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    El derecho al trabajo

    Sr. Director:

    “Los empleadores habían abierto en 2015 una tregua que se extendió por dos años, por la que se comprometieron a no promover que el caso uruguayo fuera considerado en la llamada ‘lista negra’ de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. Esa lista la integran países que no respetan leyes laborales y otros observados por no respetar las libertades sindicales.

    ‘En 24 meses no logramos nada. Presentamos propuestas y el gobierno también hizo su esfuerzo, pero el PIT-CNT no presentó nada’, dijo a ‘El Observador’ el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo.

    En una reunión celebrada este lunes entre representantes de las cámaras de Industria y Comercio se acordó volver a insistir en la OIT para que se analice el caso.

    El punto que encabeza las reivindicaciones de las cámaras empresariales se basa en la negativa del gobierno y el PIT-CNT a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones”.

    Los cuatro párrafos previos y entrecomillados fueron publicados por la página web del diario “El Observador” el lunes 30 de enero.

    Si bien tardía, ya que se esperó en vano dos años por una muestra de sensatez de la central sindical —que cualquier uruguayo tiene claro que jamás llegaría—, la decisión de las cámaras es la única carta que queda para restablecer el derecho básico al trabajo y a la libre circulación a quienes quieran ejercerlo.

    Este gobierno y esta central sindical se la pasan hablando de derechos para todos —y todas—. Omiten decir que no se trata de principios sino de intereses y que, para ellos, los únicos derechos son los propios y los de sus amigos.

    Este gobierno y esta central sindical tienen tanto poder que lo creen absoluto y solo cambiarán ante la necesidad, no a través de una negociación amigable, constructiva y de buena fe que ya congelaron por más de 24 meses. Hoy, la necesidad de inversión extranjera —Botnia, fundamentalmente— y el temor al escarnio internacional es la única alternativa para poner límite a este desbalance de derechos.

    Ojalá nada haga desistir a las cámaras empresariales y esta denuncia sea el triste precio a pagar para vivir en un país más justo.

    Saludo al Sr. Director muy atentamente,

    Ramiro Gutiérrez