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En Brasil se lo conocía como acuífero Piramboia y Botucatú, en Uruguay como acuífero Tacuarembó, en Argentina y Paraguay como acuífero Misiones. Sin embargo, todos esos sistemas de agua subterránea forman parte de un solo acuífero, el Guaraní, un nombre impuesto luego de que los avances científicos y los estudios geológicos comprobaran que se trataba de un único sistema.
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Los países debieron enfrentar la necesidad de lidiar en común con el agua subterránea de este acuífero que trasciende fronteras, y de hacerlo de forma coordinada. Un proyecto con fondos de cooperación internacional entre 2003 y 2008 le dio un impulso al tema. Sin embargo, desde entonces los vaivenes políticos han complicado una gestión integrada y conjunta. Mientras, los países realizan avances de monitoreo y estudios a la interna de sus fronteras, y una nueva iniciativa impulsada por Uruguay apunta a reunir esfuerzos regionales para mantener el tema vivo y evitar que la idea de una gestión conjunta caiga en el olvido.
Hoy las acciones se están diseñando sobre la base de datos recabados principalmente como resultado del Proyecto Sistema Acuífero Guaraní (SAG) 2003-2008. De hecho, acciones de monitoreo como las que comenzará a hacer Uruguay, y que ya hace Brasil, fueron parte de las recomendaciones. Además, Uruguay tomó la iniciativa de crear el Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas (Ceregas) con la ayuda de la Unesco. El Ceregas “es un instrumento que ha permitido avanzar y que no se detenga el proceso y ha traído expertos de afuera”, dijo Daniel Greif, director Nacional de Aguas. Brinda herramientas de capacitación y apoyo para que los países mejoren la gestión de aguas subterráneas en Latinoamérica.
Nueva red.
“Tomamos el compromiso”, destacó Greif. El gobierno está delineando los últimos detalles de una red de monitoreo del acuífero Guaraní que relevará información de 20 pozos de agua. Medirán presión y conductividad eléctrica, indicadores de niveles del agua y de su calidad. También harán un estudio inicial completo de la calidad del agua en esos puntos. La red se colocará en 20 pozos, principalmente de OSE, de entre 30 y 200 metros de profundidad. Unos tres estarán en Artigas, algunos en Tacuarembó, unos ocho en Rivera y también habrá en Tranqueras, que se abastece en un 100% del Guaraní.
A la red se sumarán los datos de monitoreo que ya se realizan en los 10 pozos termales profundos (de más de 1000 metros).
“Esta primera red de monitoreo regional va a dar una primera foto, después para atacar temas más específicos habrá que instalar una red más densa en zonas localizadas”, por ejemplo para evaluar a futuro la extracción de agua para seguir abasteciendo a toda Rivera, dijo a Búsqueda Alberto Manganelli, director ejecutivo de Ceregas.
La ciudad de Rivera y la de Santa Ana (Brasil) se abastecen en un 100% por aguas de la zona aflorante del Guaraní. Allí hay riesgo de problemas de calidad de agua. En la zona aflorante las areniscas están en la superficie del terreno y el agua debajo es más vulnerable a actividades humanas que se realicen encima, porque el suelo es permeable y allí es en donde se recarga el acuífero, explicó Manganelli. Las ciudades de Rivera y Santa Ana (en total unos 250.000 habitantes) están sobre esta zona y hay casas construidas directamente sobre la arenisca. El riesgo es la contaminación.
Otras zonas como Itapúa en el sur de Paraguay o Ribeirão Preto en San Pablo están sobre áreas aflorantes, con riesgos de calidad por actividad agrícola intensiva y el asentamiento de ciudades.
También la frontera entre Salto y Concordia es otro punto delicado. “El potencial conflicto ahí es que si se hacen demasiadas perforaciones se pierda la condición de surgencia (emana el agua sin bombeo) y temperatura, es como matar la gallina de los huevos de oro”, dijo Manganelli. La comisión binacional formada durante el proyecto SAG se continuó reuniendo y realizando trabajo de monitoreo a base de impulsos personales y sin una figura jurídica. No hay una gestión conjunta formal.
