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Las leyes “no hacen magia”. Con esta advertencia de la senadora del Frente Amplio Daisy Tourné, legisladores de todos los partidos aprobaron el martes el proyecto de ley que establece que la atención de los adolescentes infractores dejará de estar bajo la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y pasará a ser un organismo descentralizado.
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Los senadores aprobaron ese proyecto —que ahora pasó a estudio de la Cámara de Diputados— con el objetivo de buscar una solución a uno de los temas más problemáticos de los últimos tiempos: la forma en que se atiende a los jóvenes que cometen delitos.
Hoy hay poco más de 500 adolescentes recluidos, y las denuncias por malos tratos y malas condiciones de vida en los centros aparecen una y otra vez.
Durante la votación en la Cámara alta los legisladores apelaron a la necesidad de promover cambios que permitan la reinserción de los adolescentes, aunque tienen claro que la ley no solucionará los problemas y por eso apuestan a mejorar la gestión en los centros de reclusión.
La situación de los adolescentes que cometen delitos fue uno de los temas que se debatieron en la última campaña electoral. Se propuso una reforma constitucional que planteaba, entre otros puntos, bajar la edad de imputabilidad de los menores. Esa iniciativa —impulsada en especial por el Partido Colorado— obtuvo 1.110.000 votos, pero no alcanzó los suficientes para ser aprobada. La reforma proponía también que existiera un servicio descentralizado dedicado “exclusivamente a la internación y rehabilitación” de los adolescentes infractores.
Meses atrás el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley con una propuesta similar, que crea un servicio descentralizado con el nombre de “Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente”. Esta semana, luego de que las autoridades del INAU reclamaran a los legisladores que se votara el proyecto, el Senado lo aprobó por unanimidad. El nombre no convenció a los senadores: ahora será el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
Según el proyecto, ese instituto tendrá como “objetivo esencial la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante un proceso psicosocial, educativo e integral”, que “conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de derecho”.
Entre los cometidos del nuevo instituto figura “propiciar un ambiente seguro en el que el respeto y la autoridad estén presentes” y “promover vínculos y relaciones” entre el adolescente y su familia para que sea “un sostén” en el proceso de rehabilitación.
El proyecto establece las características que deberá tener el personal que forme parte del instituto. Además de los requisitos generales para ingresar a la función pública, los trabajadores del Inisa “deberán acreditar las competencias específicas en cuanto a formación profesional y experiencia en el desempeño del cargo”. Además, el personal que ingrese “deberá presentar certificado de antecedentes judiciales”.
Tourné dijo que con esta institución se busca que los adolescentes “puedan reformular su proyecto de vida”, “reconocer el error” y “reparar el daño” que cometieron.
“Tenemos que ir al involucramiento (con los adolescentes). No es me los saco de encima y los encierro, sino que me hago cargo en el nivel que puedo. Y la institución en la que van a cumplir las medidas que proponga el Poder Judicial tiene que dar las garantías para que ese niño, niña o adolescente pueda esgrimir su proyecto de vida y pueda tener contacto con su comunidad. Las leyes no hacen magia”, afirmó Tourné. “Donde no debemos perder el camino es en la gestión que vendrá después”, añadió.
Verónica Alonso, del Partido Nacional, advirtió algo similar. Las cosas seguirán “muy mal” si los funcionarios que ingresen a la nueva institución son transformados en “carceleros” o están para suministrar medicamentos, afirmó. “Esperamos que esto no sea un cambio de nombre, sino un cambio más profundo”, añadió.
Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, manifestó que tenía una sensación “agridulce”. Aunque estaba “contento” porque se aprobaba un proyecto impulsado por su sector, lamentó que ocurriera cinco años después de que se presentara.
Pablo Mieres (Partido Independiente), opinó que el proyecto va en la “dirección adecuada”, pero expresó su “preocupación” por la “gestión”. Recordó que el Sirpa (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que será sustituido por el Inisa), perdió en pocos meses a dos de sus tres directores “por diferencias” con la titular del organismo, Gabriela Fulco.
