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    El conflicto en el puerto de Montevideo

    Por Lector

    Sr. Director:

    Montecon, empresa insignia en Uruguay del grupo multinacional Von Appen, y operadora de Áreas Públicas del Puerto de Montevideo, una vez más, y a través de un directivo de la misma, reitera su crítica sobre las condiciones imperantes en los servicios logísticos del puerto de Montevideo.

    Con insistencia goebbeliana el vocero repite el argumento de la existencia de un monopolio de hecho instaurado en la terminal portuaria.

    El hecho de que Montecon, introducida en el mercado logístico local mediante precarios arriendos sucesivos de corto plazo en Áreas Públicas, ahora aliente cambiar a posteriori lo esencial del ordenamiento portuario, constituye una irresponsabilidad y una amenaza al interés público del país.

    ¿Por qué sostenemos esto? Porque el bienestar de un país en gran medida depende de su capacidad de atraer y retener inversiones. La seguridad jurídica, el hecho de que los contratos celebrados sean cumplidos sin idas y venidas, es esencial.

    Cuando la referida seguridad jurídica se opaca, los inversores huyen despavoridos.

    Baste mirar las barbas de nuestros vecinos.

    Las inversiones portuarias son de gran porte y se debe dilatar en el tiempo el recupero de lo requerido para ellas. Montecon pide ni más ni menos que las reglas de juego sean cambiadas en su beneficio; reglas de juego fijadas en procesos licitatorios que les han sido ajenos.

    Receta venenosa para cualquier país es directamente lo que piden.

    La manida idea para desmontar el actual “monopolio” y sustituirlo por un duopolio es la dudosa aseveración de que ese estado de cosas terminaría favoreciendo la competencia.

    El nuevo argumento se basa en el primer inciso del Art. 16 del tratado básico de la asociación traspacífica de comercio, al cual Uruguay pretende adherir. En él se establece, en líneas generales, que cada contratante debe adoptar/mantener leyes de competencia adecuadas y tomar medidas para asegurar su cumplimiento.

    Música para los oídos del vocero del Grupo Von Appen, aunque seguramente no se reparó que en el siguiente inciso se establecen determinados señalamientos.

    En efecto, el siguiente inciso reza: “Cada parte procurará aplicar su legislación nacional en materia de competencia a todas las actividades comerciales en su territorio. No obstante, cada parte podrá prever ciertas exenciones a la aplicación de sus leyes nacionales de competencia siempre que dichas exenciones sean transparentes y se basen en razones de orden público o de interés público”.

    El atraer y mantener inversiones que por su monto están fuera del alcance de nuestro país es un claro caso de interés público.

    Se moja evidentemente, una vez más, la pólvora del reclamo del grupo germano - chileno.

    Por sus antecedentes, los principales accionistas  de Montecon son defensores a sangre y fuego de monopolios a la hora de hablar de logística portuaria (lo opuesto a lo manifestado en Uruguay); baste googlear información pública sobre las andanzas del Grupo Von Appen en el Puerto de Valparaíso.

    Mas Dios aprieta pero no ahorca: en estos días se abre una licitación convocada por la ANP para adjudicar las Áreas Públicas situadas frente a los muelles 3, 4 y 5 del puerto de Montevideo y que Montecon, en forma precaria, ocupa desde hace más de una década.

    Hasta ahora la empresa no se ha presentado a sucesivos llamados (salvo el escándalo protagonizado al introducir dos ofertas en un mismo sobre en una licitación que merece un capítulo aparte), tal como ha sido señalado por autoridades jurídicas de la ANP.

    Quizá esta sea una buena oportunidad de que esta multinacional realmente compita y abandone su zona de confort de precariato en reiteración real.

    Andrés Merino

    Observatorio Atlántico