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El gobierno planteó en el Parlamento realizar un cambio normativo para explicitar los criterios utilizados en el otorgamiento de las pensiones graciables y conjugar estos subsidios con los regímenes de otras prestaciones sociales.
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El director general del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, presentó el jueves 2 a los senadores de la Comisión de Asuntos Laborales un anteproyecto de ley que busca modificar el régimen de pensiones graciables, una idea que se viene manejando desde mediados de 2011.
Dichas pensiones se otorgan a “personas que hayan prestado grandes servicios a la República” o que se destacaron en forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales, y a los cónyuges sobrevivientes y a los “descendientes y ascendientes en primer grado de consanguinidad” de tales personas, siempre que se encuentren en situación de “notoria necesidad económica”, según la ley Nº 16.301. Actualmente hay concedidas unas 800 pensiones graciables, con un costo anual cercano a los U$S 2 millones.
Estos subsidios han generado polémica. El año pasado, la diputada colorada Alma Mallo señaló que el Parlamento y el MEC fueron “engañados” en algunos casos por los aspirantes a las pensiones. Puso como ejemplo la situación del ex boxeador Dogomar Martínez, quien según dijo “tiene una pensión y cuenta con propiedades”, o el de la actriz Beatriz Massons, que cobra $1.000 en sus clases que “son muy numerosas”, publicó el diario “El País” en junio de 2012.
Al comparecer la semana pasada ante los senadores, Álvarez dijo que el gobierno ve la “necesidad de mejorar” el instrumento.
En primer lugar planteó revisar y “explicitar” los “criterios que se establecen” en cuanto a qué aportes a la sociedad deben hacer las personas para recibir un beneficio de este tipo. “El concepto de grandes aportes a la patria es un poco difuso”, afirmó.
Otro aspecto es el de hacer “conjugar el régimen de pensiones graciables con los regímenes de pensiones”, señaló el jerarca. “Si efectivamente la sociedad uruguaya avanza en su sistema de seguridad social, podríamos aspirar a plantearnos en un horizonte cercano que esta institución no debería tener razón de existir”, dijo.
El anteproyecto, de 15 artículos, indica que para acceder a la pensión se debe tener al menos 60 años de edad al momento de la solicitud, salvo que se trate de una persona con discapacidad. Se define que la situación de “carencia de recursos propios” se verifica cuando el ingreso personal sea inferior a 7,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC). Eso es $ 19.485 al valor de hoy.
También propone crear una comisión permanente en la órbita del MEC que, por mayoría de sus cinco miembros, podrá enviar un informe favorable al Poder Ejecutivo para que solicite al Parlamento la pensión graciable.
Asimismo, las pensiones no será inferior a cuatro BPC ($ 10.392) ni superior a ocho BPC ($ 20.784), según la propuesta del Ejecutivo. Esos montos son similares a los que en promedio alcanzan los subsidios vigentes hoy.
