El Poder Ejecutivo y Aratirí no firmarán el contrato de inversión

La Ley de Minería de Gran Porte estableció plazos para la firma del contrato de inversión una vez que el proyecto fuera declarado de gran porte. En diciembre venció ese período y en febrero el Parlamento modificó la ley y le dio al gobierno 360 días más para negociar. Ese plazo vence el martes 24. Pese a las prórrogas, las condiciones de mercado internacional no cambiaron y a cinco días de que venza el último plazo, el Poder Ejecutivo decidió no firmar el contrato con la empresa.

Según dijeron a Búsqueda fuentes en conocimiento de las negociaciones, durante la administración del presidente José Mujica la minera y el gobierno acordaron incluir una “condición suspensiva” en el contrato que establecía que Aratirí no podía iniciar su proyecto hasta que no tuviera la autorización ambiental, pero sí podía firmar el contrato de inversión.

El problema para la empresa es el tiempo que demanda la autorización ambiental. En 2011 Aratirí presentó su Evaluación de Impacto Ambiental a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para obtener la aprobación. La Dinama aun lo está estudiando y continúa solicitando a la empresa información complementaria.

Con el contrato ya firmado, la empresa tendría más facilidades en el mercado financiero internacional para asegurar el financiamiento de los U$S 2.500 millones que necesita para realizar el proyecto.

La semana pasada el Poder Ejecutivo envió, en un lapso de tres días, dos borradores de contrato diferentes a la empresa. En el primero se incluía aún la “condición suspensiva”, pero en el segundo borrador no se la incluyó, relataron fuentes vinculadas a la negociación.

La empresa Zamin Ferrous sigue siendo la casa matriz de Aratirí. El Estado uruguayo negoció el contrato con la filial, pero Agarwal ya no se encarga de las negociaciones, como lo hizo en el gobierno de Mujica. Hoy son los directivos de Aurum Ventures, otra empresa india, quienes llevan adelante los contactos con el Poder Ejecutivo y al mismo tiempo negocian con Zamin Ferrous la adquisición de Aratirí.

El nuevo borrador de contrato que envió el Poder Ejecutivo generó enojo en la empresa, al punto que el indio Ashish Deora, director ejecutivo de Aurum Ventures, y que lidera las negociaciones en nombre de Aratirí, canceló el viaje a Montevideo que tenía previsto. Planeaba llegar el lunes 16 e instalarse los días necesarios para negociar con el Poder Ejecutivo, pero desistió.

Segundo round.

El martes 24 vencerá el plazo y no habrá contrato. Pero lejos de llegar a su fin, la historia continúa, ya que se abre un nuevo escenario, aún más complejo.

A partir del miércoles 25, de acuerdo a lo que establece la Ley de Minería de Gran Porte, la minera Aratirí tiene 90 días para presentar otro interesado, y otros 120 días para negociar un contrato de inversión. Si no sucede, el Estado tendrá la “preferencia de compra” de los datos del proyecto durante 180 días, y las minas y las áreas mineras involucradas en el proyecto Valentines serán inscriptas en el “registro de vacancias”. A partir de ahí, el Poder Ejecutivo “podrá otorgar nuevos permisos” o “constituir un ente público o persona jurídica de propiedad estatal para continuar realizando la actividad minera”.

El movimiento Uruguay Libre, impulsor del plebiscito para prohibir la minería metalífera a cielo abierto, celebra que no se firme el contrato. Uno de sus referentes, Raúl Viñas, dijo a Búsqueda que “no están dadas las condiciones” por la “manifiesta incapacidad de Aratirí para realizar un estudio serio y levantar las observaciones técnicas de la Dinama”.

“Ya hemos demostrado desde nuestro movimiento, y no ha sido negado por nadie, que no dejará beneficios económicos, que la extracción no genera desarrollo ni agrega valor nacional, que el volumen de trabajo que se puede generar, salvo en la etapa de instalación, es mucho menor que el anunciado, y sin considerar las consecuencias ambientales del plan de cierre o abandono de la empresa”, agregó.

Por ello, para Viñas la movilización social debe continuar hasta que se prohíba la minería metalífera a cielo abierto en la Constitución: “Se viene el segundo round”, anunció.