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    El Poder Ejecutivo recusó a todos los magistrados que fallarían en una acción de inconstitucionalidad, porque son “juez y parte”

    “No tendríamos otro camino que recurrir a instancias internacionales”, dijo el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay

    El Poder Ejecutivo jugó fuerte está semana y recusó a todos los jueces designados para fallar en una acción de inconstitucionalidad que más de 400 magistrados presentaron el 27 de junio por un aumento salarial que les fue concedido en la ley de Presupuesto y luego quitado por una norma interpretativa.

    Según diversos especialistas consultados por Búsqueda, la decisión del gobierno lleva el asunto a un “callejón sin salida”. “A nadie le sirve un lío institucional, así que lo mejor va a ser sentarse a negociar sin que la sangre llegue al río”, señaló una alta fuente del gobierno.

    Sin embargo, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, el juez Carlos García, dijo a Búsqueda que la gremial aún no fue notificada de la recusación, pero que si eso se concreta los magistrados no tendrán “otro camino que recurrir a instancias internacionales”.

    “Cualquier hijo de vecino tiene a quién recurrir si se ve vulnerado en sus derechos, no puede ser que los jueces no podamos hacer lo mismo”, reflexionó.

    El especialista en Derecho Constitucional, Martín Risso, dijo a Búsqueda desde Sucre —donde se encuentra asistiendo a un evento académico— que “es claro que tiene que haber sentencia”.

    “Habrá que dictar sentencia igual, pero habrá un vacío en la ley en cuanto a cómo se integra. Entonces, habrá que integrar el derecho. Crear una solución jurisprudencialmente para este caso”, añadió.

    “¿Qué soluciones hay?, se preguntó. Y de inmediato respondió que las opciones son varias: “Sortear entre los abogados en ejercicio, pero puede ser demasiado abierta; sortear entre ex miembros de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; acordar un procedimiento tipo arbitral; recurrir a jueces extranjeros que sean muy reputados y que, por ejemplo, sean miembros de tribunales constitucionales”.

    “Habrá que ver qué es lo mejor. Lo único claro es que tiene que haber sentencia”, concluyó.

    “Diferendo”.

    El diferendo se originó luego de que el gobierno incluyó en la ley de Presupuesto una disposición que equiparó el salario de los ministros de Estado con el de los legisladores.

    Esa disposición trajo aparejadas una serie de inesperados aumentos, ya que el sueldo de los ministros se toma como base para calcular el de otros funcionarios.

    Por ejemplo, la “Ley orgánica de los tribunales” establece que la retribución que reciban los ministros de la Suprema Corte de Justicia no podrá ser inferior a la de los ministros de Estado. A partir de allí se construye una escala con el salario de los ministros de Tribunales de Apelaciones, de los jueces letrados y de los casi 500 magistrados de todo el país.

    De hecho, los jueces cobraron durante tres meses un incremento salarial que en el caso de los ministros de la SCJ ascendió a unos $ 25.000. Sin embargo, el gobierno envió al Parlamento una ley interpretativa —que fue aprobada— en la que se estableció expresamente que el incremento no alcanzaba a los magistrados y ni a otros funcionarios. Esa norma es la que los jueces atacan ahora por inconstitucional.

    Los cinco ministros de la SCJ se abstuvieron de intervenir en el asunto, porque consideran que estarían fallando sobre un tema que los involucra.

    En base a ello, la Corte fue integrada para el caso por cinco ministros de Tribunales de Apelaciones que no habían firmado la acción. Los ministros sorteados fueron: Jorge Catenaccio, Selva Klett, Luis María Simón, Beatriz Fiorentino y María Esther Gradín.

    Fue entonces que el Poder Ejecutivo realizó su movida y recusó a esos magistrados, al entender que son “juez y parte” en el diferendo, porque están resolviendo sobre un aumento de sueldo que eventualmente los beneficiará. Pero el Poder Ejecutivo no solo impugnó a esos jueces, sino que también recusó a los ocho ministros restantes que tampoco firmaron la demanda, con lo que llevó el tema a un verdadero “callejón sin salida”, dijeron las fuentes.

    Los ministros que también fueron recusados son: Eduardo Cavalli, Juan Carlos Contarín, Lilián Bendahan, Julio Chalar, Cristóbal Nogueira, Alicia Castro, María Cristina Cantero y María Elena Martínez.

    Tres más.

    Además de la acción de inconstitucionalidad planteada por los 400 magistrados, existen otras tres por el mismo tema. Una que presentaron las juezas de familia Graciela Durán y Agustina Chávez y otra que presentaron las juezas Beatriz Venturini y Fanny Canessa.

    Al mismo tiempo existe una acción de inconstitucionalidad que presentaron los ministros de la oposición del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, cuya retribución también está atada a la de los ministros de Estado.

    Ese proceso ya está bastante avanzado pero, por error, la Corte notificó únicamente al Poder Legislativo y no al Poder Ejecutivo. De hecho, según supo Búsqueda, en el gobierno están esperando que se les notifique esta demanda para recusar también a los miembros de la corporación, de manera de conseguir el mismo efecto.