Unos pocos días después de confirmados los primeros contagios de Covid-19 en Uruguay, el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, ya tenía bosquejado un “plan de contingencia” para enfrentar la propagación de la enfermedad y que trataba de minimizar sus consecuencias económicas. Diagramó un cuadrante con “qué actividades sí o sí mantener (abiertas), cuáles no, y cierto orden” para ponerlas nuevamente a funcionar, ponderando la relevancia de cada una en términos de producción, de empleo y del riesgo sanitario, una hoja de ruta para atravesar la pandemia luego avalada por el equipo de asesores científicos que él mismo coordina.
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Algunos sectores —como el agro— nunca se detuvieron, y otros —la construcción primero— testearon la eficacia de ciertos protocolos sanitarios. Parte del sistema educativo público y privado volvió a ser presencial, y la semana pasada levantaron sus cortinas los shopping centers. Vienen rezagados ciertos servicios, como la hotelería, los espectáculos artísticos y deportivos. Ante un ritmo de contagios cada vez más bajo, presionan al gobierno para que acelere esa “normalización”.
La estrategia del aislamiento voluntario como la adoptada por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou parece ser, desde el punto de vista sanitario y económico, la mejor. Así lo señalan Lucía Ferreira y Darío Vecchio a partir del trabajo Sostenibilidad económica o salud de la población, un falso dilema, que obtuvo el segundo premio en la edición enfocada en el Covid-19 que acaba de entregar la Academia Nacional de Economía. “Parecería ser el camino óptimo que maximiza el beneficio posible, y no parece ser muy atinado el falso dilema que entiende a la crisis sanitaria como un trade-off entre sostenibilidad económica y salud de la población”, sostienen.
Opciones de medidas
En su análisis adaptaron el modelo SIR (susceptibles, infectados y recuperados) utilizado para estudios epidemiológicos, pero adaptándolo mediante la incorporación de los expuestos (E), es decir aquellas personas que contrajeron el virus pero que aún no presentan síntomas y, por lo tanto, aún no son contagiosos.
El valor de una vida asumido es el valor esperado que se obtiene de ponderar los costos con una amortización de la esperanza de vida promedio, a una tasa de interés social. Eso conduce a un cálculo de cuánto es el gasto máximo justificable para que el “agente regulador” —el gobierno— extienda, en un año, la esperanza de vida de un individuo dentro de la población.
Su modelo para Uruguay tomó como datos una proyección del Instituto Nacional de Estadística de la población de Uruguay para el 2020 de 3.530.912,11 personas, con una edad media de 42,36 años. El valor de una vida en Uruguay es de US$ 117.547,46. Y como supuestos, los autores supusieron que la vacuna para combatir el Covid-19 va a estar lista a principios de 2021 (por lo que las medidas adoptadas en consecuencia finalizan entonces) y que las personas recuperadas de la enfermedad se vuelven inmunes.
Inacción.
Una primera opción (identificada en el estudio como “0-A”) calculó cuántas personas se contagiarían y fallecerían hasta el 13 de marzo de 2021 utilizando una tasa de reproducción promedio de varios autores (2,57 personas) y la tasa de mortalidad que se registró en Uruguay hasta el 9 de mayo. En el primer caso serían 3.197.658 personas (aproximadamente 90, 6% de la población total) y en el segundo, los fallecidos serían 81.988. Considerando la esperanza de vida media de la población, se perderían 3.133.579 años de vida. Los autores admiten que es posible que este cálculo esté sobreestimado debido a que las víctimas del virus, hasta el 9 de mayo, tenían 73,5 años de edad, en promedio. Además, al menos por ahora el sistema de salud uruguayo no colapsó; si lo hubiera hecho, la tasa de mortalidad podría haber sido superior al carecerse de los recursos médicos para atender toda la demanda de asistencia.
“Algunos países han optado inicialmente por este camino, como Brasil o Inglaterra, pero luego se vieron obligados a tomar diferentes acciones debido al ascenso en la cantidad de muertos y su repercusión política en los medios”, observan los investigadores. Esta hace “inevitablemente” un “shock negativo en el Producto (Bruto Interno-PBI) mundial que, por lo tanto, también afectará a nuestro país. Sin embargo, no se conoce cuál será el shock experimentado ni sus dimensiones”.
También en un escenario de inacción frente a la pandemia, una medición alternativa (“0-B”) de las posibles muertes por Covid-19 en Uruguay y su costo considera las tasas de mortalidad ocurridas en Wuhan, la provincia China donde se declararon los primeros casos del virus. Aplicadas a la cantidad de personas por tramo de edad —teniendo en cuenta la proyección de la cantidad de infectados y asumiendo que se contagia la misma proporción en cada franja—, se llega a un total de 53.468 fallecidos, con un 88% de la población del país infectada. En términos de años de vida humana, la pérdida acumulada con este enfoque es de 848.313 años.
