Por cuatro votos contra tres, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) resolvió ayer miércoles 19 respaldar el informe de una auditoría que constata “hechos y actos irregulares” en el préstamo millonario que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) concedió en 2009 a la empresa de cerámicas Metzen y Sena, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas a la investigación.
El TCR también decidió denunciar las irregularidades ante el Ministerio Público, algo que, según los informantes, es la primera vez que ocurre en la historia del organismo de contralor. Las irregularidades constatadas serán puestas en conocimiento, además, del Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores y la propia CND.
Votaron a favor de esta resolución el presidente del TCR, Siegbert Rippe (independiente) y los ministros Álvaro Ezcurra (Partido Colorado), Ruperto Long y Beatriz Martínez (Partido Nacional). En contra votaron los ministros León Lev, Oscar Grecco y Diana Marcos (Frente Amplio).
En octubre de 2011, Búsqueda publicó un resumen del informe interno de la CND, según el cual en 2009 el anterior Directorio de ese organismo había asignado créditos millonarios ilegales, arbitrarios y contra sus propios reglamentos, a los antiguos accionistas de la fábrica de productos cerámicos Metzen y Sena.
El informe auditó la concesión y el seguimiento de créditos por U$S 4.500.000 adjudicados a Metzen y Sena entre el 24 de julio y el 2 de diciembre de 2009, fecha en que el Estado solicitó el “concurso necesario” de la empresa (Búsqueda, Nº 1.634).
La fábrica cerró a fines de diciembre, dejó a unos 700 empleados sin trabajo, y en junio de 2010 la Justicia decretó el concurso. A mediados de este año, un grupo de acreedores que tiene prioridad para cobrar lo que Metzen y Sena les debe (quirografarios) pidió la liquidación de la empresa.
Los auditores concluyeron que no se cumplió con los procedimientos establecidos por la CND para el otorgamiento de créditos. El haber cumplido con los mismos hubiese permitido evaluar en forma previa los riesgos a los que se sometía la institución al conceder el crédito, pues se hubiera tenido conocimiento de que la empresa y sus representantes estaban embargados (uno de ellos, por la propia CND), los libros comerciales no estaban al día y, en el caso del balance al 30 de junio del 2007, presentaba patrimonio negativo. Además resaltaron que para habilitar los créditos no hubo informes de riesgo ni análisis de ningún tipo.
Según las reglas internas de la CND, para contratar con un particular el organismo está obligado a hacer una carpeta y pedir a los potenciales clientes información sobre el proyecto de inversión, los estados contables, el estado de responsabilidad de los representantes legales, referencias comerciales y bancarias, un detalle de las garantías que se ofrecen, la exhibición de los libros de la empresa, la posición financiera del involucrado en el sistema bancario y documentación que acredite que está al día ante los organismos fiscales.
Sin embargo, la Auditoría constató que esos elementos detallados “no se encuentran en la institución” y que los controles “no se llevaron a cabo”, según los diferentes departamentos relevados, porque sus jerarcas habían recibido “instrucciones precisas del Directorio en el sentido de acceder al otorgamiento del crédito”.
Sobre el embargo de uno de los directores, la Auditoría de la CND constató —y el informe del TCR verificó— que había sido embargado por la propia CND en el 2001. El embargo fue reinscripto en el 2006 por no pago de una deuda con el organismo “como consecuencia de otros créditos oportunamente entregados por la CND”. O sea que la CND prestaba dinero a quien la propia CND había embargado por moroso.
La Auditoría detectó que cuando el crédito fue concedido en julio de 2009, “no estaban al día los libros de resoluciones de la sociedad (...). Los estados contables posteriores al 30 de junio de 2007 y otras resoluciones sociales no estaban formalmente establecidas, lo que implica que, además de constituir incumplimientos legales, ello permitiría, de contar con la mala fe de los representantes de la empresa, modificar libros y balances correspondientes a ejercicios posteriores”.
Patrimonio y familiares.
El patrimonio negativo de Metzen y Sena a junio del 2007 ascendía a $ 72.896.245 por lo que de haberse solicitado la exhibición de los balances se habría constatado esa situación. La Auditoría interna recordó que los procedimientos de la CND “impiden contratar con empresas con patrimonio negativo, salvo en casos excepcionales cuyas particularidades en este caso no se dan”.
Una vez tomada la decisión de otorgar el crédito, inicialmente por U$S 4.000.000, un acta del Directorio de la Corporación del 30 de julio de 2009 dice que el Ministerio de Economía “ha acordado con el BROU la realización de una capitalización a la CND, a fin de atender la asistencia financiera requerida”. Pero los auditores no hallaron “documento alguno que acredite dicho derecho por parte de CND”.
El informe da cuenta de los 26 desembolsos realizados por la CND a favor de Metzen y Sena, que empezaron el 24 de julio de 2009 con U$S 374.445 y terminaron el 19 de noviembre de ese año con U$S 130.000, totalizando en ese período U$S 4.497.870.
Cuando se concretó la operación, los directores de la CND eran Martín Dibarboure (presidente), Arturo Echevarría y Tomás Alonzo.
El TCR confirmó “parcialmente” el dato de la Auditoría de la CND, según la cual uno de los controllers designados por parte del Estado en el caso Metzen y Sena es sobrino de quien era uno los directores de la CND en aquel momento.
De acuerdo con esa Auditoría, el controller Javier Echevarría sería el sobrino del entonces director Arturo Echevarría, algo que “además del riesgo reputacional para la CND, cabe analizar si existe repercusión judicial relacionada con las normas de conducta en la función pública”. Echevarría es el actual director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo.
“Improcedente”.
Para que el TCR pudiera adoptar una posición tuvo que solicitar en varias oportunidades información relevante para su investigación y descartar además sugerencias de la actual presidenta de la CND, Adriana Rodríguez, sobre quién debería ser el auditor designado para el caso dentro del propio Tribunal.
A junio de 2012, el TCR había recibido información parcial de cuatro de 32 puntos y el 25 de ese mes envió una carta al Directorio actual de la CND reiterando la solicitud, otorgándole un plazo de 10 días y anunciando que el caso podría ir a la Justicia si el TCR entendía que hubo “obstrucción” de funcionarios de la Corporación (Búsqueda, Nº 1.669).
En medio de ese “tira y afloja” por la información solicitada, el Tribunal recibió el 30 de abril una carta de la presidenta de la CND sugiriéndole al organismo qué inspectores designar para la evaluación del caso Metzen y Sena.
La sugerencia fue rechazada por los siete ministros del Tribunal, que lo consideraron “improcedente” (Búsqueda, Nº 1.664).
Al final de la sesión de ayer miércoles 19, el TCR determinó que de acuerdo al informe de su propia auditoría, se verificaron “una serie de irregularidades que eventualmente podrían llegar a encuadrar en alguno de los tipos penales en nuestro Código Penal”.
Por eso decidió aprobar el informe de su auditoría, comunicar a la CND, al Poder Ejecutivo y al Senado los “actos y hechos irregulares constatados”, dar cuenta a la Asamblea General y denunciar esas irregularidades ante el Ministerio Público y Fiscal.
