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Los orígenes guerrilleros del Movimiento de Participación Popular, así como su logro a través de las urnas del poder que —por suerte— les fue esquivo a través de las armas, son consabidos, por lo que los obviaré. Sin embargo, lo que me empuja a sentarme a escribir estas líneas es un acontecimiento que tuvo lugar la semana pasada, que muestra una vez más la apabullante falta de respeto que miembros de estas filas les profesan a las instituciones democráticas que tanto nos costó recuperar luego de que justamente muchos de ellos las empujaran por el barranco.
Me refiero al bonus track de sufrimiento que Raúl Sendic le está infligiendo a su partido y al Uruguay. Luego de su renuncia, muchos anhelábamos la conclusión de este gris capítulo de la historia reciente, signado por la mentira, la arrogancia y la incompetencia. Sin embargo, y luego de aceptar la “changa” que para ella representa la vicepresidencia de la República, Lucía Topolansky volvió al ruedo y atropellando nuestra estructura normativa autorizó mediante un acto administrativo el cobro de una compensación que la Constitución inequívocamente exige sea aprobado por tres quintos de los votos del cuerpo que el renunciante integraba. Es que esta facción del partido de gobierno acata y respeta al Estado de derecho mientras le es útil, pero cuando deja de serlo simplemente toma otro atajo hacia la meta. Porque siempre creyeron que el fin justifica los medios.
Da en el clavo el expresidente Sanguinetti cuando acota que la mitad del Frente Amplio no cree en la democracia. Nobleza obliga, es cierto que intentan refutarlo cada vez que lo hace, pero los hechos, los porfiados hechos, le terminan dando la razón.
Volviendo al tema central, Topolansky basó el otorgamiento del subsidio a Sendic en que “es justo” (¿?) y que es “una especie de seguro de paro”. No quiero caer en la chicana, pero afirmaciones de este tenor nos dejan dos posibilidades: o esta señora se mofa de la inteligencia de la gente o nunca trabajó en su vida si de veras cree que luego de renunciar al empleo a uno le corresponde seguro de paro.
Estamos entonces frente a una vicepresidenta que, habiendo cometido un acto de manifiesta inconstitucionalidad, logró unir al arco opositor en su contra (lo que no es poca cosa), e incluso manifiesta con una altanería pocas veces vista que no dará marcha atrás “salvo que (según expresa) me den argumentos nuevos”. Evidentemente, la Constitución no es argumento suficiente para ella. Por más triste que sea, no debería sorprendernos. Siguiendo su línea argumental, si un título universitario es un “cartoncito”, la Constitución de la República es un “librito”. O capaz que ni siquiera eso.
Esta falta de respeto a las convencionalidades sobre las que se asienta nuestra sociedad, tanto en el ámbito público como en el privado, nace del desprecio que algunos frenteamplistas les tienen a los que tuvieron la oportunidad de formarse y, tras largos años de estudio, llegar a ser profesionales (“burgueses” en su apolillado léxico). Nos lo demostró Mujica con su aseveración de que los uruguayos somos haraganes. Reincidió cuando dijo que era un alivio que la mayoría de los parlamentarios no tuvieran título universitario (luego debemos soportar desplantes como el de una diputada de Salto, casualmente del MPP, tentándose en plena sesión por haber confundido la palabra “cochinillo” con “conchilla”. A llorar al cuartito). Ahora el destino nos presenta a su esposa insultando a los genetistas uruguayos y posteriormente a los profesionales todos, degradando al comprobante de sus esfuerzos a un “cartoncito”. Desprecio que tienen hace tanto tiempo que no se lo vamos a poder erradicar. Lo que sí debemos hacer día sí y día también es luchar contra su imposición y la subsiguiente degradación cultural del Uruguay.
Finalmente, y reafirmando que los extremos se tocan, es posible trazar un paralelismo entre los tres lustros de populismo a la uruguaya y la administración del presidente Trump. Varios analistas norteamericanos han dicho que si al término de su gobierno las instituciones siguen fuertes, es la prueba de oro de que la democracia está a salvo. Es posible aplicar esta tesis al Uruguay. Si, cuando al Frente Amplio le toque irse, seguimos gozando de las instituciones que tanto nos enorgullecen, es que son mucho más fuertes y soportan muchos más embates y faltas de respeto de lo que pensamos. Aunque duele saber que habremos sacrificado a una generación entera de conciudadanos que tuvieron la mala suerte de padecer nuestra educación pública, que ha sucumbido de una manera que (la mayoría de nosotros al menos) esperamos que nunca más les ocurra a las instituciones de nuestro país.
