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A raíz de un programa televisivo y de una carta a vuestro semanario con motivo de un libro de historia, han retomado actualidad los sucesos que desencadenaron el asesinato del bioquímico chileno, ex agente de la DINA, Eugenio Berríos en nuestro país.
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Ello me obligó a recordar mi participación parlamentaria en dicho acontecimiento. Aunque parezca reciente, ya pasaron dos décadas y uno revive hechos dolorosos que causaron gran impacto y siguen vigentes.
El ciudadano chileno, vinculado a tristes y deleznables violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pinochetista, vivió un tiempo en nuestro país, clandestinamente, en la ciudad de Montevideo y luego fue mantenido secuestrado en una casa de balneario.
Su traslado estuvo motivado en evitar que declarara como testigo ante la Justicia chilena por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria, en Estados Unidos, como misión de los servicios secretos de la dictadura.
El tema adquirió trascendencia parlamentaria cuando luego de escaparse de la casa del secuestro llegó a la Comisaría de Parque del Plata, acompañado por un vecino, marino militar retirado. Efectuada la denuncia correspondiente y firmada, a posteriori, sufrió un daño el libro de actas por orden del entonces jefe de Policía de Canelones, coronel (r) Ramón Rivas.
No solo se buscó borrar las pruebas, sino que se entregó de nuevo, a sus captores, al denunciante. Poniendo en real peligro su vida, como tristemente se confirmó tres años después, en 1995.
Convocados al Parlamento los ministros del Interior, Dr. Juan A. Ramírez, y de Defensa, Dr. Mariano Brito, se reunió una comisión bicameral para analizar el incidente. Me tocó a mí, como diputado, exigirle al ministro de Defensa la copia de dicha acta. Más allá de darle largas al asunto, nunca llegó a manos parlamentarias dicha copia.
Se buscó dilatar el tema.
Se hizo una maniobra diversionista, llegando al extremo que una figura ministerial de la época presentó una foto trucada, donde el posteriormente occiso aparecía leyendo un diario italiano, con la fecha de esos días. Con eso se buscó cerrar el escándalo internacional. Pero ello fue imposible.
El jefe de Policía fue destituido y hubo relevos en la Comandancia General del Ejército y otros mandos militares.
Mientras sucedían estos hechos, dos diputados, uno de los cuales fue el suscrito, recibimos amenazas de muerte en nuestros teléfonos domiciliarios.
Con posterioridad sufro un posible atentado de disparo sobre la habitación donde dormían mis hijas. Recuerdo, con gratitud, la diligencia del Dr. Juan A. Ramírez (ministro del Interior de la época) para que Policía Técnica dictaminara el hecho y su consejo que apartara las camas de la ventana.
Justo es recordar que los balazos y amenazas menudearon desde el inicio de los acontecimientos de Parque del Plata, durante su trámite parlamentario y afectaron, también, a los jueces que tuvieron que ver con las instancias judiciales posteriores.
No se trataba de un juego de muñecas.
Otro hecho insólito es que las actas de la investigadora parlamentaria de 1992 desaparecieron de la caja fuerte del Parlamento.
En abril de 1995, la crónica de la muerte anunciada se hizo realidad. Aparecieron los restos de un cadáver en los arenales del balneario El Pinar, a unos kilómetros de donde fuera arrebatado de la comisaría.
El estudio forense certificó, con una evidencia del 99%, que dichos restos correspondían al, hasta entonces, desaparecido Eugenio Berríos.
En tierra uruguaya, se cometió un asesinato.
La Justicia chilena procesó a militares chilenos por autoría del crimen y a militares uruguayos por asistencia y asociación.
En democracia nos vimos obligados a revivir métodos que creíamos finiquitados con la desaparición de las dictaduras a ambos lados de la Cordillera de los Andes.
Ahora bien, un libro de historia de mi ex compañero del Círculo Universitario de Ajedrez, Lincoln Maiztegui, actualiza el grave suceso y genera un pequeño debate.
Ello me obliga a leerlo, por el aprecio que me merece y por la obligación de recordar con rigor acontecimientos de los que fui protagonista.
Las nuevas generaciones tienen derecho a saber la verdad.
El esfuerzo de los historiadores por que se conozcan las verdades de nuestro pasado reciente merece nuestro respaldo.
La democracia se fortalece con la transparencia, con la evidencia de las pruebas y con el respeto mutuo en un debate civilizado.
