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Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Justicia se encuentran en uno de sus momentos más complicados. Eso se debe a que el Poder Judicial tiene un “supercomplejo de independencia”, lo que supone un obstáculo para el diálogo con el gobierno y con el Parlamento, opinó el vicepresidente Raúl Sendic.
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Para Sendic, la relación entre los tres poderes del Estado ha sufrido cambios importantes en los últimos años. Y, de acuerdo con su análisis, la posición que adoptó el Poder Judicial llevó a un extremo el concepto de independencia que establece la Constitución.
El vicepresidente hizo ese planteo durante la mesa de debate “A 30 años de la restauración, los desafíos de la democracia uruguaya”, que se realizó el viernes 27 de noviembre en el Palacio Legislativo. Además del vicepresidente expusieron el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, y el ministro del Tribunal de Apelaciones Edgardo Ettlin.
En su intervención, Sendic dijo que existe un buen intercambio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero no ocurre lo mismo con el Judicial. El hecho de que el vicepresidente de la República sea también el presidente de la Asamblea General del Parlamento es una herramienta que facilita la comunicación e intercambio con el Ejecutivo, explicó. “Tenemos carencias todavía importantes entre la relación del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo (y también entre) el Poder Judicial y el Legislativo”, prosiguió. “Creo que tenemos un supercomplejo de independencia, digamos, que no permite muchas veces ese intercambio. Porque una cosa es la independencia del Poder Judicial, y otra cosa es el diálogo que debería haber entre el Poder Judicial y los otros dos poderes”.
En otra parte de su intervención, el vicepresidente opinó que las nuevas formas delictivas que aparecieron en el país en los últimos años exigen un mejor diálogo de los dos poderes con el Judicial. Añadió que las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico tienen enorme capacidad desde el punto de vista de su infraestructura y recursos, que están “muchas veces por encima de las capacidades del Estado”.
Según el vicepresidente, se está habituado a decir que existen solo tres poderes, cuando en realidad hay “muchos más”. “Existen muchos poderes más afuera de estos tres que también juegan un papel adentro de la democracia: los poderes económicos, los poderes de las corporaciones, los poderes de los superricos”.
Las afirmaciones de Sendic tienen como telón de fondo el hecho de que las relaciones entre el Poder Judicial y el gobierno pasan por uno de sus peores momentos. El principal foco de enfrentamiento es el reclamo por parte de los integrantes de la Justicia de un aumento salarial a partir de una disposición incluida en la Ley de Presupuesto aprobada en 2010 (ver página 4).
Lesionar la credibilidad.
En la mesa de discusión del viernes, el ministro del Tribunal de Apelaciones explicó que, a diferencia de los otros dos, el Poder Judicial es democrático pero no electivo. “No puede tener un criterio ideológico ni ejercerse con criterio partidista. El Poder Judicial no puede constituir una corporación ni un partido, su cometido está directamente comprometido con la nación”, dijo.
En los últimos años —en especial durante el gobierno de José Mujica— varias de las sentencias de la SCJ fueron cuestionadas por el partido de gobierno. A juicio de Ettlin, las decisiones de la Justicia están tomando “cada vez más impacto en el sistema político y social”.
“Se trata de un control estricto de derechos sobre casos concretos, no se trata ni de definir políticas, ni manejar la agenda de los gobiernos del Estado, ni decirles a los otros poderes qué es lo que hay que hacer”, afirmó Ettlin.
El ministro de Apelaciones dijo que existe una “campaña de deslegitimación del Poder Judicial”, que enfrenta acusaciones de corporativismo “por no seguir determinada línea o determinado proyecto de gobierno y se ha atacado su independencia”. Y añadió: “No son inventos míos, son denuncias que han hecho los ministros de la SCJ. (…) Se ha planteado la eventualidad de juicio político ante determinados fallos cuando eso la Constitución no lo permite. Y así estamos”.
Sin espada y sin bolsa.
El ministro de Apelaciones explicó que el Poder Judicial tiene necesidades económicas que el actual gobierno y el Parlamento no han previsto en el proyecto presupuestal. Al respecto, advirtió que la falta de independencia financiera de la Justicia es usada como mecanismo de presión por parte de actores políticos. “Hemos escuchado, sobre algunas decisiones judiciales, decir: miren que somos nosotros los que les votamos el presupuesto. Y eso ha tenido algunos problemas”, denunció el magistrado. No obstante, Ettlin concluyó: “Habrá tiempos mejores y de mejor relacionamiento entre los poderes. Tenemos toda la voluntad de diálogo”.
El prosecretario Roballo, por su parte, dijo que es muy importante el sistema de “pesos y contrapesos” que existe entre los tres poderes. Sobre la discusión presupuestal planteada, sostuvo que el Poder Judicial recibió un aumento del 70% de sus fondos, el Tribunal de Cuentas el 75%, la Corte Electoral 76% y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 69%. Es un escenario que “está muy por encima de lo que es la media” en el resto de la administración, opinó.
