El cronista acertó en resumir lo expresado por el exmandatario con el título “los gobiernos del Frente Amplio dejan islotes de resentimiento”, que, entiendo, fue el nudo gordiano de lo que este avezado político vino a expresar.
Sin embargo, con la intención de explicar la línea de razonamiento en la que se sustentó esa idea, el texto afirmó verdades incontrastables, pero deslizó también conceptos que fueron temerarios.
Se aseveró una verdad de a puño cuando se le atribuyó a Sanguinetti los dichos de que Buenos Aires (la nota dice Argentina, pero lo que hoy conocemos por tal, entonces no existía), “tras su revolución, demoró cuatro años, hasta 1816, en definir si quería que su independencia del reino español derivara en una república o una monarquía”.
Esta disyuntiva de hierro entre república y monarquía es lo que explica las notorias diferencias entre el federalismo, que practicó José Artigas, y el unitarismo, que promovió el gobierno porteño.
Y resulta una bocanada de aire fresco que un político de la estatura de Sanguinetti adhiera a esa línea de interpretación, que luego derivará en los sucesivos bandos civiles que compusieron los partidos a ambos lados del Plata, a lo largo de los siglos XIX y XX.
La nota expresó muchas ideas compartibles, pero hay un pequeño detallesque no me parece de procedimiento aceptar, y es cuando el cronista relató el malabarismo del disertante, que pasa como en un tren bala de José Artigas a José Batlle y Ordóñez sin atajos y sin que haya nada en el medio, para afirmar –palabras más, palabras menos– que entre 1913 y 1915 “se hacen todas las leyes sociales”.
Me hace acordar al partido político que enseñó a toda una generación que en 2005 comenzó el Uruguay de los derechos.
Es importante comenzar a explicarlo con detalle.
Si de leyes sociales hablamos, la primera y más relevante de todas fue la abolición de la esclavitud; es necesario remontarse al primer gobierno de Manuel Oribe para que se prohibiera la importación al territorio oriental de esclavos (13/10/1835), para que se dispusiera la abolición lisa y llana en el mensaje a las Cámaras del siguiente año (21/03/1836) y para que fuera decretada de modo explícito (16/05/1837) por la norma que rezaba: ”los esclavos introducidos en la República, bajo culaquier denominación que sea, son libres de hecho y de derecho”.
Y como la normativa fue incumplida en los siguientes años, durante el Gobierno del Cerrito la Asamblea aprobó la ley de abolición (26/10/1846), que dispuso que quedaba “abolida para siempre la esclavitud en la República”, y así se corrigieron malas interpretaciones de los mandatos legales.
Por favor, escatímese en los años de aprobación de estas normas.
Las primeras pensiones para las viudas e hijos de los veteranos caídos en la guerra de la Independencia fueron creadas por la Ley Nº 81 (19/03/1835), las primeras jubilaciones a los veteranos de guerra del país datan de la Ley Nº 91 (03/06/1835) otorgada a oficiales retirados, ampliadas por la Ley Nº 97 (16/06/1835), mientras que la Ley Nº 137 (03/05/1838) mejoró los subsidios otorgados por la Ley Nº 81 a viudas y huérfanos de la guerra patria.
Las primeras jubilaciones otorgadas a los empleados civiles fueron creadas por la Ley Nº 173 (05/05/1838), junto a los retiros de estos por diversas causas, y se dispuso el montepío para su financiamiento.
Todo esto ocurrió durante el gobierno de Manuel Oribe.
Antes de finalizar el siglo XIX, los legisladores nacionalistas Evaristo Ciganda y Alberto Palomeque presentaron su proyecto de jubilaciones y pensiones al personal docente de la Dirección General de Instrucción Pública, proyecto que prosperó.
Hubo ruidos por el camino, pero casi de inmediato se extendieron los beneficios de las jubilaciones y las pensiones a todos los empleados públicos y a los docentes privados.
A esto se podría añadir la iniciativa de 1905 de Carlos Roxlo y Luis Alberto de Herrera para legislar sobre indemnizaciones por accidentes de trabajo, limitar las jornadas de trabajo diruno y nocturno, reconocer el derecho al descanso obligatorio, el descanso semanal y los primeros feriados pagos.
La iniciativa también proponía regular el trabajo de los menores de edad y las mujeres, y establecía las primeras normas de higiene laboral que hubo en el país.
Un año después, Carlos Roxlo presentó una ley que reconocía y amparaba el derecho de huelga, e incluso este llegó a escribir una obra de teatro –llamada La huelga– para defender tal reclamo ante la flagrante injusticia social.
Y en el programa de 1906, el Partido Nacional abogó por otros extremos, como la creación de un banco que protegiese a los trabajadores de los accidentes de trabajo, la instalación del arbitraje estatal para la solución de controversias entre empleados y patronos, mejoras en el salario de las mujeres trabajadoras, y dispuso el descanso dominical obligatorio.
Todas estas cosas fueron logros o metas del Partido Nacional antes del período que va de 1913 a 1915, período que para el ilustre disertante pareciera ser el de los años fundacionales del Uruguay de los derechos sociales.
Luego podría abundar sobre las muchas otras iniciativas y logros de legisladores blancos, pero entrar en esa filatelia no es el interés de estas líneas.
Por cierto que muchas de estas iniciativas fueron mejoradas por otras corrientes políticas, porque el desarrollo institucional de un país no es una creación caprichosa de una persona o un gobierno, sino un proceso de acumulación que en Uruguay comenzó en el lejano 1830.
Al país lo hemos construido todos, y nadie tiene el monopolio ético de la justicia ni el supremacismo moral de la equidad.
Lo que importa hoy es el futuro; pero el futuro solo se puede sustentar si nos basamos en la verdad.
De esto se tratan estas líneas.
Porque como alguna vez dijo Winston Churchill: “La verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla; la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final, la verdad persiste ahí”.
Heraclio Labandera
