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Más allá de la admiración que uno pueda sentir por los dioses griegos, parece claro que los problemas de la economía y la seguridad social no nacen del Olimpo: hay acciones humanas que determinan los hechos que suceden. Tal es el caso de la historia que recordaremos hoy, desconocida por algunos, y ocultada por otros. Como es sabido, el viejo Banco de Previsión Social fue creado por la Constitución de la República de 1966 y antes de su origen existían las llamadas Cajas de Jubilaciones y Pensiones. Como suele ocurrir, los regímenes jubilatorios y pensionarios en sus orígenes son superavitarios por cuanto son muchos los que aportan, esos aportes se van capitalizando, y son pocos los jubilados y jubiladas. Así ocurría en particular con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y el Comercio, que había acumulado enormes cantidades de fondos a lo largo del tiempo, especialmente en los finales de la década de 1950 (a lo que había que sumar el clientelismo partidario en los trámites que eran excesivamente largos y solían requerir “la ayuda” de algún diputado o político, así como el manejo del valor real de las pasividades que solían caer sistemáticamente, salvo cuando eran años electorales).
En determinado momento las cajas Civil (en particular) y Rural tuvieron importantes déficits ¿Y qué se les ocurre a los gobernantes de la época? Echar mano al superávit de Industria y Comercio para cubrir dichos déficits y a cambio le entrega a esta última “bonos”, “papeles”, como respaldo de esa plata que le había pedido, se supone, “prestada”. Pero en determinado momento a alguna mente “brillante” de la época, muy perversa, se le ocurrió no hacer frente a esas obligaciones y no pagar esos bonos. Y entonces otra mente brillante decide que esos bonos o papeles se terminen prendiendo fuego en las calderas de calefacción de lo que hoy es el edificio principal del BPS, cosa que fue vista por varios funcionarios (entre ellos el queridísimo Asdrúbal Cáceres Moreno, que hace muy poco falleció a los 97 años, y que en el año 1985 al ser restituido por la lucha democrática de nuestro pueblo nos repetía a los más jóvenes que “lo que pasa es que empapelaron la Caja y prendieron fuego los papeles”). Así las cosas, si a ese dinero superavitario que se malversó se le aplicaran los intereses, multas y recargos que cobra el BPS, este sería absolutamente superavitario.
Este problema ha sido brillantemente analizado por el profesor y economista Ulises García Repetto1, quien recuerda que se llamó “empapelamiento” al procedimiento por el que el Estado colocó un muy alto porcentaje de deuda pública interna, con tasa de interés fija, en las cajas previsionales. Pero luego la economía entró en un período altamente inflacionario que fue fagocitando los valores reales. “En este escenario de suba general de precios, deuda pública no indexada y limitadas posibilidades de inversión, estos organismos verán cómo en pocos años se evaporan sus ahorros”, completamente. “A partir de los setenta las cajas estatales se volverán deficitarias pasando a ser una carga para las finanzas del Estado”, habiendo contribuido “en el proceso de liquidación de las reservas las restricciones en las posibilidades de inversión, liberalidad del sistema previsional público que otorgó beneficios previsionales sin estar debidamente financiados, el mal gerenciamiento y el oportunismo de los empresarios, los políticos y del Estado al momento de hacer frente o disponer de los ingresos del sistema”, siendo “una conducta rapaz” (como que hubieran sido aves de rapiña) “con relación a las reservas acumuladas por estos institutos”.
Para aproximarnos al corazón del problema, digamos que el sistema previsional en su conjunto —estatal y paraestatal— hacia el año 1954 “tenía un stock de deuda pública que representaba casi el 19% del PBI o, en otros términos, ascendía al 140% del gasto corriente anual del gobierno central”, dando “cierta tranquilidad respecto a la posibilidad de soportar en el plazo mediano los déficits que provocaría la transición demográfica” (de la que tanto se nos habló en 1995 cuando la reforma de las AFAP y se insiste ahora para justificar la próxima “reforma”).
Sin embargo, nadie nos habla de esta parte de la historia. Hay actores de aquellos años que aún siguen vivos (el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, que había empezado su militancia política a los 17 años, en 1958, el Dr. Julio María Sanguinetti, periodista desde 1953 y luego columnista del diario Acción y diputado desde 1963, el Cr. Enrique Iglesias, quien fuera secretario técnico de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico —CIDE— entre 1960 y 1967, por nombrar solo tres que luego desarrollaron muy importantes carreras políticas).
¿Por qué no se cuenta esta parte de la historia? ¿Por qué —al ocultarla— nadie se hace cargo del origen de los problemas que se arrastran hasta el presente? ¿No debería pedirse perdón a aquellas generaciones estafadas, cuyos aportes previsionales fueron dilapidados? ¿Los correligionarios de aquellos gobernantes no deberían transparentar esta historia? ¿Quién se hace responsable de lo que parece revestir todos los atributos de una estafa política y económica? Por más que se la oculte, no habrá Zeus posible que pueda bajar a la tierra para perdonar tamaños desatinos.
Adolfo Bertoni
Expresidente de ATSS
CI 3.289.304-5
(1) La descapitalización de las cajas de jubilaciones en el Uruguay: el empapelamiento de las cajas, 1943-1967. Serie Documentos de Trabajo, DT 23/2014. Instituto de Economía. Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Universidad de la República.
