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    El empleo informal duplica a la media del país en departamentos como Artigas, Rivera y Rocha

    En los últimos 10 años uno de cada tres uruguayos salió de la informalidad, aunque existen algunas actividades donde la incidencia del trabajo no declarado supera el promedio nacional. Es el caso de pequeñas empresas de construcción, los pequeños comercios, el medio rural y el servicio doméstico. También departamentos como Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha y Treinta y Tres muestran niveles de empleo “en negro” que duplican la media del país, aseguró el inspector nacional de Trabajo, Gerardo Rey.

    El jerarca presentó estos datos y otros relacionados con la accidentalidad laboral cuando el viernes 3 visitó la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.

    La población ocupada que no estaba inscripta en la seguridad social se ubicó en 19,2% en el segundo trimestre del año, informó el martes 7 el Instituto Nacional de Estadística. Eso es un punto porcentual más que en enero-junio.

    En abril-junio pasado otro 2,5% de los ocupados trabajaba menos de 40 horas semanales, aunque estaba dispuesto a hacerlo más (“subempleo”). Los que combinaban ambos problemas —trabajo “en negro” y “subempleo”— eran 6,2%, un guarismo similar al del primer trimestre (6,1%).

    El resto de los ocupados (72%) tenían empleos que se consideran como de buena calidad o “sin restricciones”. Ese porcentaje era de 73,3% en enero-marzo según las estadísticas oficiales.

    Denuncias.

    Entre las más de 3.000 denuncias que recibe al año la Inspección General del Trabajo, viene creciendo el número que llega desde trabajadores del medio rural. Rey informó que un tercio de las denuncias del interior pertenecen al medio rural, donde también se focaliza buena parte de las 10.000 actuaciones globales que realiza esa repartición del Ministerio de Trabajo.

    Consultado por Búsqueda, el jerarca estimó que las campañas de difusión sobre la ley que regularizó el trabajo rural contribuyeron en el aumento de denuncias. “Hay una difusión de derechos. Los trabajadores van conociendo experiencias de otros y eso los anima a plantear sus reclamos ante el ministerio”, explicó.

    Durante 2017 se presentaron 3.300 denuncias que desataron inspecciones laborales. La mitad fueron reclamos por pagos de salario y otras condiciones generales del trabajo, 35% estuvo referida a motivos de salud y seguridad laboral, y otro 15% a casos de represión sindical.

    Rey informó, por otro lado, que el 85% de quienes realizan los reclamos concurren sin representación sindical.

    El jerarca habló de “fenómenos nuevos” en materia de accidentes laborales. Por ejemplo, del cruzamiento de datos con el Banco de Seguros del Estado (quien tiene el monopolio de esas pólizas) surge un “subregistro bastante importante” de accidentes entre repartidores en motocicleta, que son cuatro de cada 10 accidentados en el trabajo.

    Aseguró que las inspecciones relacionadas con la seguridad laboral se focalizan en actividades “notoriamente más riesgosas”, como frigoríficos, pesca, construcción, trabajo rural y aserraderos.