En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El contrabando a pequeña y mediana escala está “profundamente arraigado en las economías y culturas de muchas localidades” del interior del país e históricamente desde el Estado los “bagayeros” no son vistos, en general, como protagonistas de una actividad ilegítima, sino que se lo entendió como un fenómeno social vinculado a la frontera. “Se ha tolerado este microcontrabando”.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Una aproximación a la dimensión de ese fenómeno estimó que el contrabando de alimentos y bebidas en los departamentos de frontera tiene un valor de US$ 320 millones anuales, una magnitud que varía significativamente con el diferencial de precios en el país vecino. A ese número, considerado conservador, llegó el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en un trabajo que su director, Agustín Iturralde, presentado el jueves 10.
“La política pública no logró abordar exitosamente esta problemática tan vieja, significativa y distorsiva. Por un lado, Uruguay sigue teniendo niveles de precios significativamente más altos que sus vecinos, esto incentiva importantes flujos de contrabando minorista en todas las fronteras. En resumen, la mayoría de la ciudadanía enfrenta niveles de precios altos y quienes logran acceder a precios menores lo hacen a costa de una gran afectación al comercio formal”, sentencia en el documento.
Los departamentos analizados fueron Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Cerro Largo, Rocha, además de Treinta y Tres y Tacuarembó (que no son fronterizos, pero presentan características similares a los anteriores).
Los factores vinculados al tipo de cambio suelen ser una parte de la explicación de las diferencias de precios a uno y otro lado de la frontera, que según un indicador publicado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica Campus Salto entre los años 2015 y 2019 los precios de los bienes del lado uruguayo se encontraron sistemáticamente por encima que los constatados en el lado argentino (Concordia). En los últimos ocho años, el desvío promedio del tipo de cambio real con la región respecto de su promedio histórico fue de aproximadamente 28% y actualmente se sitúa por encima del 40%, según el CED.
Las diferencias de precios pueden responder, también, a factores como la escala en ambos países; diferencias impositivas; los distintos márgenes en las cadenas productivas y comerciales; los costos y trámites regulatorios que enfrentan productos importados; y la intensidad en la competencia entre marcas e intramarcas, entre otros (ver nota aparte).
“Bagayeros” y formales
El contrabando representa una fuente laboral para un conjunto importante de la población de los departamentos fronterizos, en particular de sectores de ingresos medios y bajos, trabajadores por cuenta propia sin local ni inversión. Según la Encuesta Continua de Hogares del 2020, esa categoría ocupacional representaba 6,5% en Cerro Largo, 5,4% en Artigas, 4,9% en Rocha, 4,7% en Salto y 4,5% en Rivera, niveles sensiblemente superiores a la media nacional (2,3%), según el estudio.
Luego señala que, con el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, surge que el comercio de bienes no registrado habría sido de US$ 285 millones en 2012 y US$ 217 millones en 2016. También menciona una aproximación a cuál habría sido el gasto de consumo en alimentos y bebidas en los departamentos analizados: US$ 1.448 millones en conjunto. Y a partir de un informe presentado por el Centro Comercial e Industrial de Salto en conjunto con el de Paysandú sobre el efecto de aumento de las ventas ante el cierre de fronteras por la pandemia de Covid-19, calculó de manera simplificada que el contrabando en esos dos rubros en los departamentos de frontera habría alcanzado a US$ 320 millones (0,5% del Producto Bruto Interno).
Desde el punto de vista del impacto fiscal en Uruguay por el contrabando, el CED estimó en US$ 51,5 millones lo que abona el comercio informal de frontera por IVA en Argentina y Brasil.
También plantea una simulación a partir de una nueva línea de pobreza para los departamentos de referencia bajo el supuesto de que los precios locales de los alimentos y bebidas converjan en los precios del otro lado de la frontera. Tomando como referencia la última medición del Índice de Precios de Frontera de la Universidad Católica Campus Salto, optó por reducir en un 30% el valor de la canasta básica alimentaria: con esa medición, la incidencia de la pobreza sería 4,4% menor en los departamentos de frontera analizados. Eso implica que aproximadamente 34.000 personas dejarían de ser pobres. Si bien ese dato debe interpretarse “cautelosamente”, para el CED “muestra el importante potencial sobre la reducción de la pobreza que tendría el acceso a alimentos con precios similares a los de nuestros vecinos; del cual algunos ciudadanos de áreas cercanas a la frontera se benefician por medio del contrabando”.
A todo esto, el CED analiza alternativas de política pública, como medidas de “facilitación de la participación de pequeños y medianos comerciantes en los mecanismos legales de importación de bienes”. Eso requiere de la simplificación de regulaciones y trámites que “muchas veces actúan como barreras no arancelarias y como inhibidor de la participación de actores con menor capacidad”, afirma.