La sede Regional Norte de la Universidad de la República desarrolló un modelo matemático para tomar decisiones en la zona del litoral del acuífero que permite tomar decisiones sobre si realizar extracciones o no. Greif aseguró que ahora se están poniendo “condiciones más restrictivas”: se mide el agua de los pozos e inspeccionan con “una normativa más estricta para construirlos” y realizar el “seguimiento de los caudales”.
El acceso a pozos termales en Uruguay requiere autorización mediante decreto (214/00) y en la zona aflorante (menos profunda) rige el decreto 86/004 para la construcción de pozos de uso industrial, para riego agrícola u otros usos como el recreativo comercial. Sin embargo, no requiere trámite previo para uso doméstico. “En general los países tienden a regular, el problema básico son los controles, no tanto la normativa”, opinó Manganelli.
Las aguas del Guaraní “son un recurso valioso para el país que hay que manejar de manera sustentable, cuidar que no se contamine y no extraer más de lo que entra. Estamos sacando agua que entró hace 100 o 1.000 años, hay que tener un cuidado adicional. Lo que hagamos va a servir para cuidar a generaciones futuras”, destacó Greif.
De un lado y otro de las fronteras se hacen pozos pero la información y las decisiones a tomar son poco compartidas entre países. “Hacemos pozos de un lado sin preguntarle al otro lado. No quiere decir que no podamos seguir haciendo los pozos, pero un status de compartir información lograría un avance muy importante”, destacó Manganelli.
Gestión clave.
Tras el proyecto SAG los países acordaron construir una institucionalización común para gestionar el acuífero, luego de firmar un acuerdo político que se planteó en el Mercosur en 2010. Uruguay y Argentina ratificaron el acuerdo. El Parlamento paraguayo lo interpretó en un plano político, y lo tomó como un proyecto del entonces presidente Fernando Lugo, lo que, sumado a la interpretación de que se quería crear una estructura supranacional, lo llevó a rechazar la iniciativa. Brasil no llegó a discutirlo, y el acuerdo cayó.
A nivel internacional “el compromiso de Uruguay fue crear el Ceregas, una capacidad para mantener la coordinación de lo que está pasando en el resto de los países”, dijo a Búsqueda Jorge Rucks, director de Ceregas y subsecretario del Ministerio de Vivienda. “Es un proceso lento, Uruguay le ha dado todo el apoyo. Por eso firmó el acuerdo con Unesco (para crear el Ceregas) como una forma de concretarlo”, agregó. Se invitó a todos los países del Guaraní a integrar el consejo de administración, entre otros países latinoamericanos. Paraguay y Argentina están participando pero formalmente Brasil no ha respondido a la invitación, pese a que en las reuniones han participado representantes de la Embajada brasileña y elevaron informes a sus jerarquías.
“No se está apurado por volver al acuerdo político, pero sí se tiene conciencia de que a partir de trabajos técnicos se puede apoyar”, dijo Rucks. Hay heridas abiertas y Uruguay juega su carta con el Ceregas. “Ahora tenemos contacto con las instituciones responsables en cada uno de los países, nos han facilitado la información”, dijo. El segundo paso será “avanzar para proteger el recurso”.
El Ceregas busca financiar e impulsar un proyecto con Uruguay, Paraguay y Brasil, para montar un sistema de protección de las áreas de recarga del acuífero inspirado en la experiencia brasileña. El proyecto cuenta con el apoyo de Brasil, que está más avanzado en el tema y tiene la mayor área de recarga y extracción por pozos. “Queremos compartir los mismos criterios, coordinar y equilibrar la situación de los tres países”, destacó Rucks.
Por otra parte, por la Ley General de Aguas en Uruguay se creó la Comisión del Acuífero Guaraní que comenzó a funcionar en noviembre de 2015 y va por su tercera reunión. La gestión conjunta, coordinada entre países, aún no se ha logrado. “Entonces, uno de los desafíos es mantener viva la llama de la prevención y no esperar a tener un problema para empezar a actuar”, opinó Manganelli.
