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Quizá muchos uruguayos, al ser interrogados sobre la posible localización del archivo del presidente José Batlle y Ordoñez respondan que el mismo se encuentra en el Museo Histórico Nacional, en el Archivo General de la Nación o bien en cualquier otro importante repositorio estatal del país.
Sin embargo, la respuesta a esa pregunta es bien diferente a cualquiera de las suposiciones planteadas. Actualmente, este archivo se encuentra en manos de sus descendientes, esperando su incorporación al dominio estatal, a efectos de una adecuada conservación y mejor disposición de la tarea propia de historiadores e investigadores.
Hace ya algunas décadas que este patrimonio es materia de preocupación por parte de distintos actores de la vida académica y política uruguaya, dada su importancia para el estudio del proceso histórico nacional, no solo en términos políticos sino también sociales, económicos y culturales.
Es importante señalar, asimismo, que el archivo de José Batlle y Ordoñez está acompañado de otros dos, los que también se encuentran en propiedad de sus descendientes: el archivo de José Batlle y Carreó y el del Gral. Lorenzo Batlle Grau. Los tres cuerpos documentales permiten un abordaje de casi 130 años de historia, que van desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, con información sustancial de estos tres protagonistas históricos, dos de ellos presidentes de la República. Se trata de un conjunto que alcanza una cifra cercana a los 18.500 documentos, ordenados en 422 carpetas, que deben entenderse como una unidad documental indivisible.
Los descendientes de Batlle y Ordoñez han cumplido hasta ahora con el sagrado deber de conservar para las siguientes generaciones tales documentos, pero a medida que transcurren los años y aumentan los posibles decisores sobre los mismos, aumenta también la incertidumbre acerca de su destino final. Sabemos que estos archivos resultan de alto interés para instituciones extranjeras —universidades, bibliotecas, institutos orientados al estudio de la historia latinoamericana, etc.— pero no es deseable que allí terminen los mismos, en forma definitiva. Por el contrario, entendemos que su mejor destino es una institución propia del país, como manera de potenciar el conocimiento e información acumulada, permitiendo nuevas lecturas en relación con el ámbito político, social, económico e intelectual al que pertenecieron estos tres personajes de la vida pública nacional. En este sentido, es importante recordar también la larga tradición uruguaya de preservar archivos de diversos actores de la vida nacional, sin reparar en sus ideas políticas, filosóficas o religiosas. En razón de esta apertura conceptual se cuenta hoy con grandes repositorios que, en el futuro, deberán incrementarse y enriquecerse con nuevas incorporaciones documentales.
Por lo anteriormente expuesto los abajo firmantes de esta carta deseamos transmitirles a las autoridades nacionales —y en particular al Ministerio de Educación y Cultura— la imperiosa necesidad de incorporar el citado conjunto documental al Archivo General de la Nación, aunando los mayores esfuerzos para el logro de este importante propósito.
Dr. Julio María Sanguinetti, Cr. Enrique Iglesias, Dr. Gerardo Caetano, Dr. William Rey Ashfield