Aislamiento voluntario.
Por otro lado, los autores analizaron las consecuencias de continuar por 12 meses con las medidas vigentes de exhortación a la población a quedarse en su casa, se paraliza la actividad de algunos sectores, de los centros educativos, los espectáculos públicos, fomentando el teletrabajo, pero sin una cuarentena obligatoria. Con esta estrategia (“O-1”) la economía no se para totalmente.
Considerando la cantidad de muertos por el nuevo coronavirus hasta el 9 de mayo (18), así como los datos etarios de cada víctima y la esperanza de vida de la población, los años de vida humana perdidos hasta esa fecha fueron 251. De proyectar esa evolución un año hacia delante se llegaría a 134 fallecidos y un total de 5.128 años de vida perdidos del ciudadano promedio de Uruguay en ese período.
El estudio tiene en cuenta el enfoque de J-value, que indica cuál sería el costo máximo óptimo de las medidas para maximizar los años de vida de la población. La importancia de este análisis radica en que, si bien las medidas de protección por parte del gobierno pueden ser necesarias, estas no deberían implicar un costo que provoque una caída tan importante en el PBI que termine causando más pérdidas de años de vida de los que salva.
Si se le aplica el J-value en su punto óptimo (J=1), el gobierno podría mantener esta medida de distanciamiento social voluntario siempre y cuando la caída del PBI per cápita no exceda el 22,94%; en ese caso, la cantidad de años de vida perdidos por esa profunda crisis económica serían mayores que las provocadas por el Covid-19 en un contexto de no acción ante la crisis sanitaria.
Con la condición de J=1, la alternativa “O-B” podría ser mantenida por el gobierno solamente si el PBI por habitante no cae más de 6,73%. En caso de que la caída del ingreso supere este umbral, la medida tendría un resultado neto negativo.
Cuarentena forzosa.
Otro camino —desechado por las autoridades uruguayas— sería adoptar una cuarentena total obligatoria hasta que esté disponible en el país una vacuna. En ese caso se paraliza toda la economía, salvo los servicios esenciales, y la población se aísla en sus casas, por lo que a los efectos del análisis los autores asumieron que la tasa de contagio se mantiene constante en todo el año que va hasta el 13 de marzo de 2021 (equivalente a un R0 de 1,1).
Utilizando el modelo SEIR, calcularon que en este escenario habría 4.481 infectados y unos 115 fallecidos (tasa de mortalidad de 2,564%; eso se traduciría en 4.391 años de vida perdidos tras 12 meses de cuarentena total.
Con esta opción de política (“O-2”), y siempre asumiendo como condición el J-value en su punto óptimo, el gobierno estaría en condiciones de mantener esta medida siempre y cuando la caída en el Producto no exceda el 22,95%; de ser mayor, la cantidad de años de vida perdidos por una eventual contracción económica de esa magnitud asociada a la cuarentena total y obligatoria, serían mayores que las provocadas por el Covid-19 en caso de no acción ante la crisis sanitaria (“O-A”). Respecto a la opción “O-B”, la estrategia sería viable mientras la baja del PBI no sea superior a 6,73%.
¿Qué hacer?
Después de exponer esas estimaciones, Ferreira y Vecchio analizan cuál es la mejor opción para Uruguay.
En las variantes de la inacción (“O-A” y “O-B”), las consecuencias “podrían llegar a ser catastróficas en términos de pérdida de años de vida humana”. Además, acotan que en tal caso no existe certeza de que la sociedad no decida tomar medidas (semejantes a la “O-1”) por sí misma al observar el aumento exponencial de los infectados y los fallecidos. La diferencia es que la población demoraría más en actuar, pudiendo ser tarde para contener los contagios pero aun así afectando la economía.
Descartadas esas alternativas, la “O-1” —la más parecida a la que lleva adelante el gobierno— permitiría salvar entre 843.185 y 3.128.451 años de vida humana, con 5.128 muertes luego de 12 meses con la enfermedad detectada en el país. Teniendo en cuenta el valor de una vida en Uruguay (los US$ 117.547,46), “sería justificable un gasto de entre US$ 99 y US$ 368.000 millones” que, sin embargo, el Estado no podría solventar, ya que suponen hasta casi seis veces el total del PBI de 2019, observan.
No obstante, los resultados de la aplicación de la “O-1” serían “beneficiosos si la economía no cae en más de 6,73%”. Pero no existe certeza de lo que sucedería si el Producto se contrajera entre 6,73% y 22,94% (el intervalo entre “0-A” y “0-B”). Si el PBI cayera más que 22,94%, las pérdidas de vida superarían a las que se salvarían con la “O-1” debido a la recesión económica.
“No hay dudas” de que el camino de la cuarentena total y obligatoria (“O-2”) acarrearía el impacto económico más negativo entre todas las opciones, si bien es también el menos costoso en términos de vidas.
