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Baalbeck es una ciudad del Líbano con un importante legado arqueológico, declarado patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco. Allí permanecen todavía las ruinas de algunas de las construcciones romanas, una de las tantas civilizaciones que la habitaron en sus 5.000 años de historia.
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En Montevideo, Baalbeck es un edificio ubicado en la calle Rondeau, entre Lima y Nicaragua, que tiene poco y nada que ver con su tocaya de Medio Oriente. Sí tiene, sin embargo, una característica que lo hace un caso particular. De los poco más de 90 apartamentos que lo conforman, dos tercios corresponden a oficinas públicas y uno a propietarios particulares.
Ser vecino del Estado ya parece una situación llamativa en sí misma, pero las particularidades no terminan ahí. Resulta que, en este caso, los organismos públicos no son buenos vecinos o, por lo menos, son malos pagadores. Las tres entidades que tienen apartamentos en el edificio mantienen una deuda de $ 951.983 correspondiente a los gastos comunes.
Aunque la cifra es elevada, la situación aparece ahora relativamente controlada. La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) fue durante los últimos años la deudora más comprometida, pero unos meses atrás comenzó a regularizar su situación a través de la firma de un convenio. Según la última liquidación de gastos comunes, todavía mantiene una deuda de $ 286.944. En mayo la cifra ascendía a $ 637.246, pero hizo un pago de $ 467.115. Las deudas de gastos comunes de AFE responden a su frágil situación económica.
La Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) es otro de los organismos públicos que tiene sus oficinas en el Baalbeck. En este caso está en condición de inquilino y su deuda actual de gastos comunes es de $ 271.090. Las dificultades de pago de Dinagua obedecen a trámites burocráticos, ya que el organismo requiere de una autorización previa del Ministerio de Economía.
El tercer caso es el de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que es la que mantiene la deuda más elevada. Según la última liquidación, debe $ 393.949. A diferencia de AFE, la ANV incrementó su deuda en los últimos meses.
A través de la ANV fue que llegaron al edificio los propietarios particulares. En 2017 el organismo hizo un sorteo para la venta de 16 apartamentos. Ese procedimiento se siguió expandiendo y hoy ya son unas 30 unidades las que fueron transferidas a particulares.
Convivencia complicada.
Combinar el ritmo de la vida familiar con el de las oficinas públicas implica un “gran problema de convivencia”, dijeron a Búsqueda habitantes del edificio que pidieron mantener sus nombres en reserva. Ya se ve en el hall de entrada que tiene una estética particular para un edificio de viviendas: pabellones patrios, relojes para marcar ingresos y salidas y dos porteros. Las familias decidieron no tener porteros para abaratar costos, pero AFE y Dinagua los necesitan, así que ahí están los dos escritorios.
Los propietarios particulares no pueden darles directivas de ningún tipo porque no son sus empleados, pero aun así deben convivir con ellos. El flujo es mucho mayor al de cualquier otro edificio de viviendas, lo cual implica también un mayor desgaste por el uso, que se ve particularmente en los ascensores, que tienen un alto costo de mantenimiento.
Otro motivo de fricción son los horarios libres de las oficinas en los que los funcionarios suelen ocupar los espacios comunes del edificio y eso molesta a las familias. Por ejemplo, fuman y dejan colillas en el patio.
AFE y ANV solos ya tienen mayoría en las asambleas frente al resto de los propietarios. De todos modos, los consultados destacaron que ANV suele respaldar bastante las opiniones de los propietarios particulares.
Debido a todos estos inconvenientes, tener al Estado como vecino no agrada a los propietarios. Uno de ellos lo resume en tres palabras: “Es una cagada”.