores. Desde hace meses que las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos están preocupadas con ese punto de la evaluación, ya que consideran que Uruguay no tiene para mostrar una buena cantidad de condenas por delitos de lavado.
En el 2018, la secretaría intervino en 26 investigaciones, que involucraban a 204 personas físicas y 151 personas jurídicas, indica el informe.
