N° 1861 - 07 al 13 de Abril de 2016
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLas vocaciones judiciales están estancadas o disminuyendo y la calidad de los aspirantes no es buena. “Es un hecho que se registra desde hace al menos cinco años. Los ingresos al Centro de Estudios Judiciales (CEJU), donde se forman los abogados que aspiran a ser jueces, siguen bajando y no alcanzan a cubrir las vacantes que se generan por retiro o renuncias” (“El Observador”, 13 de setiembre de 2014, “Solo dos de cada diez abogados aprueban curso de juez y se dificulta cubrir vacantes”).
La situación empeorará cuando se instrumenten los cambios previstos en el procedimiento penal. En 2012, 91 aspirantes tomaron la prueba de ingreso al CEJU y la aprobaron 15 (16%); en 2013, la aprobaron 20 entre 143 aspirantes (14%) y en 2014, 19 entre 92 (21%). Resumiendo, “salva la prueba (de ingreso) entre el 10% y el 20% de los postulantes” (loc. cit.). La calidad promedio de los aspirantes no es satisfactoria, o no es satisfactoria la calidad de su formación universitaria, o tal vez las dos cosas.
La judicatura también se está feminizando. La historia, “que evidencia que la Justicia ha tenido un claro predominio masculino, está en vías de cambiar. Prueba de eso es que actualmente, entre los 484 cargos de jueces que existen en Uruguay, hay 292 mujeres y 192 hombres” (“El Observador”, 3 de abril de 2016, “Poder Judicial se pone pollera: 62% de los jueces son mujeres”). Entre los jueces del interior, en particular, el 87% serían mujeres.
Esa nota no indica sus fuentes y entre sus datos hay algunas inconsistencias (por ejemplo: según sus propios números, el 60% de los jueces son mujeres). Pero también señala otras evidencias que apuntan, sistemáticamente, a la feminización de los jueces. Tal vez lo más destacable es que el proceso ya está llegando a las jerarquías judiciales: desde lo anecdótico (el nombramiento, a fines del año pasado, de una ministra en la Suprema Corte de Justicia, apenas la cuarta mujer que alcanza esa posición), hasta la presencia femenina (27 mujeres) entre los 51 ministros de los tribunales de apelaciones (53%). El futuro es aún más femenino. Las últimas cuatro generaciones que ingresaron al CEJU incluyeron 29 hombres y 44 mujeres (60%), cifra igual al porcentaje de jueces mujeres (y más alta, previsiblemente, que el porcentaje de mujeres ministras en los tribunales de apelaciones). El presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, sostuvo que “se puede prever que ‘en 15 o en 20 años todos o casi todos los cargos en la Suprema Corte van a ser ocupados por mujeres’” (loc. cit.).
Estos cambios pueden ser evaluados de distintas maneras, según desde qué dirección se los mire. Si se los ve desde la perspectiva de la condición femenina en una sociedad machista como la uruguaya, el juicio es muy positivo. Las mujeres han adquirido la formación y habilidades necesarias para competir exitosamente con los hombres en un campo altamente especializado. Y las instituciones judiciales son lo suficientemente fuertes y autónomas como para absorber estos cambios sin dificultades. Sobre esto no hay duda alguna, al menos desde una perspectiva igualitarista en materia de género.
Desde la perspectiva del propio Poder Judicial, esta feminización es un proceso ya bien conocido en otras profesiones y lugares. Indica, en términos generales, una pérdida de prestigio social de la carrera judicial. Esta pérdida de prestigio social es consistente con los dos procesos recién descritos (número y calidad promedio insatisfactorios de los aspirantes a la carrera judicial; feminización de la profesión).
Menos hombres calificados aspiran a ser jueces (ayudando, incidentalmente, a las mujeres calificadas). Lo que realmente importa, sin embargo, no es la proporción de hombres o mujeres jueces, sino su pérdida de prestigio social. La manera apropiada de encarar el problema no es tratando de aumentar el número de hombres en la judicatura, sino recuperando el prestigio social perdido de la carrera judicial, de modo tal que más hombres y mujeres mejor calificados aspiren a ser jueces. Esto construye un círculo virtuoso: cuanto mayor el prestigio social de la judicatura, más y mejores aspirantes competirán por ella; cuanto mejor sea la calidad de los jueces, más aumentará su prestigio, primero entre las elites y luego entre la ciudadanía.
¿Por qué es tan importante el prestigio social de la judicatura? En primer lugar porque, esencialmente, es su único recurso genuino de poder. No tiene la capacidad de hacer la ley (como las legislaturas), ni los enormes (a escala nacional) recursos del poder administrador, encarnados en el presidente, ni tampoco la legitimidad que la elección popular confiere a legislaturas y presidentes. No hace la ley, ni administra recursos significativos, ni es electa popularmente. Para tener influencia real las judicaturas sólo cuentan, entonces, con su prestigio social. En una democracia ese prestigio hace políticamente más caro el maltrato a los jueces, y en el límite, en las condiciones apropiadas, puede impedirlo. El prestigio social es una condición necesaria para la autonomía de los jueces.
La segunda gran razón de la importancia del prestigio social de los jueces es simple: se sabe que no hay democracia sin justicia autónoma e independiente. Una opinión crecientemente aceptada sostiene que las democracias nacieron, no por accidente, allí donde existían judicaturas aceptablemente autónomas.
Al menos para los que quieren fortalecer la democracia uruguaya, el Poder Judicial necesita ayuda para frenar el deterioro relativo de su prestigio social y comenzar a recuperarlo. En sentido estricto eso solo lo puede hacer él mismo. Pero no puede hacerlo sin ayuda, y sobre todo, no puede hacerlo en contra de los dos poderes restantes. No es una tarea fácil, porque construir o consolidar una judicatura independiente implica, necesariamente, alguna pérdida relativa de poder para legislaturas y presidentes: sus decisiones pierden discrecionalidad, porque los jueces establecen límites.
Entendámonos: el presente gobierno no ha ayudado, ni en los temas presupuestales, ni en las acusaciones que, en relación a distintos problemas, algunas de sus figuras han dirigido al Poder Judicial. Pero no es el responsable de la situación. Estos son procesos lentos, que llevan años y tal vez, en última instancia, generaciones. Por eso es que muchos, oficialistas y opositores, pueden (y deberían) ayudar aquí. Las voces de la sociedad y de las distintas fuerzas políticas son tan importantes para estos fines como para la defensa de la democracia en sí misma.