El desafío del impuesto a los combustibles

El presidente de Francia, E­mmanuel Macron, no es el primer político que enfrenta dificultades con los impuestos a los combustibles. A comienzos del año pasado, en Brasil, una huelga de camioneros paralizó el país y contribuyó al triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. En 2000, el movimiento Dump the pump (No usar la bomba) parecía que iba a impedir que Tony Blair alcanzara un segundo período gubernamental. En Estados Unidos, el tema es tan políticamente tóxico que se ha permitido que la inflación erosione dos quintos del valor del impuesto federal a los combustibles desde la última vez que fue reajustado, hace 25 años.

Con respecto al diesel y otros combustibles, el precio relativo que conduce a las decisiones correctas sobre el consumo y la producción tiene el efecto distributivo incorrecto. Gravar el diesel para hacerlo más caro reduce la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, lo que produce gran satisfacción entre la población educada que reside en las ciudades y toma el metro para ir a trabajar. Sin embargo, causa profundo descontento entre las personas que habitan en zonas rurales y deben recorrer grandes distancias, y también entre los propietarios de pequeñas empresas que dependen de sus camionetas a diesel.

Aumentar el impuesto a los combustibles es como recortar un arancel a las importaciones: en los dos casos se reducen las distorsiones en el precio, pero también se producen ganadores y perdedores. La solución económica estándar es compensar a los perdedores. Cuando se recortan los aranceles, a menudo se discute tal compensación, pero rara vez se la aplica. Cuando se trata de los precios de la energía, la compensación puede funcionar si los perdedores también resultan ser los pobres. Hace tres años, cuando Ucrania redujo los subsidios a los precios domésticos de los combustibles, un pago único en efectivo ayudó a los jubilados pobres y a los trabajadores con remuneraciones bajas a mantener sus hogares calefaccionados durante el invierno.

Con el diesel, la situación es más complicada. Las personas muy pobres típicamente no son propietarias de vehículos grandes que utilicen este combustible. Tampoco se lo emplea para cocinar ni para calefaccionar. Es verdad que los ómnibus del transporte público usan diesel, pero un ciudadano pobre puede compartir el peso de un aumento de precio con las otras 20 o 30 personas que utilizan el mismo ómnibus.

Los grandes perdedores cuando se incrementa el impuesto al diesel son sólidos miembros de la clase media, y los ministros de Hacienda temen los esquemas para compensar a esta clase por dos razones. Es políticamente difícil entregar dinero a quienes están en el medio sin hacerlo a todos los que están más abajo en la escala de ingresos, lo que hace que la compensación sea costosa. Y el precedente que se sienta en un caso puede ser invocado en innumerables casos posteriores. Cuando la moneda se deprecia, aumenta el precio de las importaciones de consumo; a medida que las ciudades prosperan, suben los precios de los inmuebles más deseables; a medida que prosperan los países, también aumenta el precio (relativo) de los servicios, desde cortes de pelo hasta limpieza de hogares. ¿Se supone que Hacienda también debe compensar a la clase media por estas reducciones en su poder de compra?

Es resumen, el incremento de los precios de los combustibles, sea producto de una disminución de los subsidios o de un aumento de los impuestos, es difícil de contrarrestar. No debe sorprender entonces que haya gatillado agitación social desde La Paz hasta Lahore y desde Cairo a Coventry, y ahora en París.

Lo que parece nuevo en los episodios recientes es el sentido de ilegitimidad política. Tener que pagar más es suficientemente doloroso, dicen los electores. Desconfiar de que las autoridades empleen este dinero de manera beneficiosa añade leña al fuego.

Batalla cuesta arriba

Tomemos el caso de Brasil. Durante años, el gigante petrolero Petrobras vendía los combustibles dentro del país a un precio más bajo que el mundial, y sus accionistas (entre los cuales, los contribuyentes brasileños son los más importantes) asumían los costos. Esto era lo que estaba en el dominio público. Lo que no se sabía era que Petrobras también era sede de uno de los esquemas de corrupción más grandes de la historia. Algunos políticos utilizaban la compañía para contratar a sus amigos y para financiar sus campañas; otros la utilizaban para llenarse los bolsillos propios. Hasta el día de hoy, miles de millones de dólares siguen desaparecidos.

Adelantemos al pasado reciente. A partir de 2016, el nuevo gobierno de Michel Temer dio órdenes a Petrobras para que terminara con los subsidios y empezara a cobrar precios internacionales por sus productos. Y cuando la moneda se depreció, los precios en reales en las estaciones de servicio aumentaron aún más. El impacto lo sintieron en el bolsillo los consumidores locales.

Evidentemente, a la gran mayoría de los brasileños no le importaron las complejidades de la paridad internacional de precios. Lo que sí le importó fue que una empresa famosa por su corrupción subiera el precio del combustible, metiendo su sucia mano en sus bolsillos. Así las cosas, cuando los camioneros bloquearon los caminos para exigir una reducción del precio del diesel, el 87% de la población apoyó su huelga. El CEO de Petrobras, un economista respetado que había sido contratado para que saneara la empresa, se vio obligado a renunciar.

En Francia no ha existido un escándalo de corrupción semejante —por lo menos recientemente—. Sin embargo, se huele un tufillo de ilegitimidad en el loable intento de Macron por realinear los precios de los combustibles. Quizás se trate de una consecuencia inevitable del pasado del presidente como banquero inversionista; o de su estilo imperial y distante; o de la decisión de su gobierno de abolir el impuesto al patrimonio como primera prioridad.

Ciertamente que convencer a los electores franceses de clase media de que el alza de los precios de los combustibles en realidad era buena para ellos, siempre fue una batalla cuesta arriba. El estilo de Macron y sus errores contribuyeron a hacerla aún más difícil. Lo que pudo haber sido una disputa convencional acerca de los impuestos pasó a ser un choque de identidades, de quienes el autor británico David Goodhart llama los de alguna parte versus los de cualquier parte. Las advertencias del Palacio del Elíseo acerca de la responsabilidad con respecto al futuro del planeta no fueron bien recibidas. Los manifestantes se quejaban de que al presidente le preocupara el fin del mundo cuando a ellos les preocupaba llegar a fin de mes.

¿Son inevitables estos desenlaces? No lo creo. Uno puede imaginar a un presidente popular haciendo que el diesel sea todo lo caro que debe ser para impedir que el planeta estalle en llamas, mientras que al mismo tiempo obliga a los ricos a costear la parte que les corresponde de los gastos gubernamentales e implementa algunos esquemas de gastos inteligentes que le alivianen la carga a la clase media. Se necesitaría también mucha habilidad política para persuadir a los electores de que el presidente está de su lado.

Sí, es posible imaginar todo esto. Pero imaginar algo no es lo mismo que esperarlo. Ni siquiera el súper-Macron pudo lograrlo, y es improbable que el próximo liberal iluminado tenga éxito donde él fracasó.

(*) Andrés Velasco fue ministro de Hacienda de Chile durante el primer gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet y es professor of Professional Practice in International Development en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Columbia University, Estados Unidos

© Project Syndicate, 2018. (Especial para Búsqueda)

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