El deterioro fiscal y la inflación ponen “presión” sobre calificación de Uruguay y su perspectiva

En un análisis difundido el miércoles 4, la agencia señala que la desaceleración del crecimiento económico y los precios más bajos de los commodities han afectado negativamente el desempeño fiscal de los países de la región. A fines de 2015, nueve de 18 gobiernos tenían cargas de deuda más altas que en 2005.

“La desaceleración del crecimiento y la mayor inflación han aumentado la presión sobre las cuentas fiscales”, plantea en el informe. En ese contexto, es probable que continúe incrementándose el nivel de la carga de la deuda en 2016, impulsado tanto por el déficit fiscal como por la depreciación de la moneda nacional. Un peso más débil afecta a Uruguay dada la “alta” proporción del endeudamiento nominado en moneda extranjera (superior a 50%), explica la calificadora.

Reusche complementó que la inflación elevada tiene un impacto directo sobre la calificación soberana en la medida en que, dados los mecanismos de indexación, se traslada a las negociaciones salariales y a las pasividades, y ello es contraproducente para las cuentas fiscales.

El análisis de Moody’s en su referencia a Uruguay termina con un comentario escéptico de cara al futuro cercano. Dice que las “medidas de consolidación fiscal no serán suficientes para reducir sustancialmente el déficit y la deuda seguirá aumentando hacia el 50% del PBI en 2017”.

Basado en la “ausencia de desequilibrios económicos” y en el “compromiso de consolidación fiscal de la nueva administración”, desde mayo de 2015 Moody’s asigna a la deuda de Uruguay la nota “Baa2”, un segundo escalón dentro de la categoría de grado de inversión no especulativa o investment grade (ver evolución en el gráfico).

Esa nota —que tiene perspectiva “estable”— se encuentra bajo análisis, un proceso que puede demorar algunas semanas. “Es difícil predecir cuál será el resultado de la revisión del comité soberano, pero la preocupación sin duda recae sobre los elementos mencionados y el deterioro es probable que se vea reflejado en la calificación o perspectiva de alguna manera”, precisó Reusche.

El gobierno considera fundamental que el país mantenga el investment grade. Hablando en cadena de radio y televisión el 1º de marzo, al iniciar su segundo año en el mando, el presidente Tabaré Vázquez marcó como una prioridad “trabajar fuertemente para no perder el grado inversor”, que valoró como “el activo financiero intangible más importante que tiene Uruguay”. Perderlo —alertó— acarrearía una pérdida de confianza, aumentaría la carga de intereses de la deuda y el costo de financiamiento tanto para el sector público como para el privado. Los impactos llegarían hasta el mercado laboral, aseguró el mandatario (ver Búsqueda Nº 1.856).

El asunto fiscal estuvo sobre la mesa en el Consejo de Ministros del lunes 9 (ver nota en contratapa). Allí se definió un cronograma de trabajo, empezando el próximo sábado 14, para la elaboración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo debe remitir al Parlamento antes de finalizar junio. El lunes 16 seguirá la discusión.

Con la Rendición de Cuentas se aprueba el balance de lo ejecutado el año anterior y pueden incorporarse recortes o aumentos de gasto para el siguiente, complementarios de lo establecido en la ley de Presupuesto quinquenal. El ministro de Economía ha dicho que de cara a 2017 se trabajará con la intención de reducir partidas tratando de abatir el déficit fiscal, que en los 12 meses terminados en marzo se ubicó en 3,6% del PBI (quitando ciertas distorsiones en las cifras).

“Los compromisos programáticos se deben cumplir, se van a cumplir. Con ese sentido son estas jornadas de trabajo. (…) Hay que fijar prioridades (…)”, afirmó el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, en una conferencia de prensa el lunes 9 después del Consejo de Ministros. “No está planteado como una situación de revisionismo”, añadió.

Bajo “capital político”.

Moody’s piensa que los precios de las materias primas seguirán “muy por debajo” de los niveles máximos que habían tocado hace algunos años. Con ese escenario, en lo regional los ingresos fiscales disminuirán, lo que lleva al aumento de los déficits, si los gobiernos “no pueden o no están dispuestos a ajustar sus gastos. Esto conducirá a una acumulación más rápida de deuda y un empeoramiento del ratio endeudamiento-PBI”, alerta en su análisis sobre el espacio de maniobra fiscal.

La agencia asigna a Argentina y Honduras la misma categorización que a Uruguay por sus niveles de asequibilidad y carga del endeudamiento público. Costa Rica, Colombia y Venezuela están algo peor en el ratio de los pagos de intereses frente a los ingresos fiscales; tienen una baja asequibilidad.

La situación de Brasil es más compleja aún, dado que combina niveles de asequibilidad “muy bajos” y una “alta” carga de la deuda (de entorno a 28% de los ingresos y 70% del PBI).

En ese marco, Moody‘s estima que “las reformas fiscales serán clave para hacer frente a las rigideces del gasto y mejorar los ingresos” en el sector público latinoamericano.

En el caso de Uruguay, Reusche opina que en el contexto actual “se ve difícil que se adopten reformas profundas, ya que las encuestas sugieren un nivel limitado de capital político. La desaceleración económica también hace menos probable que se tomen medidas de rigor, ya que en el corto plazo podrían exacerbar la desaceleración. Bajo estas circunstancias consideramos más probable que las autoridades dejen que los estabilizadores automáticos funcionen para atenuar el impacto sobre la población”.

El analista dijo que en la “época de bonanza” —de 2005 a 2014— en la que la economía se expandió 5,4% anual, en promedio, “el adoptar reformas estructurales profundas hubiese sido más digerible para la población y se hubiese contado con mayor capital político”. Además, dijo, en la segunda parte de esa fase hubo un “deterioro sostenido en el déficit estructural que impidió que se generara mayor espacio fiscal para poder adoptar políticas contracíclicas en caso de una desaceleración”.