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Desde hace unas semanas, el Tribunal de Cuentas viene apareciendo en la prensa.
Motivo: el tratamiento del expediente N° 2021-17-1-0004433 referido a la modificación de la concesión en el Puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata.
Nunca imaginé que algún día me iba a ver en la necesidad de escribir estas líneas, pero nunca en mis más de 45 años como funcionario del tribunal y más de 15 como director de la División Jurídica se ha visto un ataque más brutal a los profesionales del tribunal. En efecto, no solo se ha agraviado a los directamente involucrados en el mencionado expediente, como la Dra. Irene Bucero y el Dr. Jorge Rodríguez Pereira, sino que en ellos, se ha agraviado a todos los profesionales de la División Jurídica. Y ello es muy grave. Con información incompleta cuando no falsa y con afirmaciones aviesas, se desacredita el trabajo que realizan los profesionales de la división.
La mera insinuación de que se han elaborado informes sesgados (“a pedido”), tanto sea políticamente como empresarialmente, es una mentira y constituye un agravio que corresponde rechazar con especial dureza.
Previamente a pasar al expediente de referencia, corresponde señalar que tanto la División Jurídica como la División Auditoría somos asesores del cuerpo de ministros.
Antes de entrar al tema que nos ocupa, es necesario explicar el procedimiento habitual que recorre un expediente desde que ingresa a la división.
Llegado el expediente a Mesa de Entrada de la división, el mismo es asignado por turno, al profesional del departamento que corresponda. Es facultad del director de la división, en coordinación con el director del departamento, alterar el turno, teniendo en cuenta la complejidad y volumen del expediente, lo que se hace regularmente aunque no en forma frecuente.
Producido el informe, el mismo es elevado a consideración del director del departamento. Este puede compartir lo informado (lo que ocurre a menudo), con lo cual lo eleva a consideración de la dirección de la división; pero, en caso de discrepar, lo conversa con el informante y si este mantiene su posición, elabora su propio informe y el Proyecto de Resolución correspondiente.
Tanto el informe preliminar como el del director del departamento, son elevados a la dirección de la división donde reciben el mismo tratamiento.
Y es el director o subdirector de la división quien eleva el/los informe/s a consideración de los Sres. Ministros, quienes lo tratarán en la sesión correspondiente.
En todo el proceso siempre se preserva la independencia técnica de los profesionales intervinientes y, en caso de discrepancias entre el informe preliminar y el definitivo, ambos son elevados a consideración de los ministros.
Ahora vayamos al expediente que nos ocupa.
Antes del ingreso del expediente al tribunal, coordinamos con la directora del Departamento de Contrataciones II (que es el que se encarga de los asuntos de los EEAA y SSDD) y, teniendo en cuenta la complejidad del mismo (más que nada por su resonancia pública) se resolvió asignar el expediente a un equipo formado por dos profesionales nuevos y de probada solvencia. Los mismos produjeron su informe y lo elevaron a la directora del departamento, Dra. Irene Bucero, una destacada profesional de larga y reconocida trayectoria en el tribunal con más de 30 años como funcionaria.
La Dra. Bucero, directora del departamento, discrepando con las conclusiones del informe preliminar, elaboró su propio informe y Proyecto de Resolución y, conjuntamente con el informe preliminar, lo elevó a la dirección de la división, otro excelente profesional con una larga y destacada trayectoria en el tribunal. Dicho profesional compartió el informe y Proyecto de Resolución elaborados por la directora y, con un informe complementario, los elevó a consideración de los Sres. Ministros.
Como se podrá apreciar, se siguió estrictamente el procedimiento habitual de los expedientes.
Pero el procedimiento se vio empañado por motivos exógenos, por filtraciones a la prensa de las distintas etapas, a medida que las mismas se iban produciendo. No voy a entrar en ese tema. Solo dos afirmaciones: en primer lugar, las referidas filtraciones son contrarias a la posición sustentada reiteradamente por el tribunal en lo que refiere al acceso a la información, en el sentido de no proporcionar ni informes preliminares ni papeles de trabajo hasta que el tribunal se haya pronunciado. En segundo lugar, tengo la certeza de que dichas filtraciones no se produjeron a nivel de la División Jurídica.
Concluyendo: los profesionales del Tribunal de Cuentas siempre han sido reconocidos no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional como profesionales estudiosos, serios y que producen sus informes estrictamente a partir de sus conocimientos jurídicos. Me consta que esta no fue la excepción. Insinuar que tuvieron otras motivaciones (tanto políticas como de intereses empresariales) es un infundio inaceptable que no solo afecta a los directamente involucrados en el expediente sino a todos los profesionales de la División Jurídica y, como consecuencia, afecta la credibilidad de sus informes y en definitiva la institucionalidad del Tribunal de Cuentas.
