La cantidad de denuncias por mal uso de agroquímicos pasó de 107 en 2016 a entre 160 y 180 en este año, debido a una mayor sensibilidad en la sociedad respecto a este tema, principalmente en algunos departamentos del sur del territorio, como Canelones, San José, Colonia, Soriano y Florida. En eso incidió la aparición de casos puntuales vinculados a la mortandad masiva de abejas en Salto y Paysandú por malas prácticas en aplicaciones realizadas en campos de producción de cítricos y a la destrucción de cultivos hortícolas por la contaminación de agua empleada para el riego en Canelones, entre otros episodios detectados en 2017.
La mayoría de las denuncias comprenden situaciones de deriva de agroquímicos que llegan a lugares fuera del sitio objetivo de la aplicación, problemas de afectación de la salud, contaminación del agua e infracciones en la distancia requerida de los centros poblados o de las escuelas por parte de fumigadores. Las aplicaciones aéreas de fitosanitarios deben mantener una distancia de 500 metros de centros poblados o educativos y de 30 metros de cursos de agua, como ríos, arroyos, lagunas, represas y tajamares. Mientras, las máquinas aplicadoras terrestres de agroquímicos deben guardar una distancia de 300 metros de los poblados o de las escuelas y de 10 metros de cauces de agua.
En ese marco, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección de Servicios Agrícolas, prevé la implementación de un sistema de registro y monitoreo satelital utilizando equipos electrónicos a ser instalados en las máquinas fumigadoras terrestres, conocidas como mosquitos, y en los aviones pulverizadores. Esa disposición es de carácter obligatorio para toda persona física o jurídica que realice aplicaciones con ese tipo de maquinarias y los dispositivos serán autorizados por esa repartición ministerial y homologados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu).
La medida tiene que ser parte de la “licencia social” del sector productivo de Uruguay, dijo el titular de Servicios Agrícolas, Federico Montes, el jueves 7 en un taller sobre el asunto en cuestión, organizado por la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos (Camagro). En esa actividad dio a conocer los datos sobre las denuncias.
Consultado por Búsqueda ese jerarca adelantó que “en marzo comienza la fase obligatoria” para la colocación de los dispositivos en aparatos fumigadores terrestres y aéreos. Actualmente se instalaron unos 30 equipos controladores a modo de prueba en máquinas pulverizadoras en distintos puntos del país.
El objetivo es hacer un monitoreo en tiempo real, sin intervención del usuario y de la empresa, de los equipos utilizados, las fechas y la aplicación georreferenciada, lo que permitirá conocer datos de la carga de agroquímicos en distintas zonas del territorio y contar con capacidad de análisis de la información.
El jerarca de Servicios Agrícolas comentó que el productor o el contratista tendrá un costo de US$ 500 por cada aparato a ser colocado en la maquinaria o en el avión.
Anticipándose a eventuales críticas del sector agrícola, Montes comparó ese monto con otros valores. “¿Cuánto vale un mosquito? El más chuminga debe andar en 250.000 dólares”, dijo. Y acotó: “Entonces les digo: muchachos, por 500 dólares no estamos hablando, ¿no?, y el avión aplicador (vale) un millón y pico (entonces) no entremos en estos temas”.
“Si decimos que estamos haciendo las buenas prácticas agrícolas, hay que demostrar que estás haciendo bien las cosas, ¿o acaso estás ocultando algo? Si no es así, ¡entonces demostrámelo!”, señaló.
Los comentarios de Montes apuntaron a que el agro uruguayo saque provecho de esa política para presentarse en los mercados generando confianza y transparencia en cuanto a la sostenibilidad de la producción de alimentos, lo que es un criterio priorizado por el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre.
En respuesta a quienes consideran que el gobierno demora en adoptar medidas ante un asunto tan importante como el cuidado del medioambiente, el director de Servicios Agrícolas reconoció que hay un “aspecto tecnológico” y otro tema vinculado a que el sector productivo esto “no lo lleva”, argumentando “que el costo, que el control, que esto que lo otro”.
Sin dar fechas o fijar plazos, el jerarca indicó que el plan arranca con aviones, mosquitos (fumigadores) autopropulsados de 2.000 litros, eso es lo primero.
“Sabiendo que después vienen algunos a decir: pero estás agarrando a ese ¿y aquel que hace todo mal?”, expresó. Recordó que suele utilizar el ejemplo del elefante, el pony y la hormiguita. “No me hablés de la hormiguita, ¿quién hace el 80% de las aplicaciones?, ¿es el productor solo que trabaja su campito o es el que terceriza? Es el que terceriza”, señaló. Eso dijo en el entendido de que la mayor parte de las tareas agrícolas son realizadas por empresas prestadoras de servicios. “No les gusta y es la manera de pegar un trancazo”, advirtió Montes en alusión a la postura de los empresarios del sector.
Este año, el MGAP aplicó una multa de unos US$ 32.000 por el caso de contaminación de agua en Paso Picón, Canelones. Es la más alta de la historia de los Servicios Agrícolas, afirmó Montes a Búsqueda. Comentó que cada vez es más frecuente que las sanciones sean medias a altas, en lugar de leves.
“No me tiembla el pulso”.
La nueva plataforma web tendrá un centro operativo que funcionará en el predio de esa repartición ministerial, ubicada en la calle Garzón, donde se instalará una torre de control. Habrá “dos o tres funcionarios que van a estar todo el día mirando” las computadores y haciendo “análisis de riesgo”, que están en los centros poblados, las escuelas rurales y los cauces de agua, pero fundamentalmente donde están las 76 tomas de agua de la OSE, “que las tengo a todas georreferenciadas”, adelantó.
Además de la capacitación sobre el buen uso de los agroquímicos, Montes destacó que una de las prioridades de esa política del MGAP es la investigación como respaldo, “porque no se puede cobrar al grito o por sensación térmica”.
“Este año recibimos un informe del Parlamento que nos decía que teníamos que tener 1.000 metros de distancia de los poblados y escuelas para fijar las aplicaciones de agroquímicos”, contó y lanzó algunas interrogantes: “¿Por qué 1.000 metros y no otra distancia?, vengo de Francia y están los cultivos agrícolas a 10 metros de los hospitales, ¿cuál es la diferencia entre Uruguay, Francia y Alemania?”.
“¿Tenemos diferencia en los equipos de aplicación?, ¿los agroquímicos que usamos son de mala calidad?”, planteó.
Para estudiar ese tema, Ganadería estableció un acuerdo con el Instituto Julius Kühn del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania, que asesora al gobierno alemán en aplicaciones y tecnología. En ese marco, en 2018 iniciarán un programa de investigación a tres o cuatro años, para que ayude a tratar de objetivar ese tema.
Montes afirmó: “No me tiembla el pulso si tenemos que poner a 50 o 100 metros de distancia de una zona buffer, si está bien argumentado”.
“Ahora, si es un tema de que mejor no hagamos nada, no me parece”, acotó ese jerarca, dirigiéndose a algunos sectores u organizaciones que reclaman la prohibición de cultivos agrícolas, principalmente de soja, en ciertas zonas rurales.
