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Si algo está claro a esta altura de los acontecimientos es que lo más grave y preocupante del caso Pluna no es la pérdida multimillonaria que va a tener que afrontar el Estado (es decir, todos nosotros) como consecuencia de una larga sucesión de “errores” de gestión, asociación y manejo de la empresa, o que esos ingentes recursos fueron retaceados a áreas en los que son necesarios (educación, salud, seguridad, etc.), sino el daño que se le está infligiendo a nuestras instituciones y en especial a la confianza que la ciudadanía tiene en ellas, a partir de una serie de gestos y actitudes poco felices del sistema político que contradicen nuestra tradición republicana de respeto a la Justicia y a la separación de poderes.
No es necesario hacer el listado completo para tomar conciencia de la coyuntura en la que nos encontramos. Con mencionar algunas, alcanza y sobra.
En primer lugar, es grave y preocupante que a una parte del oficialismo le haya entrado el apuro —¡justo ahora!— por derogar a tontas y a locas el artículo del Código Penal que tipifica el delito de abuso de funciones para que ciertos funcionarios no sean juzgados por esa causa y queden así al margen de cualquier responsabilidad penal.
Es igualmente grave y preocupante que se conozca de antemano la duración de una subasta o los nombres de las personas a las que el fiscal del caso va a solicitar que sean procesadas por la Justicia, y que luego se atribuya ese acierto a una “suposición”.
Es grave y preocupante que se otorguen “avales perfectos” con sólo una telefoneada, que se concedan indemnidades y se realicen favores a empresarios amigos.
Es grave y preocupante que mayorías regimentadas voten leyes a tapa cerrada, defiendan lo indefendible e impidan constituir comisiones investigadoras por el solo hecho de no regalarle ninguna pelota a la oposición.
Es grave y preocupante que una fuerza política que está en el poder en vez de allanarle el camino a la Justicia para que investigue y dilucide el asunto como corresponde, convoque a “cerrar filas” en torno al gobierno y a los compañeros involucrados.
Es grave y preocupante que asistamos a una marcha de apoyo a un ciudadano que debe comparecer ante la Justicia, organizada por un funcionario público, y que ésta cuente además con el apoyo y la participación de dirigentes políticos, legisladores y del mismísimo señor vicepresidente de la República, cuya investidura institucional, el sentido común o el más mínimo decoro debieron habérselo impedido.
Es grave y preocupante, en suma, que se haya impuesto el principio de que lo político está por encima de lo jurídico e incluso de lo ético, que se menosprecie la inteligencia de los uruguayos de una manera tan grosera y atroz como se desprende de las explicaciones y excusas que escuchamos casi a diario.
Es grave y preocupante que haya un doble rasero y que se pretenda que las normas no sean parejas para todos, olvidándonos de un principio que es la piedra angular de la Justicia y por el que la izquierda peleó en su momento: el de igualdad jurídica. Quizás algunos no lo sepan o se hayan olvidado, pero la izquierda luchó en el pasado contra los privilegios de la derecha, es decir los de aquellos que se sentaban a la diestra del rey, los conservadores, los defensores del statu quo, los reaccionarios. Su superioridad moral residía allí, en la defensa de ese principio sagrado. Pero aquella era una izquierda liberal, pudorosa y principista. Por desgracia, buena parte de sus herederos se corrieron de asiento, se aliaron con aquellos que antes combatían. Se traicionaron a sí mismos. Mutaron.
No sé si esta crisis supondrá algún costo político para el Frente Amplio. No sé si le restará votos. Es imposible saberlo. Y, sinceramente, tampoco me importa. De lo que no tengo dudas es que constituye un golpe durísimo al imaginario de izquierda, a esa constelación de lugares comunes y clichés que la definen, pero sobre todo a la idea de que es impoluta e incorruptible.
Francamente, no es bueno que esto pase. No es bueno para el Frente Amplio ni para el sistema político en su conjunto. Necesitamos partidos transparentes, inflexibles en la defensa de la ética pública y, en especial, una izquierda que recupere su esencia. Que defienda la institucionalidad y la separación de poderes, por encima de amigos, socios, aliados, patrones y compañeros. Que tenga el retrato de Montesquieu sobre la mesita de luz y no el de Maquiavelo.
